Proyecto minero - portuario Dominga estaría a punto de ser llevado a votación

En su fase final para que se lleve a votación estaría el proyecto minero- portuario Dominga, que se emplazará en la comuna de La Higuera, pues el pasado 10 de febrero la empresa Andes Iron SpA ingresó su adenda N° 4 en respuesta al Informe Consolidado de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA) N°4, trámite que se espera sea en último para que se defina el futuro de la iniciativa.

Según señalan desde el Servicio de Evaluación Ambiental región de Coquimbo “los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental que conforman el Comité Técnico de Evaluación del proyecto tienen hasta el viernes 17 de febrero de 2017 para pronunciarse sobre el particular”.

Asimismo, indican que “una vez elaborado el Informe Consolidado de Evaluación, informe que reunirá los principales aspectos del proceso de evaluación, la Comisión de Evaluación Región de Coquimbo deberá calificar ambientalmente la iniciativa”.

Hasta este martes, según se podía constatar en la página del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), eran 7 los organismos que se habían manifestado conformes sobre la Adenda 4, mientras que la seremía de Salud presentó un oficio de no participación en el proceso. La gobernación marítima, en tanto, se excluyó de participar de esta etapa de la evaluación ambiental “ya que se pronunció en forma definitiva en la Adenda N°3”. Por su parte, la Conaf, nuevamente se pronunció con observaciones.

MEDIDAS

Entre las propuestas incluidas en esta Adenda 4, se encuentran que la firma se compromete a implementar barreras de burbujas de manera permanente durante todo el proceso de hincado de pilotes que se realice durante la construcción, así como también de barreras anti-turbidez, que permitirían reducir el riesgo de alterar las 4 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB).

En esta línea, se estableció también que en caso de evidenciarse y verificarse, por efectos del proyecto, una alteración de la productividad de las mismas, deberá realizar “el repoblamiento de las principales especies contenidas en éstas”.

También se establece la creación de una “Casa del Mar” para generar el desarrollo de la investigación y conocimiento de las poblaciones de cetáceos en la zona.

De igual forma, se plantea que durante la fase de operación del proyecto “El titular deberá monitorear directamente el islote Totoralillo Norte y verificar que las medidas propuestas para las acciones perturbadoras (arribo y zarpe de 56 buques anuales) permitan recuperar en parte el anidamiento en dicho islote, de tal forma que sea un impacto reversible”.

Asimismo, se solicita que sobre las áreas protegidas oficialmente "Reserva Nacional Pingüino de Humboldt", "Reserva Marina Isla Choros- Damas" y los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad "Reserva Marina Punta de Choros" y "Punta Teatinos hasta Quebrada Honda (que incluye Isla Pájaros)", que se encuentren en la región de Coquimbo “presente anualmente, un informe integral que sintetice las acciones realizadas en materia de protección de la biodiversidad marina, de tal forma que permita a la autoridad evaluar la efectividad de las medidas aplicadas y mejorar la eficiencia de las mismas en caso que corresponda. Este informe deberá ser entregado a la SMA durante toda la vida útil del proyecto”.

JUDICIALIZACIÓN

El proceso como se esperaba ha generado la reacción de algunas organizaciones opositoras. Al respecto, Andrés Álvarez, dirigente del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA) en entrevista con Radio Mistral dijo no confiar en el proceso ambiental que se está llevando a cabo, en el cual según denunció existen “una infinidad de vicios administrativos”.

En este sentido, recalcó que “no es de extrañarse” que sea aprobado ambientalmente en los próximos días, pero que ese es sólo “un primer paso”, puesto que como entidad recurrirán a la justicia para evitar la construcción de Dominga.

“En unas dos o tres semanas este proyecto lo van a llevar a votación a nivel regional y lo van a aprobar. Pero yo quiero enviar un mensaje a la gente que estamos en una situación totalmente contraria, de que esto no termina aquí, esto está recién comenzando, es un proceso súper largo, nosotros vamos a llegar a instancias judiciales, vamos a judicializar este proyecto, porque tiene un montón de faltas administrativas”, puntualizó.  

En este sentido, agregó que “no nos tenemos que decepcionar para nada cuando en una o dos semanas más aprueben este proyecto regional, todo lo contrario, tenemos que generar más energía, porque este tema es algo que recién comienza y que nosotros vamos a llevar a instancias judiciales, porque desde el principio desconfiamos tanto del proceso y teníamos claro que iba a terminar en tribunales. Este proceso va a ser súper largo y el proyecto no se va a hacer al final del al cabo y los únicos perdedores van a ser los que habitar el territorio, porque los van a sacrificar”, enfatizó.

Cabe destacar que una vez que un proyecto que obtiene la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), existen muy pocas instancias en las que esta medida se puede revertir, sólo se puede recurrir al Consejo de Ministros y exponer las objeciones. No obstante, Álvarez insiste en que “un proyecto judicializado, aunque tenga la RCA vigente no se puede construir” y que lo más probable es que sí acudan a esta instancia. “Creo que por ahí vamos a partir, tenemos que ver en su momento cuál va a ser la estrategia que vamos a definir de acuerdo a la resolución de la RCA y de ahí partir trabajando”.

REACCIÓN DE LA EMPRESA

Respecto de las declaraciones del dirigente, Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, recalcó que “Dominga ha cumplido a cabalidad con la normativa ambiental y la institucionalidad vigente en el país”.

En este sentido, el ejecutivo manifestó que desde septiembre de 2013 la propuesta ambiental de Dominga “ha sido evaluada rigurosamente y exhaustivamente en 4 rondas de preguntas, con la participación de cerca de 30 reparticiones públicas de la región. Durante estos años se han incorporado observaciones realizadas por la autoridad y la comunidad que han permitido mejorar y robustecer el proyecto”.

Asimismo, indicó que se realizó una masiva Participación Ciudadana con 3 rondas, en todas las localidades de la comuna de La Higuera alcanzando a más de 1.000 habitantes. “Tempranamente, se realizó una Participación Ciudadana voluntaria que permitió incorporar las observaciones ciudadanas en el diseño del proyecto”.

Por esta razón, planteó Villalón, “cuestionar la legitimidad es desconocer un proceso que lleva tres años y medio de evaluación ambiental del proyecto Dominga realizado por nuestras instituciones. Cuestionar la legitimidad es desconocer el proceso de la institucionalidad ambiental y derechamente pretende desinformar y manipular a la opinión pública. Esto amenaza el activo social que ha construido democráticamente este país que dice relación con contar con una ciudadanía consciente y preocupada por su entorno”.

En cuanto a que Modema y otras organizaciones contrarias al proyecto plantean que el hecho de que no se atendieron los requerimientos de la Conaf le quita legalidad al proyecto, el representante de Andes Iron sostiene que “Dominga cumple a cabalidad con la legislación vigente y la institucionalidad ambiental del país. El SEA es el administrador del SEIA de manera que a este servicio le corresponde determinar las preguntas de los Servicios que envía a los titulares de proyectos. Dominga no tiene rol alguno en dicho ejercicio pues compete exclusivamente al referido servicio de evaluación ambiental”, precisó. 3701i