Afirman que fallo de Paseo Balmaceda crea incerteza jurídica y mal precedente

Tras dar a conocer el fallo de la Corte Suprema, donde se establece el actuar arbitrario del secretario regional ministerial de transportes de Coquimbo, que aprobó irregularmente el estudio sobre sistema de transporte urbano del Paseo Balmaceda, donde se autorizaba el aumento de estacionamientos en 446 cupos —algo que impactaría en la calidad de vida y situación vial del sector—el centro comercial comienza a tener los primeros tropezones en su funcionamiento.

Esto sucede en plena judicialización del proyecto, que desde hace al menos dos años se mantiene en entredicho por parte del Seremi de Vivienda y Urbanismo y un grupo de vecinos del sector donde se ubica el mall, por inconsistencias en la aprobación de permisos de edificación.

Así, el fallo de la máxima autoridad judicial ordena a la empresa a reducir a 144 los estacionamientos del centro comercial, algo que complicaría la operación comercial del proyecto.

Al respecto, Carlos Galleguillos, seremi (s) de Transporte, comentó a diario El Día que sólo les resta acatar el mandato de la autoridad. “No corresponde hacer un juicio moral de si la decisión del tribunal es buena o mala, lo que corresponde es cumplir las resoluciones judiciales. Como servicio público debemos implementar las medidas administrativas para retrotraer la situación de los estacionamientos”, dijo.

EL FALLO IRREVOCABLE E INAPELABLE

Respecto de la resolución de la máxima autoridad judicial, el abogado Cristián Álvarez —parte del grupo de vecinos que ha interpuesto recursos en contra del centro comercial—, valoró el fallo de la Corte Suprema y confirmó que este es irrevocable e inapelable. “La autoridad manda a la empresa a funcionar con sólo 144 estacionamientos. Esta es sólo una de las causas que hemos interpuesto como vecinos”, comentó a diario El Día.

Asimismo, y respecto de la apertura gradual que ha llevado adelante Paseo Balmaceda, Álvarez fue enfático en afirmar que esto sólo viene a consumar un hecho de desacato en relación a la resolución del Juzgado de La Serena, “que mandó hace mucho tiempo la paralización de obras del centro comercial. Entonces su funcionamiento da cuenta del desacato de la empresa a la ley”, dijo.

En tanto, el abogado y de un tiempo a esta parte, timonel del grupo de vecinos que se declara en contra del proyecto comercial, ha asegurado que seguirán adelante con los recursos en contra de la empresa.

LA POSTURA DEL GREMIO CONSTRUCTOR

Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de La Serena, (CChC), Sergio Quilodrán, no quedó indiferente frente al dictamen de la instancia judicial. Si bien aseguran que entienden que son los tribunales de justicia los que tienen la potestad final para resolver la validez de permisos en general, consideran que ellos no son simples actos administrativos firmados, pues su objeción a posteriori implica un daño inestimable a la certeza jurídica que rodea a anteproyectos y a las iniciativas de inversión, que ven en los permisos de edificación un instrumento sobre el que descansa todo el desarrollo de la industria inmobiliaria.

“Tal como lo reiteran distintos fallos de los tribunales de justicia, estos permisos otorgan derechos adquiridos que no pueden ser debilitados por declaratorias extemporáneas”, comentó Quilodrán.

En la misma línea, hizo un llamado a erradicar esta práctica y a promover un debate serio y que permita acordar visiones de largo plazo sobre la evolución de nuestras ciudades, su desarrollo y, por cierto, sobre la mejor forma de resguardar la buena relación entre los inversionistas privados y su entorno.

“Consideramos necesario hacer un cambio en la Ley General de Urbanismo y Construcciones dado la extemporaneidad con que se producen los fallos y resoluciones, de manera de otorgar garantías al financiamiento que requieren no sólo proyectos de inversión privada sino también los de infraestructura pública”, dijo.

EMPRESA ASEGURA QUE CUENTAN CON GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

En tanto, desde la empresa Neorentas, dueña del Paseo Balmaceda, aseguraron que aún están analizando detenidamente la resolución de la Corte Suprema y afirman que el fallo confirma la plena validez y vigencia de los permisos del Paseo Balmaceda, “por lo que puede seguir funcionando, pues sólo se refiere específicamente a un oficio que aprobó un estudio de impacto vial del proyecto (EISTU) en el año 2016”, sostuvieron.

En tanto y respecto al estudio de impacto vial, desde la compañía advirtieron que se han ejecutado numerosas inversiones solicitadas a proyecto, como nuevos semáforos, pavimentaciones y señalizaciones, entre otras. “Todas éstas se encuentran en operación y fueron aceptadas y recepcionadas a plena conformidad por todos los organismos públicos correspondientes de La Serena”, detallan desde Neorentas.

