Neorentas acusa de triangulación a Minvu y vecinos en contra de Paseo Balmaceda

Pese a estar operativo casi en su totalidad y hace varios meses (con una importante afluencia de público por lo demás), otro capítulo de traspiés se sumó por estos días a la historia del Paseo Balmaceda.

En medio de un mandato de la Corte Suprema, a través de su último fallo que manda reducir los estacionamientos del centro comercial de 590 a sólo 144 por el impacto vial, (tras la demanda de un grupo de vecinos en contra del centro comercial), Neorentas, compañía dueña del mall, elevó un escrito a la Corte de Apelaciones de La Serena donde acusa de triangulación al abogado de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo  de la región de Coquimbo, Fernando Martel, y al grupo de vecinos que alegan la construcción y operación del centro comercial, liderado por el abogado Cristián Álvarez.

LOS DETALLES DEL ESCRITO

En el escrito, que fue presentado a la corte el día sábado 16 de mayo, se lee que “si bien los escritos folios Nº 8899 y 9142, presentados ante la Corte de Apelaciones, aparecen suscritos con firma electrónica simple por el abogado Cristián Álvarez Alquinta, con total transgresión al principio de probidad administrativa, la ética profesional y la buena fe procesal, sucede que el autor de tales libelos, conforme se acredita y prueba con la certificación notarial que se acompaña, es el agente público don Fernando Martel Costa, según consta en las propiedades de los archivos en formato PDF, que contienen dichos escritos judiciales”. Hay que destacar que Martel es funcionario del seremi del Minvu hace varios años y su contrato tiene como fecha de término diciembre de este año.

Hay que recordar que si bien el anterior seremi de Vivienda y Urbanismo, Erwin Miranda, tomó también la bandera de reclamos en contra del centro comercial por considerar ilegal la obtención de permisos, el actual secretario regional ministerial no ha querido referirse al tema.

VECINOS NIEGAN RELACIÓN O ASESORAMIENTO DEL MINVU

Al ser consultado por el escrito que fue elevado a la Corte de Apelaciones, Cristián Álvarez comentó a diario El Día que esto se trataría de una estrategia “desesperada de la empresa para cambiar el foco de atención. “Sucede que el Paseo Balmaceda debe dar cumplimiento al mandato de funcionar con menos estacionamientos de los que construyó. Por eso creo que la empresa lanza esta información para distraer a la opinión pública, pero no es más que eso”, dijo.

Asimismo, Álvarez negó una colaboración con Martel. “Lo que es cierto, es que una vez que yo y Fernando Martel fuimos demandados por la empresa por más 2.300 millones de pesos, sin lugar a dudas hemos compartido ideas, conversado por teléfono e intercambiado correos, pero eso no quiere decir que las demandas hayan sido escritas por él. Estas son de mi autoría y yo me hago responsable de lo que hemos presentado, porque están con mi firma y mi clave en el Sistema del Poder Judicial”, concluyó.

Por su parte, Fernando Martel no quiso referirse al tema ya que comentó que “esto está dentro de un proceso judicial del que no soy parte”.

ABOGADOS DE LA FIRMA ASEGURAN QUE HECHOS SON GRAVES

Con todo, los abogados de Neorentas aluden que los hechos expuestos, sin perjuicio de las investigaciones paralelas, constituyen respecto de Álvarez y Martel una infracción grave a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; una clara contravención al principio de la probidad administrativa y una transgresión a la ética profesional, entre otros.

Asimismo, desde la compañía aseguran que una de las eventuales consecuencias por simulación y actuación encubierta desde la perspectiva legal, es que podría configurarse eventualmente la comisión de delitos funcionarios como la prevaricación, la adulteración de documentos, y una asociación indebida entre estas personas para afectar a un particular.

Frente al tema, el abogado de Neorentas, Gabriel Cáceres, comentó que la empresa espera que la justicia esté informada sobre lo sucedido. ”Estimamos que son hechos de la más alta gravedad, pero en un Estado de Derecho le corresponde a los tribunales y a la Contraloría determinar sus consecuencias jurídicas y administrativas y precisar por qué actuaron de esta forma, cuál fue su motivación, si existen otros hechos reprochables de esta naturaleza y si hay más responsables”, dijo.

Por otro lado y respecto del funcionamiento del centro comercial con un tercio de los estacionamientos contemplados en el diseño, Cáceres aseguro que “los permisos y recepciones para el funcionamiento de Paseo Balmaceda fueron otorgados legalmente y se encuentran plenamente vigentes, permitiendo el uso de los estacionamientos construidos y habilitados, y ninguna resolución ha ordenado algo distinto”.

En tanto, fuentes ligadas a la empresa manifiestan una desazón por esta situación, a la que han tildado inclusive como una “trampa” provocada por funcionarios públicos, lo que les ha retrasado en tres años el proyecto, con los costos que ello significa.