Ejecutivo de Dominga asegura que votación del Consejo de Ministros profundizó "ilegalidad"

Iván Garrido, presidente ejecutivo de Andes Iron, empresa que pretende desarrollar el proyecto minero-portuario Dominga, en la comuna de La Higuera, manifestó que a su juicio con la votación del Consejo de Ministros realizada el pasado lunes se profundizó la “arbitrariedad y la ilegalidad” con la que se evaluó la iniciativa en la Comisión de Evaluación Regional el pasado mes de marzo.

En este sentido, el ejecutivo recalcó que “toda la institucionalidad medioambiental que depende del Ejecutivo se agotó y se profundizó la arbitrariedad, la falta de motivación y la ilegalidad que nosotros reclamamos en la Comisión Regional. Con lo visto a la fecha respecto al procedimiento que acabamos de relatar, más los argumentos que habría que ver después cuando se plasmen en la resolución final, a nosotros nos parece que es evidente la profundización en la falta del Ejecutivo y, por lo tanto por eso es que hemos planteado cosas tan fuertes como el daño a la democracia, a la institucionalidad”.

Cabe destacar que durante la semana han surgido críticas además por el poco tiempo que tuvieron los integrantes de esta comisión para evaluar los informes alusivos al proyecto. De hecho, el propio ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se retiró antes de la votación aduciendo que no contaba con un “análisis profundo de los nuevos antecedentes presentados”. Asimismo, se ha planteado que solicitó extender el plazo por 72 horas, pero que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien preside el organismo, no habría accedido.

Salió a respaldarlo también el exministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien en La Segunda planteó que “la decisión del Comité deja un sabor amargo desde el punto de vista de que las cosas se deben hacer mejor” y que “no es posible que un Comité de Ministros se cite de un día para otro sin tener los antecedentes disponibles. La citación debe ser con 10 días de anticipación para poder preparar una buena decisión”.

Respecto a esta situación, Garrido argumenta que efectivamente es imposible pensar que los ministros y sus asesores iban a tener tiempo de evaluar los informes que se dieron en un proceso de 3 años y medio, que es complejo, como es un Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto minero, en un tan corto periodo. “Creer de buena fe que esos ministros iban a evaluar el mérito de todo el expediente en dos días, sin ningún día hábil de por medio, nos parece que la pregunta habría que hacérsela al ministro o al gobierno, cuál era la intención. Yo no sé cuál era, pero lo que sí digo y decimos como empresa es que nos parece extremadamente curioso o raro”, especificó.

Todo esto lo argumentarán, dice, en la reclamación que interpondrán en los Tribunales Ambientales, la que ya se está preparando.