Ya el año pasado Neorentas había interpuesto un recurso de protección en contra de Miranda, caso que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, rechazó.
Lejos de terminar está la polémica que envuelve al centro comercial Paseo Balmaceda en La Serena, inversión que aterrizó hace ya casi tres años en la región de la mano de la empresa Neorentas. Sin embargo, tras una serie de revisiones e investigaciones en torno a la concesión de permisos de edificación, —proceso que no ha estado exento de acusaciones mutuas entre las autoridades competentes—, la empresa decidió demandar a nueve personas naturales y el Estado de Chile por una suma cercana a $2.750 millones. Entre los demandados se incluye al seremi de Vivienda y Urbanismo, Erwin Miranda.
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Dentro de los argumentos para levantar el recurso legal, la firma sostiene que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, “se ha apartado ostensiblemente de lo que se espera razonablemente de los órganos del Estado; más aún si uno de sus funcionarios, despliega actividades de asesoría letrada a particulares respecto de materias que han estado bajo su conocimiento en razón de su cargo”.
Hay que destacar que ya el año pasado Neorentas había interpuesto un recurso de protección en contra de Miranda, caso que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, rechazó.
LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD
Si bien la semana pasada trascendieron los detalles del documento legal, recién esta semana la autoridad recibió oficialmente la notificación, frente a lo que aseguró que recibe la demanda con “la gran jerarquía normativa de mi equipo de urbanistas y unidad jurídica, la cual nos ha permitido ganar el recurso de protección del año 2016 y hacer valer ante la Contraloría nuestra visión normativa en el informe de investigación especial número 235 de junio de 2017”.
Miranda aseguró a diario El Día que para su equipo ministerial, estos dos logros tienen especial relevancia, ya que en el primer caso del recurso de protección, tanto la Corte de Apelaciones de La Serena, como la Corte Suprema, confirmaron las facultades fiscalizadoras como seremi y rechazaron lo pretendido por la empresa. “Por lo tanto, la actuación de la Secretaría Regional Ministerial fue legal, no arbitraria y en el marco de la Constitución”, aseveró y agregó que “todo este proceso, se ha realizado con el más alto rigor normativo, transparencia y estatura ética”.
LOS DETALLES DE LA RÉPLICA LEGAL DE MIRANDA
La autoridad ligada a la planificación legal aclaró que responderán a la demanda tal como lo han hecho en las dos ocasiones anteriores, en base a la jerarquía normativa y experiencia del equipo jurídico del Ministerio, y una estrategia que se basa en el modelo de gestión que, según explica, les ha permitido los logros judiciales y normativos citados anteriormente.
“Este caso lo llevará mi unidad jurídica en base a la estrategia de defensa, por lo cual, yo en mi calidad de Secretario Regional Ministerial, me concentraré en mis labores referidas a los ámbitos de vivienda, barrio, ciudad y reconstrucción”, señaló la autoridad. En ese sentido, aprovechó de poner en valor el hecho de que la secretaría de Coquimbo cuenta con el presupuesto histórico más alto que ejecutar. “Seguiré adelante con una gestión ministerial que nos ha permitido entregar cerca de 42 mil subsidios, construir parques urbanos, pavimentos y ciclovías”.
Miranda finalizó asegurando que seguirán ejerciendo la labor fiscalizadora que le mandata la ley, “ya sea para un mega proyecto o para el almacén del barrio, ya que todos los proyectos deben respetar la Ley General de Urbanismo y Construcción, independiente del monto de inversión y los empleos que generen”, culminó.
LOS ARGUMENTOS DE LA EMPRESA
En cuanto a los hechos ilícitos que se imputan a los demandados por parte de la empresa, se cuenta que “en evidente coordinación, han intentado por diversas vías y otras aparentemente “judiciales”, paralizar y entorpecer las obras del Centro Comercial Paseo Balmaceda, incurriendo en ilícitos civiles y en un claro abuso del derecho, en perjuicio de las demandantes”.
La compañía incluye en su recurso una serie de pruebas donde acredita, según su parecer, los acontecimientos que dan prueba de su afirmación, entre ellos “la utilización de idénticos subterfugios e inclusive el mismo lenguaje para comprobar la voluntad dolosa o culposa de los demandados, con el propósito confesado de impedir que las obras del referido Centro Comercial se ejecuten como fueron autorizadas por las autoridades competentes”.
Esto acontece, aseguran desde Neorentas, con una clara complicidad entre los demandados, “en orden a mancillar la reputación comercial y ética de las sociedades pretensoras, atribuyéndoles temerariamente actos contrarios a derecho, de “corrupción”, “truchos”, “chantas”, “juleros”, “asquerosos” —entre otros graves calificativos— y en general, supuestamente reñidos con la buena fe o la responsabilidad social empresarial”.
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