Empresa que construye Paseo Balmaceda presenta querella en contra del seremi de Vivienda

El Juzgado de Garantía de La Serena declaró admisible la querella interpuesta por la empresa Neorentas, que desarrolla el proyecto comercial Paseo Balmaceda, en contra del seremi de Vivienda y Urbanismo, Erwin Miranda,por los delitos de prevaricación administrativa y desacato a la autoridad.

Según señalaron desde la firma, la acción legal se fundamenta en el actuar malicioso y contrario a la ley del secretario regional “quien, aprovechándose de su rol de autoridad, ha insistido en tratar de paralizar las obras y anular el permiso de edificación, excediendo las atribuciones que le otorga la ley e incluso utilizando normas derogadas y datos falsos”, puntualizan.

Cabe destacar que en diciembre de 2015, Miranda emitió el oficio 1889, en el cual instruía al director de Obras de la municipalidad de La Serena, Patricio Núñez, para ordenar la paralización de las obras del centro comercial e invalidar el permiso de edificación Nº 220 (del 16 de junio de 2015). A la vez, solicitaba a la Contraloría General de la República la instrucción de un sumario administrativo para el director de Obras Municipales, “excediendo y contrariando de esta manera las facultades que la ley le otorga”, según Neorentas.

En esa oportunidad, desde la Seremía de Vivienda se informó que el argumento que tenía la entidad para oponerse a la edificación del proyecto es que las obras interrumpen la continuidad de Avenida Estadio, arteria que es vista a futuro como una vía alternativa para descongestionar calle Balmaceda.

Ante ello, NeoRentas interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de La Serena, que falló a favor de la firma al dejar sin efecto el oficio emitido por la entidad regional, argumentando que el seremi actuó “excediendo sus facultades legales con las que se encuentra investido”, violando la Constitución. El seremi no apeló a dicha sentencia, por lo que se dio por ejecutoriada.

Posteriormente, y de acuerdo a lo informado por la firma constructora del centro comercial, Miranda emitió un nuevo oficio N°716, esta vez dirigido a la Contraloría Regional de Coquimbo. A través de él “revive las mismas objeciones al permiso de edificación y de manera casi idéntica al otro oficio anulado, desconociendo y desafiando de esta forma la decisión de la Corte de Apelaciones, al referirse nuevamente a una materia ya juzgada”, puntualizan. 

Este libelo es patrocinado por los abogados penalistas de los estudios de Hugo Rivera y Enrique Labarca.

Este último, en entrevista con El Día, explicó que se ejerció esta acción criminal por el delito de prevaricación administrativa y desacato, “entendiendo que Neorentas es víctima, desde la perspectiva procesal, a fin de determinar la responsabilidad que pueda tener don Erwin Miranda por los delitos señalados”.

Lo que se persigue, agrega el abogado, es “hacer efectiva la responsabilidad penal, pues nosotros creemos que puede ser imputado en un delito”.

A juicio del abogado, el secretario regional emitió el oficio mencionado “careciendo de facultades legales y reglamentarias al ordenar una medida de esa naturaleza y además considerando que el permiso de construcción ya estaba autorizado”. Como se afecta derechos de propiedad por el otorgamiento del permiso e insistió en disponer actos que ni la Constitución ni la ley le otorgan esas facultades “se decidió interponer esta querella y por eso el fundamento es prevaricación administrativa, que en el fondo es resolver un asunto administrativo en forma injusta y contraria a la ley”, agrega el profesional.

Respecto al argumento esgrimido por Miranda, en cuanto a que tomó esta decisión para evitar que se perdiera la continuidad de Avenida Estadio, Labarca enfatiza que “el tema es que él no tiene facultades para eso, porque eso le corresponde al Ministerio de Transportes y ahí hay una autorización de la subsecretaría de esta cartera”.

Eso da cuenta de cuáles son los requisitos urbanísticos para poder autorizar la obra, dice, “pero el tema central aquí es que él fundamenta la paralización de las obras existiendo un permiso de construcción que está válidamente otorgado por el director de Obras Municipales, que no es funcionario de su dependencia ni jerárquicamente depende de él”.

