Erwin Miranda: “En el caso de Paseo Balmaceda solo hemos cumplido la labor de fiscalizar”

Durante prácticamente todo su periodo de administración el seremi de Vivienda y Urbanismo, Erwin Miranda, debió enfrentar uno de los casos más bullados de los que se haya tenido registro en la región: la problemática por la instalación del centro comercial Paseo Balmaceda. Éste derivó en informes de Contraloría e incluso al plano judicial. La propia autoridad fue objeto de recursos legales.

A pocos días de dejar el cargo se refiere a lo que ha sido el último fallo de la Corte Suprema que mandató a reducir el número de estacionamientos del recinto de 590 a 144. La autoridad tuvo protagonismo en este conflicto, toda vez que fue quien solicitó que se indagaran los permisos obtenidos para su concreción.

Dice estar conforme con los resultados y asegura que todo lo que hizo fue para “hacer cumplir la ley” y para velar que no se afectara a los ciudadanos.

- ¿Qué le parece el fallo de la Corte Suprema que ordena a la empresa disminuir los estacionamientos?

“El fallo revela una imagen del actuar de la empresa en cuanto a las prácticas que utilizó en este caso para aumentar el número de estacionamientos (…). Esta situación fue advertida por nosotros, pero el titular del proyecto, haciendo caso omiso y, lo que indica también el mismo fallo, incurrió en esta práctica de pretender, de una u otra manera, no cumplir lo que la normativa claramente expresa. No hay ninguna posibilidad  de interpretar absolutamente nada, la Ley de Urbanismo es clarísima. Por tanto nuestro ministerio entregó una visión normativa adecuada, con la jerarquía urbana que correspondía, que no fue considerada por la empresa lamentablemente, el desmedro de la ciudad, de las vialidades”.

- Actualmente el centro comercial tiene varias demandas por parte de los vecinos. ¿Cuáles son las observaciones, qué es lo que está judicializado?

“El principal logro del ministerio, en toda la historia de la región, es el informe de investigación especial de fecha 30 de junio de 2017, donde la Contraloría, después de muchos meses de presentación de expedientes, de planteamientos, deduce y plantea las grandes contradicciones de este proyecto en cuanto al anteproyecto y al permiso de edificación que entregó al dirección de Obras del municipio de La Serena, que son contrarios a derecho. Eso es una realidad que implica que desde octubre de 2014 esta iniciativa se concibe en ese tenor, por lo tanto toda su construcción es contraria a derecho”.

- Hubo irregularidades entonces…

“El segundo oficio de Contraloría, quiero ser enfático y claro, señala que ‘resulta forzoso reiterar que la actuación de la DOM en orden de aprobar el anteproyecto del caso para otorgar el permiso pertinente no se ajustó a derecho, por cuanto no respetó las calles Avenida Estadio y Seminario’, por lo tanto, dos veces la Contraloría ha fallado en torno a las irregularidades del anteproyecto y del permiso de edificación”.

- Pero ese mismo oficio concluye que se debería haber hecho en el ejercicio de dos años, por lo tanto existe el deber de dejar sin efecto las decisiones emitidas con infracción a la normativa aplicada…

“Lo que dice ahí es que este proyecto no solo tenía esta grave contraversión, sino que tenía muchas otras más”

- ¿Pero que significa la conclusión?

“Hay que entender qué es lo que hace a Contraloría. Hizo una investigación en la cual se observaron una sumatoria de 13 observaciones de las cuales hay algunas que son medianamente complejas y otras altamente complejas. Entonces, de estas contraversiones dice que se deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias”.

- En este caso en específico ¿La estrategia fue esperar que pasaran dos años para indicar que prescribió por el artículo 53?

“Lo que quiere decir es que se levanta la acción correctiva que se le había indicado, entonces, el municipio lo que dijo fue que pasaron 2 años, por lo tanto esa era su acción correctiva”.

- Y la Contraloría igual lo ratifica, dice que pasaron dos años, por tanto se levanta…

“No es tan simple, esto pasa a otro estado, porque lo que dice es que en el ámbito administrativo te salvaste, pero no porque no hayas cometido una ilegalidad. Si el municipio dice que los permisos son legales es falso, es una mentira gigantesca, a mí me causa estupor que alguien lo interprete así, en dónde dice que el permiso es legal, es al revés, le está indicando expresamente que es contrario a derecho y eso es más que ilegal”.

- Pero eso es lo que dice el municipio, ellos se atienen a este oficio…

“Pero no pueden decir que está todo bien si está todo mal, no sé por qué se le da una credibilidad que no tiene, una facultad que no tiene. El planteamiento del municipio es este y pueden decir lo que se les parezca, pero no entregar una conclusión de que están bien los permisos, porque el informe de Contraloría indica todo lo contrario. La Contraloría se demoró 2 años y 14 días, por esos 14 días no pudimos tomar acciones, pero en lo administrativo”.

