A poco más de cuatro meses de la llegada de las aplicaciones de transporte Uber a la región de Coquimbo, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes ha registrado un total de 74 vehículos infraccionados por prestar este tipo de servicios, los autos son llevados al aparcamiento municipal y se han registrado 9 que solo han recibido multas, esto por situaciones externas a los procedimientos, como la falta de espacio en los aparcamientos.
Durante este semana, una pareja contactó a El Día para denunciar que habrían sido infraccionados de manera irregular, ya que el inspector se habría encontrado trabajando de manera encubierta, multando a una mujer por ofrecer servicios de Uber. Los implicados niegan trabajar con la aplicación y señalaron que la conductora había ido a buscar a un familiar al aeropuerto.
Sin embargo, Mario Muñoz, encargado regional del programa nacional de fiscalización desmintió la versión, indicando que la persona si se encontraba ejerciendo transporte público irregular, lo que fue corroborado por la persona que subió al auto, quien indicó que no era familiar de la conductora, sino que había pedido el servicio a través de la aplicación Uber.
Muñoz señaló además que el fiscalizador presentó sus credenciales al momento del control y que la infractora se negó a cooperar con el procedimiento, razón por la cual pidieron la ayuda de carabineros, por lo que el auto quedó retenido y tanto la conductora como el propietario del vehículo fueron multados, en razón de lo establecido en la normativa vigente.
Según lo declarado por Muñoz, “nos hemos encontrado con bastantes vehículos que prestan este servicio. Ante la denuncia de usuarios y gremios del transporte público de pasajeros, nuestra labor corresponde en verificar que efectivamente se dé cumplimiento a la normativa”, indicó.
"La gente normalmente es reacia a la fiscalización y más cuando uno detecta este tipo de informalidad, a veces hemos tenido que llamar a carabineros para que nos vaya a acompañar por el hecho de que la gente se está oponiendo a la fiscalización", añadió.
De esta forma, Muñoz relata que "en una oportunidad un conductor, al saber que estábamos nosotros se dio a la fuga, nosotros lo dejamos citado por no detenerse ante una señal de un inspector fiscal", continuó.
El funcionario explica que si bien la aplicación no es ilegal, sí lo son los servicios prestados por estos vehículos, debido a que no cuentan con las exigencias básicas que si cumple el transporte establecido, como las dos revisiones técnicas anuales, la licencia profesional y los seguros.
En cuanto a las multas fijadas, los conductores pagarían hasta 3 UTM, mientras que los propietarios de los vehículos arriesgan pagos desde las 3 a las 15 UTM y en caso de reincidencia las multas ascienden desde las 5 UTM a las 20 UTM.
Por su parte, Oscar Pereira, Seremi de Transportes, señaló que “como Gobierno estamos trabajando fuertemente en reforzar la fiscalización que realizamos al transporte ilegal, junto con ello, actualmente, se encuentra ingresado un proyecto de ley para regular el uso de las plataformas, que entre varios aspectos, espera ampliar las medidas de seguridad con las que hoy operan”.
“Para nosotros es primordial que las personas se trasladen en un transporte que está debidamente inscrito y que cuenta con un conductor profesional. Vamos a ser enfáticos, como siempre lo hemos sido, en fiscalizar y controlar que los vehículos de transporte público cumplan con las normas y que los particulares que prestan servicio como transporte público, sin cumplir las reglas y normativas legales del país, reciban una sanción y que dejen de operar de forma ilegal”, añadió Pereira.
Sin embargo, desde la aparición de estos servicios se ha manifestado la molestia de algunos usuarios respecto a las restricciones establecidas, según mucho de ellos, el transporte de este tipo de aplicaciones sería más fácil de usar y más cómodo para ellos. El debate está instalado, principalmente entre los trabajadores de Uber y los taxistas.