Además, sostiene, ordena la paralización de una obra y la revocación o anulación de ese permiso “en base a la ley del acto administrativo, pero cuando un acto administrativo le confiere derechos a un particular, que ingresan a su patrimonio, la decisión es de carácter jurisdiccional, por vía judicial y no de un ente administrativo. En este caso nosotros estimamos que está actuando fuera del marco legal”, recalca Labarca.

Asimismo, detalla que la empresa cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto del Sistema de Transporte Urbano (Eistu), por lo cual “Erwin Miranda atenta contra los derechos de Neorentas al intentar invadir las facultades de otros órganos públicos, instigando a su rechazo por supuestas ilegalidades del proyecto que sólo él declara”.

SÓLO REVISIÓN DEL PERMISO.

El seremi Erwin Miranda admite estar tranquilo. En su oficina de la Seremía accede a responder sobre este nuevo recurso legal. Acompañado de documentos asegura que en ningún caso buscan perjudicar la obra que se está construyendo, sino que simplemente pretenden que la Contraloría se pueda pronunciar por las observaciones que poseen sobre la iniciativa. 

Sin embargo, asegura que hasta el momento eso no ha ocurrido, por los recursos judiciales. 

Recalca que la Ley de Urbanismo y Construcción en el artículo 15 los obliga a que cuando detectan alguna observación deben hacer una presentación a la Contraloría, “para que se investigue y se pueda ponderar nuestra visión ”. 

-¿Lamenta que en este caso aún la Contraloría no se pronuncie sobre los planteamiento de la seremía?

“Actualmente respecto al permiso de edificación en cuestión hemos intentado que se realice la revisión de nuestras observaciones que son más bien técnicas”.

Citó como ejemplo que el terreno donde se emplaza el proyecto está afecto en dos zonas determinadas en el Plano Regulador Vigente, “y al haber dos destinos ahí pedíamos a la Contraloría que se pronunciase si realmente la forma que se había realizado y al ser realidad que hay dos zonificaciones en el loteo en cuestión, teníamos una duda razonable sobre esa situación”.

-Sin embargo, no la tenía la Dirección de Obras que entregó el permiso para comenzar los trabajos…

“Es que somos nosotros quienes debemos pronunciarnos, no la Dirección de Obras. El permiso en cuestión estaba y nosotros hacemos una revisión sobre eso. Nuestro actuar es por ley y tenemos dudas sobre algunas normativas que queremos aclarar… Existe un área denominada mercadería en tránsito, que en el proyecto corresponde a almacenaje y bodegaje y al revisar el expediente cambiaron y después aparecieron estacionamientos. Y la verdad es que no había concordancias entre el anteproyecto y el proyecto que ingresó después, por lo que la revisión regular nos arrojó esas observaciones”. 
Estableció que el anteproyecto se aprobó por 911 estacionamientos, sin embargo, posteriormente se hizo un cambio y se redujeron a 144, “luego hubo otro cambio al presentar un Eistu por 590 estacionamientos y eso es lo que nosotros buscamos que quede regularizado, en orden y en norma. Nuestro deber es supervigilar para que lo que quede finalmente esté apegado a la normativa”.

-¿Plantea que lo que se está hoy construyendo es de manera irregular?

“No lo puedo saber, pero es la Contraloría el ente que discierne y hasta ahora no lo ha podido hacer. Porque cada vez que se presenta un recurso (legal) la Contraloría deja lo que hemos presentado”.

-Sin embargo, la empresa asegura que un dictamen de la Corte de Apelaciones le habría entregado la razón y por eso empezaron a construir…

“Es que ese fue el primer recurso, vamos en el segundo y este sería como el tercero. Pero también dentro de las observaciones está un tema de los lotes, donde para la aprobación de anteproyectos que involucren dos o más predios no se querrá efectuar fusiones, subdivisiones o notificaciones de deslindes y se consignará. Y en la resolución aprobatoria del anteproyecto se consignará por obligación solicitar dichas acciones en forma previa o conjunta con la solicitud de permiso, siendo requisito para otorgar este que se haya perfeccionado la actuación correspondiente. En consecuencia, la citada norma establece como obligación y requisito previo para otorgar el permiso, el que se haya perfeccionado la fusión correspondiente”. 

