A dos meses de terminar la actual administración, un impulso inusitado por parte del Gobierno Regional de Coquimbo ha surgido por levantar —de manera apresurada según muchos—, la iniciativa de declarar como Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (o AMCP-MU) la costa de La Higuera.
El proyecto se enmarca en la necesidad de proteger un lugar altamente sensible por su cercanía con las Reservas Marinas Choros-Damas e Isla Chañaral, y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Según expertos internacionales, en su conjunto estas áreas comparten una gran riqueza biológica, única en el mundo.
Y sin bien las autoridades han dejado claro que esta iniciativa “no es prohibitiva ni restrictiva para actividades productivas”, desde fundaciones como Oceana han asegurado que al crear un AMCP-MU en La Higuera, además de conservar la riqueza marina del lugar, “se impediría el desarrollo de cualquier actividad industrial que atente contra ella”. En tanto, “en esta zona promovería actividades sustentables como la pesca artesanal, el turismo y agricultura”.
LOS REPAROS DEL SECTOR PRODUCTIVO
Es por eso que en gremios empresariales, pescadores y actores del sector productivo en general de la región de Coquimbo se ha instalado una incertidumbre debido a las limitaciones que esto pudiera generar a futuro en el crecimiento económico de la zona.
Esta fue también la sensación que quedó en el aire después de la primera sesión extraordinaria del Comisión Regional Uso del Borde Costero (CRUBC), que se llevó a cabo el martes recién pasado en La Serena, a modo de reunión informativa y donde asistieron más de 40 personas, entre autoridades y representantes gremiales.
En la instancia se notó una desinformación generalizada entre las asociaciones productivas, pues, según alegaban algunos, las autoridades no han logrado llegar a la totalidad de las comunidades y gremios con la información pertinente en torno a la iniciativa de AMCP-MU.
Con todo, una de las voces más fuertes de la región, Osciel Velásquez, presidente de la Multigremial Regional de Coquimbo, criticó la falta de claridad sobre las implicancias del proyecto para las actividades económicas y la proyección portuaria de la zona, e instó al gobierno a permitir una mayor participación ciudadana en la definición de la iniciativa y no apurar una decisión al respecto. “Esperamos que un área marina protegida no obstaculice el desarrollo futuro de puertos en bahías como Cruz Grande o Totoralillo Norte, los cuales en el futuro podrían conectarse con el corredor bioceánico Coquimbo – San Juan – Porto Alegre”, comentó Velásquez.
DESINFORMACIÓN E INCERTIDUMBRE ES GENERALIZADA ENTRE GREMIOS
En esta misma línea, Eduardo Soto, presidente de la Comisión de Ciudad y Territorio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), sostuvo que si bien se celebran estos marcos regulatorios, ellos también confunden. “Esta iniciativa pone en duda muchas cosas, por ejemplo la factibilidad del túnel. Si no existe una infraestructura portuaria que sostenga la cantidad de productos que llegarán desde Argentina, el paso bioceánico no tiene mucho sentido”, advirtió Soto.
Asimismo, desde la Corporación Industrial de Desarrollo Regional, (Cidere), aseguraron que ven con mucha preocupación, la estrategia del intendente del gobierno regional de frenar definitivamente el desarrollo minero portuario en la región.
“Nos llama la atención que a menos de dos meses de entregar su mandato, la actual administración este desesperada por crear esta Área Protegida, lo que restringiría cualquier desarrollo portuario en la zona mencionada”, comentaron desde el gremio.
Por su parte, Francisco Puga, vicepresidente de la asociación, sostuvo que hace tres años la corporación solicitó una reunión con el Intendente de la región, Claudio Ibáñez, para presentar un proyecto de mejoramiento de la Avenida del Mar, teniendo en cuenta que está en un estado deplorable y que al mismo tiempo, es uno de los mayores atractivos turísticos de la región. “Aún seguimos esperando esa reunión. Nos gustaría ver la misma urgencia que ha mostrado con esta AMCP, para temas tan importantes como el mejoramiento de nuestra ciudad”, comentó.
El Consejo Regional Minero de Coquimbo (Corminco) no se restó de estas consideraciones. Su gerente general, Mauricio Gómez, reconoció que quedaron preocupados tras la reunión informativa en torno a la creación del área marina protegida. “Si bien se dejó claro que no es prohibitiva, se anunció que se deberán cumplir estándares para llevar a cabo ciertas actividades. La duda es cuáles son esos estándares y quién los va a determinar en última instancia. Todo esto genera una incertidumbre gigantesca”, dijo.
LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES: LA AMCP-MU NO ES PROHIBITIVA
Ante las dudas generalizadas, el seremi de Medio Ambiente, Eduardo Fuentealba, ha respondido que la figura de las AMCP-MU no prohíbe ninguna actividad. “Si hay proyectos portuarios, estos sólo deben cumplir con los requisitos que exige la norma. Si bien el puerto de Coquimbo está haciendo todos los esfuerzos por ampliarse, si hubiera una iniciativa para un nuevo puerto que cumpla con los estándares del área protegida, no hay problema con que éste se desarrolle”, recalcó Fuentealba.
