• Daniel Guevara es abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha sido Director Ejecutivo, Guevara & Cia, Abogados y se desempeñó como Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales en la II Región, y como abogado de la Dirección Presupuestos Ministerio de Hacienda.
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Bastián Salfate
El abogado y doctor en Derecho (entre otros), valoró la visita inspectiva del tribunal a la comuna de La Higuera en el marco del caso Dominga y aseguró que si bien la preservación y actividad económica son derechos, estos no son absolutos, “sino que forman parte de un equilibrio donde los garantes del ordenamiento jurídico institucional velen por cumplirlo”.

Poner en valor la importancia de un desarrollo sustentable donde todos los actores estén en línea fue uno de las grandes conclusiones que dejó la visita de los ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta a la comuna de La Higuera, en nuestra región de Coquimbo, con el fin de conocer más detalles del proyecto minero portuario Dominga.

En este sentido, Daniel Guevara, presidente del 1° Tribunal Ambiental (abogado y doctor en Derecho, entre otros), hizo hincapié durante toda la visita —que se extendió por tres días—, en el trabajo en conjunto de las comunidades, empresas y autoridades, para lograr la conservación y desarrollo. En este sentido, Guevara destacó la labor de Conaf en la reserva Pingüino de Humboldt, sin embargo rechazó el grave acoso de botes con fines turísticos a las ballenas del sector de Punta de Choros. “Esperamos que este tipo de instancias instauren procesos de revisión que se deben tomar en cuenta para el futuro”, dijo en entrevista con diario El Día.  

- El PRI, aprobado por el CORE de la región, considera la minería en su ordenamiento territorial, ¿es esto contradictorio con el rechazo lineal que ha tenido Dominga por parte de las autoridades, hasta ahora?

“Esa es una evaluación de mérito, una evaluación que tiene que ver cómo se construyen los planes regionales de inversión, planos reguladores e intercomunales del borde costero. Y hacerlos o no hacerlos, es una evaluación de mérito del poder ejecutivo en sus distintos niveles, municipales, regionales o nacionales.

Lo que a nosotros nos corresponde velar es cómo esas decisiones puedan afectar o no el ordenamiento jurídico ambiental. Y dentro de él, efectivamente nuestra revisión es una de legalidad basada en principios constitucionales. La constitución política tiene bases de institucionalidad donde el Estado está al servicio de la persona humana y debe asegurar que ella tenga la mayor realización material y espiritual posible. Esto se denomina bien común, y para poder desarrollarse, se debe velar por la posibilidad de vivir en un ambiente libre de contaminación como garantía subjetiva, y también de garantizar el deber de preservar la naturaleza.

En relación con la pregunta, la reflexión dice relación con bienes y garantías, pero también con el derecho de desarrollar libremente actividades económicas, o también a poder tener derechos de propiedad. Sin embargo, ninguno de los derechos anteriores son absolutos, sino que forman parte de un equilibrio donde los garantes del ordenamiento jurídico institucional deben velar por ello”.

- En esta visita a la región pudieron conocer isla Damas y Choros, entre otros, ¿cree que la minería dañaría este lugar, que ha sido caracterizada como de gran importancia en el ecosistema del planeta?

“Hacer un análisis sobre la base de un modelo hipotético, si es que se toman las medidas del caso, podría ser un error. Hay que entender que esto es parte del proceso de revisión que estamos llevando adelante. Lo que sí podemos decir es algunas cosas que observamos y esperamos que se tomen en cuenta. Lo primero es que hay un excelente trabajo de Conaf, de la mano guardaparques sumamente experimentados que finalmente hacen patria, hacen soberanía ambiental conservando el patrimonio. ¿De quién? Muchas de un uso irresponsable por parte de nosotros mismos. Ayer nos preocupó de sobremanera el acoso de las lanchas en Punta de Choros, a las ballenas, en plena actividad de avistamiento.

Entonces, qué contradicción más grande en que en un sitio de reserva donde debiera haber una máxima precaución, no la haya. Nos generó preocupación. No basta con declarar una zona ecológica para que tenga el potencial de desarrollo, sino que tenemos que generar un ambiente de respeto, no solamente si hay una actividad productiva minera, sino que también un turismo responsable”.

CULTURA DE RESPETO

- ¿Qué manejo sustentable proponen en esa línea?

“Tuvimos ocasión de conversar con los dirigentes en la zona, con la directora del Consejo Consultivo de la Reserva Pingüino de Humboldt, y ellos han ido tomando progresivamente medidas. Finalmente lo que se debe construir en nuestro país es una cultura de respeto medioambiental, de respeto a la vida entendiendo que ecosistemas deben tener un valor en sí mismo, de resguardo y protección.

Ahora la conservación de la naturaleza va también con un medio humano en un país que tiene crecientes expectativas y necesidades de desarrollo”.

“Durante la visita nos preocupó de sobremanera el acoso de las lanchas en Punta de Choros, a las ballenas, en plena actividad de avistamiento”. Daniel Guevara, presidente del 1° Tribunal Ambiental.

 

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