Alberto Salas, presidente de la CPC: “Lo que pasó con el proyecto Dominga lo calificamos como muy grave”

El rechazo a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que obtuvo de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo el proyecto minero-portuario Dominga, que pretendía levantar una mina de hierro y cobre como subproducto en la comuna de La Higuera, proyectando para ello una inversión de 2.500 millones de dólares, sigue dando que hablar y esta vez fue el tema principal del Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), donde se reúnen los presidentes de las 6 ramas que componen la entidad, que son la Sofofa, Sonami, SNA, Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Bancos y la Cámara Nacional de Comercio.

Tras el encuentro, el presidente del organismo, Alberto Salas se refirió a esta situación e indicó que “el rechazo del proyecto Dominga lo calificamos como muy grave” considerando que se transformaba en una iniciativa que llegaba a una zona del país que en este momento requiere precisamente de más inversión para poder crecer. “Hay necesidades de más fuentes de trabajo y con este proceso se demanda innumerables otras actividades de bienes y servicios, no solo desde el punto de vista de los inversionistas, para sus trabajadores directos, sino de crear empleos de forma masiva, de contribuir al desarrollo de la zona”, puntualizó.

Lo complicado, agregó Salas, es que se trate de una iniciativa que cumplió con todos los requisitos técnicos que se le solicitan a un proyecto para poder ser evaluado  y que “haya sido rechazado por una visión política”.

“Eso genera incertidumbre, una preocupación enorme en los inversionistas que han invertido cientos de millones de dólares en todos los estudios, para que después aparezca esta negativa”, agrega.

El presidente de la CPC sostiene que en el país debe existir una institucionalidad que sea capaz de que, cuando se quiera objetar un proyecto por aspectos políticos, se diga con anterioridad “y no esperar que salgan todas las cosas, que se cumplan los temas técnicos para después rechazarlo”.

Respecto a si se ve dañada la institucionalidad, Salas recalca que “esto fue rechazado dentro de la institucionalidad, no hay falta de institucionalidad, pero fue por un aspecto que trasciende los requerimientos técnicos, medioambientales, de trabajo con la comunidad, de todo lo que hizo la empresa y aparece un rechazo por razones políticas, por una convicción del intendente de que él tenía que votar en contra. Eso de verdad genera obviamente incertidumbre, porque proyectos que pueden estar en estudio, que pueden estar en fases preliminares se preguntarán bueno, voy a hacer toda esta preinversión, voy a cumplir con todos los requisitos técnicos y no tengo ninguna certeza que habiendo cumplido lo que la ley me pide, después sea aprobado”.

En cuánto a cuál es la petición que hace el empresariado respecto a lo que ocurrirá en el Consejo de Ministros, instancia ante la cual Andes Iron, empresa que desarrolla el proyecto, interpondrá un reclamo para que se revise la decisión de la Comisión Ambiental, manifiesta que “creo que el Consejo de Ministros tiene que evaluarlo en forma técnica, estamos en un periodo de muy bajo crecimiento y hay bajo crecimiento porque no hay inversión. Entonces, cuando aparece una inversión que cumpliendo todas las normas, de más de 2.500 millones de dólares, que iba a emplear en su fase de construcción a sobre 9 mil trabajadores y en forma permanente a 1.500, con aporte en impuestos,  la verdad es que suena contradictorio a los deseos de querer tener una mejor calidad de vida para los ciudadanos a través del crecimiento y la inversión”, puntualizó el dirigente gremial.

Sobre los dichos del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, respecto a que el empresariado también tiene responsabilidad en los bajos índices de crecimiento que registra el país, Salas declaró que “creo que el bajo crecimiento del país obedece a muchas razones, hay razones internas y externas y las internas le ganan por lejos a las razones externas. Nosotros aquí hemos hecho una serie de reformas y querámoslo o no los cambios generan cierta incertidumbre, estamos conversando de una ley laboral que deja espacios abiertos, con una reforma tributaria que la verdad no cumplió o si cumplió el objetivo lo hizo de una forma muy compleja y dificultosa y en consecuencia eso ha generado incertidumbre”.

Ejemplo de ello también, dijo, es el tema de la violencia en la Araucanía y lo de Dominga “que no generan un clima de negocios favorable para la inversión. Los inversionistas invierten donde hay oportunidades de negocios, no por razones políticas, ni deportivas, ni religiosas, sino con oportunidades de negocios, por lo tanto, si no hay ese clima, no se puede esperar que la gente haga estudios, haga inversiones, gaste cientos de millones de dólares como en el caso de Dominga para que después le digan que no. Aquí la responsabilidad es de todos, pero nosotros siempre vamos a estar disponibles a colaborar con el crecimiento, con el empleo, con un mejor aporte a la sociedad y necesitamos un clima favorable de inversión”, enfatizó. 3701i

FRASES DESTACADAS:

“Eso genera incertidumbre, una preocupación enorme en los inversionistas que han invertido cientos de millones de dólares en todos los estudios, para que después aparezca esta negativa”

“Los inversionistas invierten donde hay oportunidades de negocios, no por razones políticas, ni deportivas, ni religiosas, sino con oportunidades de negocios, por lo tanto, si no hay ese clima, no se puede esperar que la gente haga estudios, haga inversiones, gaste cientos de millones de dólares como en el caso de Dominga para que después le digan que no”

“Esto fue rechazado dentro de la institucionalidad, no hay falta de institucionalidad, pero fue con un aspecto que trasciende los requerimientos técnicos, medioambientales, de trabajo con la comunidad, todo lo que hizo la empresa y aparece un rechazo por razones políticas, por una convicción del intendente de que él tenía que votar en contra”.

“Cuando aparece una inversión que cumpliendo todas las normas, de más de 2.500 millones de dólares, que iba a emplear en su fase de construcción a sobre 9 mil trabajadores y en forma permanente a 1.500, con aporte en impuestos,  la verdad es que suena contradictorio a los deseos de querer tener una mejor calidad de vida para los ciudadanos a través del crecimiento y la inversión”