Este martes, el gobierno presentó el segundo paquete económico de emergencia para ir en auxilio de las micro, pequeñas y medianas empresas, y de las personas trabajadoras.
En especial sobre estas últimas, el foco del plan es apoyar a los trabajadores informales, quienes no cuentan con contrato de trabajo, ni cuentan por lo tanto, con la cobertura del seguro de cesantía. Para ellos, el gobierno anunció la creación de un fondo de 2 mil millones de dólares, recursos con los que se espera beneficiar a unos 2,6 millones de trabajadores por cuenta propia a nivel nacional.
Asimismo, el gobierno señaló que se está trabajando en la creación de un sistema permanente que permita proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, frente a situaciones de catástrofe como la que se vive hoy.
Pero, ¿cuántas personas a nivel regional se encuentran trabajando en la informalidad? ¿Cuántos de ellos podrían verse beneficiado por este plan de ayuda?
En primer lugar, hay que decir que la Región de Coquimbo, es una de las regiones del país que presenta una de las mayores tasas de empleo informal del país: 33,8%, según la encuesta del INE, frente a un promedio nacional del 29%. Ello representa un número de 125 mil personas sobre un mercado laboral de 370 mil, en donde un 52% son hombres y un 48%, mujeres, con promedios de edad de 44-45 años.
La dificultad para identificarlos
En términos de los sectores productivos de la región en los cuales se desempeñan los trabajadores informales, destacan comercio (19%) y agricultura (19%). No obstante, cabe destacar que éstos se hayan en casi todos los rubros de la economía y bajo distintas modalidades laborales. De ahí, como reconoce el seremi del Trabajo Matías Villalobos, lo difícil de su identificación para entregarles la ayuda.
“Es un grupo más difícil de cuantificar. Nuestra Ministra del Trabajo ha enfatizado que se están manejando algunas opciones para llegar de la mejor forma con la ayuda a este sector y que entendemos son también los más vulnerables, que tienen trabajos esporádicos y de pocos ingresos”, explica.
En ese sentido, indicó que “son variados los casos por lo que debemos llegar con ayuda, por ejemplo, a una persona que presta servicios de jardinería y no emite ningún tipo de boletas y percibe ingresos y que a causa de la contingencia que estamos viviendo no ha podido percibir remuneraciones”.
En esa línea, Pablo Pinto, director de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Norte, señala además, que existen casos en que “algunos servicios del hogar se pagan vía honorarios, de manera que eso también genera alguna cierta distorsión, porque muchos sectores debieran tener contrato. Lo que está haciendo ahora el gobierno es tratando de estimar cuales de los sectores debieran tener condiciones laborales y contractuales pertinentes”.
“Por ejemplo”, agregó, “las asesoras de hogar, debieran tener contrato. Pero muchas funcionan sin contrato, y otras, con contrato a honorario que no les permite acceder a ninguno de los beneficios que existen”.
Urgencia
Sobre las fórmulas para implementar el plan de más de 2 mil millones de dólares para ir en ayuda de los trabajadores informales, la propia ministra del Trabajo, María José Zaldívar, adelantó algunos detalles este jueves: además, de identificar a los trabajadores en condición de informalidad, la titular del ramo aseguró que no se descarta que los recursos les lleguen vía subsidio directo o complementarios a través de instrumentos “flexibles”, dependiendo del contexto y cuando la situación lo requiera.
Asimismo, se buscaría mantener la “periodicidad” de los salarios, siendo el mes de abril, el que quedaría pendiente de ronda de pago, pues en marzo ya se hizo la correspondiente.
Por ello, el sentido de urgencia se hace fundamental, para llegar pronto con las primeras ayudas, más aún cuando, según el académico Pablo Pinto, un 43% de los trabajadores informales por ejemplo, se declaran jefes de hogar. “Eso es un elemento que hace esto aún más complejo desde el punto de vista económico, porque quiere decir que ellos son quienes generan ‘el’ ingreso o el mayor ingreso familiar”.
En ese sentido, Pinto recalcó que este sector de la población “es muy significativo en Chile. Estamos hablando de 2.600.000 personas en todo el país, y si uno multiplica por 3 o 4, estamos hablando que, de entre 7 a 10 millones de personas podrían pertenecer a hogares que están trabajando en esas condiciones”, puntualizó.