Inmobiliarias y constructoras critican a CGE por retraso de proyectos en la región

Una fuerte molestia existe en el rubro inmobiliario y de la construcción. Diferentes empresas de la zona han manifestado su disconformidad con los servicios que les está prestando la Compañía General de Electricidad (CGE), la que  estaría “entrampando” y “dificultando” sus operaciones y proyectos tanto de infraestructura pública como habitacionales, teniendo paralizados al menos 19 conjuntos de viviendas que ya están listas para ser entregadas pero no cuentan con las instalaciones de distribución de energía ejecutados por completo de acuerdo a los plazos, lo que no sólo perjudica a las constructoras, sino también a quienes esperan recibir prontamente sus casas, y cumplir el sueño de toda una vida. 

Situación crítica

Según precisan desde el sector inmobiliario, los inconvenientes se han venido incrementando en los últimos años, ya que, supuestamente, se habría comenzado con un proceso de reducción de personal y, de acuerdo a datos entregados por ejecutivos del rubro, habrían despedido a un 75% de la gente que trabajaba en la distribuidora de electricidad. Aparentemente, este corte de funcionarios no obedecería a un afán de generar recursos para mejorar la eficiencia en la entrega de servicios, “sino que para rentabilizar la compañía”. 

En esa línea, por ejemplo, en las oficinas de La Serena, quedaría muy pocos trabajadores, quienes, pese a tener la buena voluntad de mejorar y dar respuesta a las inquietudes de las empresas, no tendrían las facultades para tomar decisiones, ya que con estos ajustes todo estaría centralizado en la Región Metropolitana. 

Plazos indeterminados

Además de esta excesiva centralización, las constructoras e inmobiliarias locales expresan que hay graves problemas con el cumplimiento de los compromisos y los plazos que se establecen al comienzo de una obra. “Al tener el monopolio”, según indican empresarios, la demora empieza en el primer trámite, de factibilidad, una situación que habría quedado graficada en un proyecto de viviendas sociales realizado el año pasado en el sector de Caleta San Pedro donde todas las fases que tenían relación con el abastecimiento eléctrico que debía realizar CGE, habría demorado prácticamente un año. 

Sólo en esta etapa de factibilidad, existió una tardanza de tres meses o más, aunque se mantenía un acuerdo previo el cual no habría sido respetado. Posteriormente, al momento de pedir un presupuesto las trabas llegan a ser mayores –en tiempo y dinero- debido a que, el que se le entrega la constructora o inmobiliaria, puede ser modificado y ser mucho mayor al puesto sobre la mesa en un principio.

En este escenario es que se genera una especie de “negociación” debiendo las empresas esperar una reevaluación, ya que en muchos casos lo que se cobra en un primer momento, aumenta considerablemente “y te envían una propuesta donde tienes que pagar el doble de lo que tú indicaste en la primera cotización”. En este ítem podrían transcurrir “meses y meses” sin que haya un convenio entre las partes. 

Es más, tal como ocurrió en el proyecto de Caleta San Pedro, cuando un presupuesto es finalmente aprobado, después de un largo tiempo, pueden pasar “cuatro meses más” para que vayan a implementar las líneas de empalme de electricidad. Todos los gastos derivados de los retrasos, además, deben ser asumidos ya sea por la inmobiliaria o la constructora generando millonarias pérdidas para el sector. 

Pero el peor de los escenarios, se da cuando ya existe un compromiso de compraventa por las viviendas, y la empresa debe cumplir con las personas que han adquirido los inmuebles y no pueden porque CGE, se retrasa en las instalaciones eléctricas, que además, deben ser aprobadas por la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), en estos casos, son los vecinos los que se ven afectados y deben postergar sus aspiraciones de tener una vivienda social. 

“No hay con quién hablar"

Debido al “excesivo centralismo” y el detrimento del número de trabajadores en las oficinas zonales, otro de los cuestionamientos generalizados desde el gremio hacia CGE es que no existe quién les dé respuestas concretas cuando ocurren estas situaciones y los problemas requieren de soluciones urgentes.

Si bien existe una mesa de trabajo con la compañía eléctrica, ésta no sería resolutiva y tendría más que nada la función de contener a los empresarios locales, ya que nada se decide en la región, e incluso “algunas de las determinaciones serían tomadas en España donde están los dueños del 96% de la firma”. 

Además, existiría una rotación constante de gerentes por lo que “cuando alguien va a reclamarle al más alto mando local, te dicen que vienen recién llegando, que no saben de la situación y otras explicaciones”. 

El peligroso monopolio

El monopolio que tendría la empresa CGE sería preponderante en que, según las constructoras e inmobiliarias, no mostrara demasiado interés en mejorar el servicio a nivel de regiones, ya que saben que igualmente quienes quieran certificar sus obras deberán regirse por sus estándares que incluso, en muchos casos sería mayor a los que exige el mismo Estado, y además, si bien la compañía eléctrica es regulada respecto a la distribución de energía, no tiene una reglamentación formal en los trabajos con las empresas del rubro construcción e inmobiliario, por lo mismo es difícil generar reclamos contra ellos ya que, en concreto “no tienen un plazo perentorio para prácticamente nada”. 

El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial e Infraestructura del CORE, Marcelo Castagneto, también cuestionó el accionar de la empresa eléctrica y señaló que “aprovecharían su monopolio y no respetarían ningún tipo de plazo o acuerdo” por lo mismo, advirtió que es urgente “tomar cartas en el asunto” para que, al menos mejoren el servicio que están prestando.

“Primero que nada estas empresas tienen que dejar de ser tan centralistas y dar la misma importancia en todos los lugares que operan, porque si no, pasa lo que está pasando ahora, que hay demoras y retrasos que nadie puede fiscalizar, porque no está dentro de la normativa. Estas relaciones terminan operando como una relación entre privados y la empresa inmobiliaria finalmente es la que tiene que ceder porque es la que requiere el servicio y necesita a la CGE”, enfatiza. 

No solo afecta a las empresas

Castagneto afirma que no sólo las inmobiliarias y las constructoras se ven afectadas por el servicio de CGE, ya que al haber menos movimiento en el rubro inmobiliario, “las personas que necesitan una casa, tienen menos posibilidades de adquirir una. Esto, considerando que en muchos casos las construcciones corresponden a viviendas sociales que no se pueden entregar con la mayor premura posible por estas trabas”, precisó, agregando que, además, “hay que tomar en cuenta que la construcción juega un rol fundamental en lo que tiene que ver con la generación de empleos”. 

Por su parte, el diputado por la Región de Coquimbo Juan Manuel Fuenzalida, expresó que era urgente legislar para regular a este tipo de compañías, y en esa línea, él ya presentó un proyecto de ley para que esto sea regulado.

“No puede ser que una empresa se tome el tiempo que quiera para hacer lo que quiera. Creemos que esto no da para más. Me parece impresentable que la empresa eléctrica que tiene el monopolio en la región, no tenga el espíritu social de las obras que debe recepcionar. Aquí son muchas las empresas inmobiliarias que construyen viviendas sociales, y se está dejando a muchas personas que ven resignado su sueño de la casa propia. Porque no se trata de defender a las empresas inmobiliarias, sino que se trata de generar una condición de que la gente pueda mantener sus viviendas. Así que hago un llamado a que se pongan las pilas y que dejen de lado sus aspiraciones netamente relativas a sus utilidades y se preocupen del bienestar de la región”, finalizó. 

Nos pusimos en contacto con la empresa CGE, y le planteamos los cuestionamientos que estaban haciendo desde el sector de la construcción, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.