En la misma línea, el Intendente de la región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, recalcó que se trata de una herramienta que permitirá el ordenamiento territorial, para mejorar los estándares para el desarrollo de proyectos de inversión, con un criterio de sustentabilidad y conservación de los recursos existentes, en beneficio de las comunidades que viven alrededor de dichas áreas.
“Este es el instrumento menos prohibitivo con que cuenta el Ministerio del Medio Ambiente, es una propuesta que no restringirá el desarrollo de actividades productivas. Serán los actores sociales y vecinos los que se pondrán de acuerdo para convivir de manera sostenible”, comentó.
EL EQUIPO A CARGO DEL PLAN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Pues bien, las autoridades se han encargado de establecer que un AMCP-MU no es prohibitivo para actividades productivas, sin embargo, todo depende del plan de manejo que se estipule para el caso. En este sentido, la conformación del equipo que delineará los objetivos del Plan General de Administración (PGA) es esencial para establecer las limitaciones en el área. El PGA es el documento básico que contiene los fundamentos del establecimiento del área, y que proporciona estrategias para alcanzar los objetivos de la administración de la zona.
Y una de las grandes preocupaciones del sector privado es la conformación del consejo de administración, pues si una ONG como Oceana estuviera incluida, la conservación podría primar sobre el potencial productivo de la zona.
Carlos Gaymer, académico de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte (UCN) y director del Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI en inglés), al ser consultado sobre el equipo a cargo del plan de manejo de la zona, señaló que “está todo por verse”. “Normalmente se genera un consejo de administración público privado con las instituciones que tienen competencia en el tema”, aclaró. Entre ellos se encuentra el Ministerio de Medio Ambiente, Sernapesca, Conaf entre otros, y entidades privadas que pueden ser desde las organizaciones de pescadores, como multigremiales, ONG’s y municipios. “En todo caso, eso está por definirse, pero siempre son equipos bien conformados donde todas las posiciones se representan y las decisiones de administración se toman en conjunto”, aseguró el académico.
A modo de ejemplo, Gaymer saca a relucir experiencias exitosas en otras áreas, como lo que sucede en Juan Fernández, con la administración del Parque Marino de Nazca Desventuradas que se acaba de conformar. “En este equipo están las autoridades gubernamentales pertinentes, y también gremios de pesca de la isla, consejos comunales y el municipio, inclusive”, reveló.
Hay que destacar que el instrumento rector que se genera a los años posteriores a la aprobación del área y su diseño puede demorar del orden de un año y medio. Esto, porque se debe elaborar un plan de manera participativa que incluya los intereses de todos los actores del territorio que tienen intereses en él. “Esto quiere decir que pueden participar los que ya tienen actividades en el sector y también los que estén interesados en ingresar proyectos a futuro en el lugar. Cada plan de manejo es distinto, se ve caso a caso”, advierten desde la UCN.
EL FUTURO DE DOMINGA Y EL PROYECTO PORTUARIO
Por un carril no tan lejano corre el proyecto minero portuario Dominga, ligado a Andes Iron, que busca invertir US$ 2.500 millones para producir hierro y cobre desde una operación en La Higuera y exportarlo desde un terminal que se construiría en la zona costera de esta comuna. Y es esta última infraestructura portuaria uno de los grandes puntos de tope de la minera, debido a su cercanía con la Reserva Nacional del Pingüino de Humbolt.
En este sentido, Carlos Gaymer manifestó que este es un proyecto que no ha tomado bien en cuenta los impactos que tendría la minera sobre las áreas protegidas. “Si la empresa hiciera un trabajo serio de reconocimiento de esas áreas en las zonas de interés, estaríamos hablando de otra cosa, pero no lo han hecho. Ellos deben trabajar los indicadores de manera que se cumplan los objetivos de conservación, y para que también se lleven a cabo las actividades de desarrollo sustentable en el área”, ha comentado.
En esta línea, es necesario destacar que el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido ha propuesto cómo conducir los recursos naturales del sector de La Higuera, si se aprobara el proyecto.
“Lo medioambiental pasó de ser una estrategia, a ser un punto esencial dentro del proyecto. En la estructura de negocios de hoy en el mundo, no hay que diseñar estrategias que tengan que ver con el medio ambiente, sino que debe ser incorporado como un punto relevante del core business, del núcleo de la gestión de la compañía. De lo contrario, está en peligro el retorno de ese emprendimiento”, señaló Garrido durante una presentación en la Cámara Chilena de la Construcción de La Serena durante 2017, después del rechazo del proyecto minero en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región.
Por lo mismo, y según ha trascendido en medios nacionales (El Mercurio), Dominga estaría tomando contacto con ONGs internacionales para que elaboren una propuesta de área marina protegida en el área costera de La Higuera, que no bloquee actividades portuarias.
LAS IMPLICANCIAS DE BLOQUEAR LA CONSTRUCCIÓN DE OTRO PUERTO EN LA REGIÓN
Uno de los empresarios más críticos de la incertidumbre que genera la creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en La Higuera fue Osciel Velásquez, quien fue enfático en señalar que esperan que un área marina protegida no obstaculice el desarrollo futuro de puertos en bahías como Cruz Grande o Totoralillo Norte, los cuales en el futuro podrían conectarse con el corredor bioceánico Coquimbo – San Juan – Porto Alegre.