En este aspecto, planteó que se entendía como perfeccionada la fusión cuando está aprobada y archivada en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente. Con ello el seremi planteó que se busca garantizar y cautelar que el permiso de edificación se está ejecutando sobre el terreno ya fusionado. Sin embargo, Miranda planteó que “a la luz de la solicitud y del permiso de edificación aprobado, en la especie se declaró un rol de avalúo fiscal y una inscripción de dominio que no corresponde al terreno fusionado, sino que sólo a uno de los lotes que se pretende fusionar. En este sentido, se incumplió el requisito que establece el inciso segundo del artículo 3.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Entonces, este cúmulo de observaciones respecto al permiso de edificación y por el estándar ético y de transparencia que nos exige la ciudadanía lo hemos presentado y he recibido en respuesta reiterados recursos de protección que es una herramienta legal que existe y en el primero que ellos presentaron efectivamente ordené que se paralizaran las obras porque entendíamos que como existía un cúmulo de observaciones relevantes era razonable que mientras se aclarara y cautelando la inversión mejorar que paralizaran”. 

-¿Fue un error un pedir la paralización?

“A lo mejor ponderamos de manera inadecuada…pero junto al intendente lo que más queremos es inversión en esta región”. 

-Pero, en esta ocasión fue un recurso por prevaricación…

“Son términos jurídicos, pero la verdad es que estamos hablando de un permiso de edificación”. 

-Se le critica que insiste con la Contraloría cuando la Corte de Apelaciones ya se pronunció…

“Lo que nosotros interpretamos de eso es que el tema de fondo no se ha analizado y creemos que conforme a nuestro estándar normativo y deber ser implica jugarnos para que así sea. Me sentiría preocupado si no lo estuviera haciendo y que me acusaran por notable abandono de deberes por ser pasivo. Y ahí se pueden interpretar muchas cosas, que esto es un exceso de celo”

-Pero no cree que al dar el pase la Dirección de Obras a la construcción para el común de la gente se interpreta que todo está en regla…

“Es que si en Chile se entrega un permiso es porque todo está en regla, lo que no quita que posteriormente a eso surjan sumarios. Pero, insisto, aún no se ha analizado nada de lo que hemos hablado. Nunca se ha hablado de fusión de lotes, zonificación y la Corte no lo hace, pero al querer nuevamente que la Contraloría revise el tema de fondo una vez más hemos recibido como respuesta (recurso)”.

-¿Cómo reaccionarán frente a esta nueva presentación?

-Lo deseable es que esto se aclare, pero con estos recursos el ir a la Contraloría queda congelado”

-Pero lamenta que mientras no se revise el fondo, la obra se sigue construyendo..

“Como no tenemos el resultado de lo que estamos pidiendo que se investigue no podría hacer ninguna elucubración porque puede que esté todo en regla. Pero, lo que debemos hacer en este caso y en todos es hacer las presentaciones. Pero, en estos momentos nuestro objetivo no es paralizar una obra, como sí estuvo en los albores de la construcción, pero lo que estamos haciendo ahora es que se produzca la revisión de un permiso de edificación por la Contraloría y que esta pueda dar dos resultados, que las observaciones queden aclaradas o que tengamos que seguir revisando. Por eso estoy tranquilo y agradecido de explicar el tema, porque nos dejamos encandilar por el tema de los recursos, sin el sentido de la estructura”.

PASEO BALMACEDA

El proyecto Paseo Balmaceda es un centro comercial que se está construyendo en los terrenos de la antigua casona Stiepovich, en La Serena. Proyecta una inversión aproximada de US$ 70 millones, se emplaza en un terreno de 56.348 m2, de los cuales 36.936 m2 serán superficie construida y tendrán como tiendas ancla un supermercado Tottus y un Homecenter.