- Claro, dejó de estar en el plano administrativo, pero pasó al judicial…

“Claro, al judicial, que es un plano en el cual las ilegalidades son ilegalidades y se persigue y hay que seguir, porque estamos en Estado de Derecho”.

- O sea, tiene que ser fallado por la Corte Suprema…

“Simplemente lo que dice es que en lo administrativo pasaron 2 años y 14 días, no te puedo seguir pesquisando, teniendo en cuenta el artículo 53”.

- El tema de los estacionamientos es una de las tantas demandas que interpusieron los vecinos, pero hay otras instancias que han levantado…

“Del informe de la Contraloría se deducen todas las acciones que en el ámbito judicial se tienen que haber hecho y el sustento de varias de ellas de hecho se basa en este informe. Una de las más relevantes es la que dice relación con el recurso de protección que existe actualmente hacia la DOM que fue presentado contra el director de obras, por considerar arbitraria e ilegal las 3 recepciones. Lo que indica que es que en relación a la documentación de la primera recepción para la obtención de la mitigación del estudio del EISTU (Estudios De Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano) no estaba bien”.

“En este caso, la UOCT y Tránsito se pronunciaron respecto a las mitigaciones con fecha 25 de agosto, pero la recepción de obras se hizo el 1 de agosto. Es decir, acá dos documentos que eran fundamentales fueron presentados con fecha posterior a la recepción y eso, a nuestra consideración y de los vecinos, es una ilegalidad”.

- ¿Hay otras observaciones?

“La segunda y la tercera recepción tienen otro vicio y es que no respeta la resolución judicial del 21 de agosto, que fue notificada el 28 de agosto al municipio, que indicaba la prohibición de recepcionar las obras de parte del director de obras. Ahí hay un desacato flagrante, el con fecha 2 de octubre realiza la segunda recepción y el 10 de noviembre realiza la tercera recepción”.

¿SE PODRÍA DEMOLER?

-T odavía quedan otros recursos, la pregunta es ¿Si es que resultan a favor de los vecinos se puede  pedir la demolición de obras?

“Si ganan queda sin recepción el proyecto”

- ¿Y que significa eso en la práctica?

“En la práctica habría una serie de problemas respecto a patentes y otras cosas, pero eso habría que preguntárselo al director de obras. Lo que sí puedo decir es que es gravísimo, para cualquier proyecto”.

- ¿Pero se revocarían las recepciones?

“Claro, porque al ser ilegales, contrarias a derecho, se determinaría invalidarlas. Ahí habría que tomar todas las medidas para retrotraer los procesos administrativos. Por eso nos parece que es una de las resoluciones más importantes que se han hecho en la historia de la región”.

- ¿Pero esto podría significar también la demolición de Obras?

“No, yo creo que va por las consecuencias administrativas y logísticas”.

- ¿Y sumarios para autoridades?

“Por supuesto, acciones administrativas relevantes que son las que nosotros estamos esperando en ese sentido”.

- ¿Hay otras acciones de parte de la seremía?

“En estricto rigor nuestra labor normativa concluyó con  la presentación en Contraloría y el logro que hubo allí. Creo que ese fue el momento de culminación de un proceso complejo. Posteriormente todo lo demás es algo que entra ya en un plano judicial. Por el tiempo que transcurrió, las acciones administrativas que nosotros pudiésemos haber hecho, que solicitamos a Contraloría no concurren. De hecho, recientemente yo solicité sumarios a la dirección de Obras y me indican que estando en un proceso judicial no se puede”.

- ¿Queda en el plano judicial entonces?

“Hay que deducir que de las acciones judiciales se van a desprender acciones también hacia las responsabilidades administrativas, en este caso fundamentalmente de la dirección de obras, que ha sido desde el principio, tanto en el anteproyecto como los permisos los entregó, contrarios a derecho. Los estudios viales que existen también de parte de la empresa, con una práctica que no corresponde, fueron ilegales también, o sea, el proyecto está cuestionado ampliamente”.

- Desde la CChC se ha dicho que este conflicto afectaría la certeza jurídica para los proyectos. ¿Cuál es su visión?

“Estamos en desacuerdo, cuando se argumenta que el otorgamiento de un permiso genera un derecho adquirido en favor del titular yo debo indicar como seremi de Vivienda que eso es solo efectivo en la medida que la autoridad, en este caso la dirección de obras, al otorgar el permiso de ciña a las normas legales vigentes que rigen su otorgamiento. Un acto administrativo ilegal no puede generar un derecho adquirido, ese estatus lo tiene el respeto a la jurisprudencia que avalan los miles de permisos de proyectos que son construidos en la región, pero que se hayan ceñido estrictamente a la ley. Aquellos que tienen vicios de ilegalidad no pueden. Por eso las direcciones de obras están sujetas también a control de la ilegalidad, porque pueden suscitarse situaciones contrarias a la ley”.