Finalmente, destacan que dos Ministros de la Corte Suprema afirman categóricamente en este fallo –como lo había hecho antes la Corte de Apelaciones de La Serena— “que este EISTU no afecta garantías constitucionales, ni genera impactos negativos en el medio ambiente ni en el entorno, al mismo tiempo de reprochar que se intente invalidar un estudio aprobado en 2016- luego de que todas las obras están construidas-, cuestión que afecta la certeza jurídica”.

INVALIDACIÓN DE PERMISOS: LAS EXPERIENCIAS EN CHILE

No hay que descartar que tras este fallo se vuelve concreta la posibilidad de que más permisos puedan ser objetados por la Corte Suprema e incluso, revocados, como bien ya ha sucedido en otras instancias en nuestro país.

Uno de los casos más recientes fue el de un edificio en Ñuñoa, al cual en octubre pasado la Corte Suprema declaró ilegal un millonario proyecto inmobiliario en la comuna de Ñuñoa, que ya está siendo habitado, por la irregularidad en la entrega de los permisos de edificación.

Ubicado en la calle Luis Pereira, se encuentra el edificio “Botero”, cuyos 5 pisos, contravienen la norma de altura máxima para edificaciones, según el Plan Regulador de Ñuñoa.

Por ello, y pese a que sus departamentos, que van desde las 4.800 UF (cerca de $128 millones), ya están siendo habitados, la Corte Suprema declaró la ilegalidad en la entrega de sus permisos, por lo que podría ser demolido.

EL DETALLE DEL FALLO DE LA CORTE SUPREMA

De acuerdo al recurso, el máximo tribunal, “la ilegalidad de la actuación reprochada vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Así, la garantía constitucional se vería afectada con la necesaria congestión vehicular consecuente que se originará al pasar de un proyecto que contemplaba 144 estacionamientos a uno que contendría 590, circunstancia que causará un aumento en los tiempos de viaje a conductores y pasajeros de vehículos motorizados así como a peatones, producto del número de usuarios que buscarán utilizar, en tiempos normalmente simultáneos, las vías contiguas a las salidas del centro comercial proyectado”, se lee en la sentencia.

Asimismo, desde la Corte Suprema argumentan que el alto número de estacionamientos provocará problemas relativos a las emisiones de contaminantes atmosféricos, de los que algunos, tienen más impacto a nivel local como el monóxido de carbono, el material particulado respirable y las partículas totales en suspensión.

“Por último, es sabido que la velocidad promedio de un vehículo en un tramo disminuye según el grado de saturación y si el flujo de vehículos aumenta, la saturación también lo hará, por lo que las emisiones y ruidos vehiculares se acrecentarán por disminución de la velocidad e incremento del tráfico vehicular, provocando daños consecuentes a la salud a causa de la polución proveniente de la mayor congestión vehicular en un determinado sector, de forma que no es baladí estimar la proyección de un edificio con 144 estacionamientos y pretender su alteración a 590, más aún si esta última aspiración no encuentra sustento legal en que se apoye, de forma que debe ser prevista la amenaza que funda la acción de los recurrentes como un peligro concreto que afectará el medioambiente que circunda al proyecto si este se concreta con los 590 estacionamientos, y que indirectamente, incidirá en la salud de aquellos”.

DEMANDA DE EMPRESA A VECINOS Y SEREMI DEL MINVU SIGUE SU CURSO

Hay que destacar que hace unos meses Neorentas interpuso una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual a personas naturales, a quienes se les pide pagar a título de compensación de perjuicios por concepto de daño emergente y lucro cesante, la cantidad de $2.325.928.213, más $427.697.920 por concepto de daño moral: es decir, más de $2.750 millones.

Dentro de los demandados, se suma al seremi de Vivienda y Urbanismo, Erwin Miranda, los abogados Fernando Martel y Cristián Álvarez, además de Alex Garrido, Martiniano Rojas, Zullymar González, Manuel Solis, Ivonne Morales, María Cristina Sepúlveda.

En cuanto a los hechos ilícitos que se imputan, se cuenta que “en evidente coordinación, han intentado por diversas vías y otras aparentemente “judiciales”, paralizar y entorpecer las obras del Centro Comercial Paseo Balmaceda, incurriendo en ilícitos civiles y en un claro abuso del derecho, en perjuicio de las demandantes”.

La compañía incluye en su recurso una serie de pruebas donde acredita, según su parecer, los acontecimientos que dan prueba de su afirmación, entre ellos “la utilización de idénticos subterfugios e inclusive el mismo lenguaje para comprobar la voluntad dolosa o culposa de los demandados, con el propósito confesado de impedir que las obras del referido Centro Comercial se ejecuten como fueron autorizadas por las autoridades competentes”.

Esto acontece, asegura Neorentas, con una clara complicidad entre los demandados, “en orden a mancillar la reputación comercial y ética de las sociedades pretensoras, atribuyéndoles temerariamente actos contrarios a derecho, de “corrupción”, “truchos”, “chantas”, “juleros”, “asquerosos” —entre otros graves calificativos— y en general, supuestamente reñidos con la buena fe o la responsabilidad social empresarial”.