Dominga se volverá a votar en Comisión Ambiental de Coquimbo: gremios aplauden fallo

Una real posibilidad volvió a abrirse para el proyecto minero portuario Dominga, ligado a la empresa Andes Iron, después de que el 1° Tribunal Ambiental fallara a favor de la empresa, acogiendo el recurso de reclamación de la compañía, que tenía por fin retrotraer la evaluación del proyecto al que la firma llama el “último acto válidamente emitido”, esto es a la etapa posterior a la dictación del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que recomendó otorgar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a Dominga.

Así, tras varias semanas de incertidumbre, —puesto que el plazo que se había autoimpuesto el tribunal ya se había cumplido—, los jueces ambientales Marcelo Hernández, Mauricio Oviedo y Daniel Guevara dictaminaron por unanimidad acoger la reclamación judicial interpuesta por Andes Iron. “Con esto se retrotrae el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al informe consolidado de evaluación, de manera tal que se proceda a una nueva votación —esta vez ajustada a derecho,— de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo”, señaló el ministro Marcelo Hernández.

Frente al fallo y de manera escueta, Andes Iron valoró la sentencia y reiteró que han dado estricto cumplimiento a la normativa ambiental vigente. “Incluso, se ha obligado más allá de las exigencias legales, con la real intención de desarrollar una minería social y ambientalmente sustentable para la región de Coquimbo”. Iván Garrido, presidente ejecutivo de Andes Iron, declaró que valoraron la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que exige cumplir la legalidad en la evaluación de Dominga. “Tenemos la convicción de haber dado un estricto cumplimiento a la normativa vigente, con la real intención de desarrollar una minería social y ambientalmente sustentable”, dijo.

VOTACIÓN SE LLEVARÍA A CABO EN VARIOS MESES MÁS

Ahora queda por esperar la definición de la fecha de la nueva votación, que depende de si las partes principales del caso (en este caso el SEA) interponen un recurso de casación ante la Corte Suprema, que es la última instancia de reclamación. Para eso hay un plazo de 15 días procesales a contar de hoy sábado. De confirmarse la continuidad de la judicialización del caso Dominga, la votación quedaría pendiente para después del dictamen del nuevo fallo, proceso que podría extenderse por varios meses.

GREMIOS APLAUDEN FALLO, PERO PIDEN REVISAR PROCESOS AMBIENTALES

En tanto, de manera transversalmente positiva recibió el sector privado y productivo la noticia que abre un nuevo capítulo para el proyecto minero portuario, que contempla por lo demás una de las inversiones más importantes para el país en los últimos años, de US$2.500 millones, con una vida útil de 26,5 años y una producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo.

Las primeras reacciones a nivel local se recibieron poco después de la publicación del dictamen de parte de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo, Cidere, que en voz de su presidente Daniel Mas, confirmó que el apoyo de la institucionalidad ambiental al proyecto es un “triunfo” del Sistema de Evaluación Ambiental, ya que confirma que el rechazo del referido Consejo se debió a causas políticas ajenas a consideraciones ambientales y técnicas.

“Tal como lo dijimos en su oportunidad, la interferencia política en aspectos técnicos y empresariales debe erradicarse del sistema de aprobación de proyectos, porque impide el desarrollo, frena la inversión y afecta la certeza jurídica”, añadió el dirigente empresarial.

Finalmente, Daniel Mas manifestó la esperanza de que el pronunciamiento del Tribunal Ambiental acelere la aprobación definitiva de este proyecto, “que tantos beneficios traerá a la región de Coquimbo”.

Por otro lado, desde la Cámara Chilena de la Construcción de La Serena comentaron que no quedaron indiferentes frente al dictamen. Los empresarios del sector señalaron a través de un comunicado que como gremio esperan que la Comisión de Evaluación Ambiental responda con argumentos técnicos, objetivos y con altura de miras, de manera de sentar las bases para proveer a la zona de un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo.

Con todo, hicieron hincapié en la importancia de contar con certeza jurídica para impulsar las inversiones. “Por ello este antecedente emanado desde el Tribunal Ambiental nos insta a seguir bregando por objetivos sectoriales como los instrumentos de ordenamiento territorial”, expresó su presidente, Sergio Quilodrán.

Finalmente, con este fallo confían en que se abra la opción de modernizar el sistema de evaluación ambiental para mejorar la pertinencia de las entidades involucradas en el proceso, disponer de mayor calificación técnica de los interventores, agilizar la tramitación y establecer parámetros para evitar la judicialización.

En tanto, a nivel nacional el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, calificó como una muy buena noticia para la minería la decisión de los jueces ambientales. “Tal como lo señalamos oportunamente, tanto la decisión de la Comisión respectiva como del Comité de Ministros carecieron de una justificación técnica, considerando que este proyecto, que inició su período de tramitación hace más de tres años, cumplía con todas las exigencias que la autoridad ambiental le había hecho”, puntualizó el directivo del principal gremio minero del país.

