Core asegura que rechazo a Dominga atenta contra generación de empleo

El rechazo de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) al proyecto minero- portuario Dominga el pasado jueves en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo sigue dando que hablar en la zona y esta vez fue el turno del Consejo Regional (Core), quien en una sesión extraordinaria efectuada ayer dio a conocer un acuerdo que fue aprobado por 10 votos a favor, dos en contra y una abstención, en el cual manifiestan su molestia por la negativa a la minera.

Pese a que el organismo colegiado no tiene injerencia en las decisiones que se tomen en materia ambiental en la región, de igual forma, indicaron, quisieron manifestar su postura para conocimiento de la comunidad. En el escrito, señalan que “se acredita que el proyecto minero fue sometido a todo el proceso normativo ambiental establecido en nuestro país, respetando la institucionalidad ambiental hasta su término”.

Apuntan en este sentido sus dardos al intendente regional, Claudio Ibáñez, cuyo voto fue decisivo para que el proyecto no obtuviera la RCA, sobre todo por el impacto económico que esto tendría en la región, dando, a juicio de ellos, una señal adversa a próximas inversiones.

“Esta decisión del intendente es una pésima señal de Chile frente al mundo para la atracción de inversiones, la generación de empleo y la política que, en este sentido, el Estado de Chile ha tenido y difundido desde 1990 en adelante”, dice la declaración.

Asimismo, hablan sobre “la evidente existencia de una intromisión indebida de parte del Ministerio del Interior, como así mismo de la injerencia de algunos parlamentarios de esta región como de otras”.

Por lo tanto, precisa el escrito “viene en manifestar su rechazo a la decisión adoptada por la Comisión  de Evaluación Ambiental, y en especial del voto dirimente del Intendente Regional que voto en contra de la inversión de la Empresa Minera Dominga en la comuna de La Higuera y los efectos en la región de Coquimbo”.

Piden coherencia

Posteriormente, el acuerdo agrega que “las consecuencias de la intromisión y del rechazo generan un efecto dominó en materia económica, pero además genera un retroceso en materia de descentralización, en la que será el gobierno central el que tendrá la decisión”.

Finalmente expresa que “este Consejo Regional en su afán de cautelar el cumplimiento de la normativa legal ambiental y a fiscalizar  o realizar seguimiento de que los organismos competentes lo realicen, aboga por ser coherentes con el desarrollo de la región, con un plan de atracción de inversión claro, sustentable ambientalmente hacia los inversores que dé garantías, respetando la normativa legal, de que no existirán inconsistencias que pongan en riesgo la oferta seria de promoción de la inversión”.

Críticas al intendente

Durante el desarrollo de la reunión, hubo algunos consejeros que criticaron en actuar que tuvo el jefe regional Claudio Ibáñez es este caso. El Consejero Teodoro Aguirre sostuvo que “lo que hizo el intendente fue absolutamente ignorar los estudios técnicos, aquí hubo una decisión que fue política” e indicó que pese a que existía una reunión programada hace 15 días para tratar el presupuesto regional este martes y miércoles y “curiosamente se informó ayer él se va a Santiago”.

Por su parte, el Consejero Agapito Santander señaló que fue en definitiva Ibáñez quien inclinó la balanza para traspasar esta situación a Santiago “y eso no debería haber sucedido, porque esta región tiene los pantalones suficientes para decidir”.

Asimismo, indicó que la primera autoridad local recibió un apoyo de más de 400 millones para desarrollar un programa de atracción de inversiones. “Él (Ibáñez) dice que es proempleo y estamos viendo que está contra el empleo y contra las inversiones”.

Votos a favor

Pese a que este acuerdo dado a conocer fue aprobado por mayoría, hubo dos votos en contra de parte de los Consejeros Carlos Galleguillos (PS) y Miguel Solis (PS)

El primero señaló que no se puede apuntar a la figura del intendente ni de las autoridades regionales que emitieron su voto, pues se dio en el marco de la institucionalidad.

“Hubo un proceso en que se investigó, en que se llegó a una acción democrática y pudimos darnos cuenta de que el SEA habían ciertas recomendaciones, denuncias de irregularidades, vicios y errores del proceso de evaluación”.

El tanto Solis dijo no estar en contra del proyecto “pero que éste sea sustentable”. Dice que se habla que se atenta contra la institucionalidad, pero que en el proceso constan informes de Conaf donde se hacen observaciones que no fueron subsanadas.

Respecto de las supuestas presiones políticas que existieron, indicó que “eso tiene que demostrarse, hay una comisión investigadora”.