NORMATIVA

- Este criterio fue confirmado en el reciente fallo del Mall Varón en Valparaíso, en el cual se argumentó también la certeza jurídica…

“Sí y fue desestimado por la Corte Suprema, que indicó que se tiene que cumplir la ley”.

- Claro, pero en ese caso la resolución se dio antes de iniciar la construcción…

“Porque esa empresa, respetuosa de la ley, decidió no seguir construyendo, porque eso también es algo importante. Por ejemplo el caso del EISTU, decidieron ellos presentar los 590 estacionamientos y la ley era clara de que no se podía. Si tú eres empresaria y quieres levantar un mall, necesitas previo al permiso tener el EISTU, porque con eso se ve si vas a cerrar calles, si modifico cosas, semáforos. Cuál es el sentido, que ese instrumento te indica toda la mitigación que la ley te obliga a realizar. Con eso después se va a la dirección de obras y cuando obtiene el permiso, esta entidad ve que todo tenga consistencia y te aprueba”.

- Esto no operó en el caso de Paseo Balmaceda…

“Qué hizo esta empresa, presentó un EISTU por 911 estacionamientos, tuvo muchas observaciones, bajó el número de estacionamientos porque Balmaceda tiene 100 años y otros resquicios y después la estrategia, en la práctica, fue que una vez obtenido el permiso, presentar otro EISTU”.

- ¿Y eso no se ajusta a derecho?

“Eso no es que lo digamos ahora, eso es ilegal porque la Ley de Urbanismo dice otra cosa”.

- ¿Pero se puede presentar otro EISTU en el camino?

“Lo que pasa es que sí se puede, pero no se debe presentar y las autoridades tienen que rechazarlo. Pero claro, está el tema de las querellas, que influyó para que la ventanilla única siguiera operando. Una de las cosas que indica el fallo es, justamente, que el seremi de Transportes no tiene idea de que ese EISTU va a ser utilizado con el fin de ser vinculado a un proyecto que ya tiene permiso. Es más posterior al de 590, estaban tramitando otro EISTU, una práctica que la verdad de las cosas es que se aleja del espíritu de la ley”.

ACCIONES FUTURAS

- ¿Usted cree que el paseo Balmaceda va a ser demolido finalmente?

“No tengo idea”

- ¿Buscó eso?

“Para nosotros el centro del asunto es que la ciudadanía ha perdido dos arterias principales, que son Avenida Estadio y Seminario, por el interés comercial de un particular. Estas calles son de la ciudad de La Serena y sus vecinos, están vigentes en el plan regulador, además son parte del proyecto corredor transporte público de Balmaceda, que se inicia el diseño este año, con Larraín Alcalde y Avenida Estadio”.

“Ningún informe de los que ha emitido la Contraloría o la justicia ha señalado que nosotros hemos obrado mal, pero sí lo han hecho a los permisos que están vinculados al proyecto. Por lo tanto, cuando tú vez la pirotecnia jurídica que puede generar la palabra demanda, sí, pero no tienen un sustento ni se condicen, porque ya no tiene una lógica administrativa con lo que está pasando. Yo hago un llamado a la cordura, porque la ciudadanía no es tonta”.

- ¿Cuál fue el trasfondo entonces?

“Lo único que hicimos fue hacer cumplir la ley, porque estamos en Estado de Derecho y debe ser cumplida por todos independiente de la inversión y los empleos que genere un proyecto, esto es súper importante. Con el proyecto de barrio y con el proyecto más grande tenemos el mismo rigor normativo y haremos los esfuerzos para aplicar la ley. La diferencia está en que el señor del almacén, una vez que nosotros notificamos, no contrata estudios de abogados para que levanten situaciones de pirotécnica jurídica contra las autoridades”.

“Lo que en estos momentos lo tiene condicionado al proyecto es que hay causas potentes que están en camino y otras más que se van a ir sumando, porque los paradigmas de la antiguas prácticas de que lobbiando se podía gestionar un proyecto la Corte Suprema ya no los acepta”.

- Se va satisfecho entonces…

“Estoy muy contento con los fallos de la Corte Suprema que avalan la labor fiscalizadora de las seremías de Vivienda y de los entes de control como la Contraloría. Nos da una tranquilidad porque en el futuro pueden inhibir a empresas que adopten prácticas de la pirotecnia jurídica y levantar cosas que no tienen sentido, porque esto es por la ciudad de La Serena, por sus habitantes y que tienen derecho a que Avenida estadio sean utilizadas”.