Asimismo, Diego Hernández aseguró que considerando que la minería juega un rol clave en el desarrollo económico y social del país, creen que se deben adoptar las medidas necesarias que permitan destrabar los proyectos mineros que, por alguna razón, no se han podido materializar. “En el caso de los permisos ambientales, la normativa requiere ser revisada a fin de disminuir la dispersión normativa y superposición de competencias, conjuntamente con un perfeccionamiento del Sistema de Evaluación Ambiental, que permita disminuir incertidumbres a los titulares de proyectos de inversión”, concluyó.

Por último, la Multigremial Nacional y de la región de Coquimbo se sumó a las celebración por la nueva oportunidad que tiene la minera de materializarse. “Es una gran noticia para los emprendedores y pymes de Coquimbo que el proyecto se vuelva a evaluar desde un punto de vista 100% ambiental y no político. De cumplir con todas las exigencias medioambientales su impacto económico en la región será muy positivo”, subrayó el presidente de la Multigremial de Chile, Juan Pablo Sweet.

Asimismo, el presidente de la Multigremial de la región de Coquimbo, Osciel Velásquez comentó que están seguros que, de superar todos los requerimientos medioambientales que exige la ley, “el proyecto Dominga se convertirá en un importante motor de desarrollo económico, social e incluso ambiental”, destacó.

MINISTERIO VALORA FALLO Y CONFÍA EN QUE AHORA SE ACTUARÁ DENTRO DE LA NORMATIVA

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, poco después de conocerse el fallo, comentó a la prensa nacional que se trató de un fallo es bastante claro. “Señala muchas ilegalidades en que a juicio del Tribunal habría incurrido tanto la Comisión Regional de Evaluación como el Comité de Ministros. Habla de ilegalidades en cuanto a la falta de fundamentación de las opiniones emitidas, ilegalidades en cuanto a infracción de principios que rigen en materia ambiental y también, de materia más seria, ilegalidades por infringir el debido proceso y la igualdad ante la ley que son derechos constitucionales”, dijo Cubillos. En tanto, espera que de ahora en adelante se actúe de acuerdo a la normativa.

La titular de Medio Ambiente evitó referirse al fondo del proyecto y enfatizó que la sentencia no se pronuncia sobre eso tampoco, “sino sobre las ilegalidades en que habría incurrido el Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental Regional”. Al ser consultada cuál es la posición del Ejecutivo respecto al proyecto, Cubillos expresó que la Comisión Ambiental de Evaluación Regional puede hacer lo que quiera con este proyecto, puede aprobarlo, rechazarlo, ponerle condiciones, por lo tanto acá en el fallo, no hay un pronunciamiento respecto al fondo del proyecto. “Como ministra no puedo, ni lo haré, adelantar opinión sobre este proyecto porque dado que se ha ordenado retrotraer el proceso, en alguna instancia podría llegar nuevamente al Comité de Ministros y -si opino- estaría inhabilitada de votar”, adelantó.

LA VISIÓN DE LOS EXPERTOS: DICEN QUE PROYECTO ES ROBUSTO, PERO CRITICAN SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Diversas son las opiniones en el mundo de los expertos medioambientales. Lo cierto es que en voz de Jaime Solari, gerente general de la consultora SGA y experto en temas de este tipo, el fallo fue “bastante atinado, en el sentido que retrotrae el acto administrativo que había estado viciado políticamente”. Asimismo, confirmó que si el proyecto tuviera inconsistencias o vicios, la Comisión de Evaluación Ambiental puede fijar condiciones para mejorar la iniciativa

“Hay que destacar además que recientemente el proyecto portuario de Cruz Grande fue ratificado recientemente en la Corte Suprema, por lo tanto estamos hablando de dos proyectos bastante sólidos en la misma zona, que supieron sortear las objeciones de grupos ambientales”, dijo Solari.

Por otro lado, Enrique Oyarzún, abogado de Moraga & Cía y experto en Derecho Ambiental, precisó que lo bueno del fallo es que se tomaron en consideración elementos técnicos, que permiten que se revisen y repasen en la instancia a la que se retrotrae el proceso de evaluación. “Qué bueno que los hechos primaron sobre la política, sobre el derecho. Es una buena señal para los que quieren invertir en este país: que se respetó la ley y los procesos de evaluación”, dijo.

Sin embargo, lo que no es positivo, comentó, es el daño a la institucionalidad. “Muchos proyectos ingresan a evaluación ambiental muy livianamente al sistema, es decir que cumplen al mínimo con los requisitos o incluso, sin cumplirlos y se van mejorando en el camino. Hay una distorsión entre lo que lay exige y lo que las autoridades exigen. Son caminos alternativos que incitan a que los proyectos se pierdan en los procesos, y en eso pueden pasar años”, culminó.