El dirigente agregó que como Multigremial, si bien ven el puerto de Coquimbo como terminal y punto de inicio del corredor bioceánico, las cargas de graneles tienen que irse a los tres puertos aprobados por esta misma instancia (la CRUBC) en la comuna de La Higuera.
En este sentido es importante señalar que la capacidad del Puerto de Coquimbo, una vez ampliado, será de 3,5 millones de toneladas. Sin embargo, según proyecciones del ex presidente Eduardo Frei, se estima que lleguen cerca de 18,5 millones de toneladas sólo de productos argentinos para exportar a través de un puerto en la región. Por lo tanto la infraestructura portuaria de la zona quedaría al debe: el gran punto de tope del sector productivo.
Al ser consultado sobre la necesidad de contar con un puerto en la región, el académico Carlos Gaymer reconoció que puede ser que sí, pero no necesariamente instalarlo en La Higuera. “Esta zona es un lugar tan prioritario para la conservación marina, que hay que empezar a mirar otros. Y un poco más al sur hay espacios para generar un puerto, por ejemplo, sin correr ningún riesgo de dañar un ecosistema único. La bahía de Tongoy es uno, ya que no es un área prioritaria para la conservación”, concluyó.
PUEDE QUE EL PROYECTO SE VOTE EL PRÓXIMO 20 DE FEBRERO
Respecto de los plazos para la aprobación de esta AMCP-MU, una de las cosas que se comentaron durante el encuentro del CRUBC y que desmintieron desde la Seremi, fue que el próximo 20 de febrero se votaría el proyecto en el Consejo de Ministros. “Nosotros ni siquiera hemos enviado los antecedentes del proyecto al ministerio, por lo que es poco probable que el tema esté en carpeta para ser votado”, comentaron desde la secretaría regional ministerial.
Sin embargo, el Seremi de Medio Ambiente, Eduardo Fuentealba, sostuvo que efectivamente están preparando un expediente que será enviado a Santiago, “donde se va a evaluar y se presentará, si así lo amerita, al Consejo de Ministro el que resolverá la aprobación de esta área marina protegida”.
QUÉ IMPLICARÍA TENER UN ÁREA MARINA PROTEGIDA EN LA HIGUERA
Un AMCP-MU son áreas geográficas delimitadas puestas bajo protección oficial con el objeto de establecer una gestión ambiental integrada sobre la base de estudios e inventarios de sus recursos y una modalidad de conservación in situ de los ecosistemas y hábitat naturales, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.
En cuanto a la justificación de su creación, destacan ventajas vinculados con la pesca, pues el área otorgaría servicios ecosistémicos de aprovisionamiento asociados a alimentos y materias primas de interés comercial, como el loco, la lapa y los erizos, entre otros.
Asimismo, aseguran que en La Higuera, se potenciaría el turismo, pues fortalece la oferta turística de valores naturales, aporta a la creación de cultura y conciencia, permite planificar y regular la actividad e incentiva la investigación.
LA REALIDAD EN EL MUNDO: ÁREAS PROTEGIDAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
De acuerdo a Fundación Terram, —experta en temas de conservación y desarrollo sustentable, las actividades que se realicen en un AMCP-MU sólo se podrán hacer en la medida que sean compatibles con los fines de conservación ambiental considerados para declararlas bajo protección estatal.
De acuerdo a Carlos Gaymer, especialista en conservación y manejo sustentable, sólo alrededor de un 4% de la superficie total del océano está protegida. Pero el porcentaje del total que es tipo “Parque Marino”, es sólo cerca del 1%. Todo el resto es de Múltiples Usos, es decir, que permite actividades productivas permitidas en el plan de manejo diseñado por los actores competentes.
“Las actividades que se permiten en esas áreas no son cualquiera. No hay problema con que haya actividades productivas, pero ellas deben que ir acorde al plan de manejo que se elabore para el área”, complementa Gaymer.
Con todo, el experto asegura que sí existen experiencias exitosas de AMCP-MU en el mundo, en las que se generan múltiples actividades de desarrollo muy fuertes. La Gran Barrera de Coral, frente a la costa de Queensland en el noreste de Australia, es un ejemplo, donde en 2 mil kilómetros protegidos se desarrollan decenas de actividades productivas al interior, incluida la pesca. “El tema es cómo. Cuando funcionas dentro de un área que es altamente sensible, reconocida por ser protegida porque no hay ninguna como ella en el mundo, los estándares con los que deben funcionar no deben ser los mismos que en cualquier parte”, recalca Gaymer.
Una de las grandes preocupaciones del sector privado es que una ONG como Oceana conforme el consejo del PGA del área protegida. Si es así, la conservación podría primar sobre el potencial productivo de la zona.
3,5 millones de toneladas sería la capacidad del Puerto de Coquimbo una vez ampliado.
18,5 millones de toneladas es la proyección de productos argentinos que llegarían a Chile para ser exportados a través de un puerto en la región, una vez terminado el túnel de Agua Negra.