Finalmente, este 11 de enero se inscribieron los candidatos y listas para las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y miembros de la Convención constituyente, que lucharán por sus respectivos cargos el próximo 11 de abril. Las noticias hablan de un total de 22 mil candidatos, que disputan los 2.768 cargos, cifras excepcionales en la historia de Chile.La madre de todas las batallas, como han reconocido los líderes de los partidos y la opinión ciudadana, es la elección para el órgano que elaborará la nueva Constitución. Para ello se inscribió una lista de Chile Vamos (que incluye al Partido Republicano), y varias listas de la oposición: Lista del Apruebo, de la Unidad Constituyente (DC, PS, PPD, PR, PRO y Ciudadanos, y algunos exmiembros del Frente Amplio); Apruebo Dignidad, alianza de izquierda que incluye al Frente Amplio y al Partido Comunista; Dignidad Ahora, de los partidos Humanista e Igualdad; además de otra del Partido Ecologista Verde y una de la Unión Patriota. También hay listas creadas para esta circunstancia, como Independientes no Neutrales y otras. A todas ellas debemos sumar numerosos candidatos independientes que han decidido sumarse a la lucha electoral.Quizá lo más notorio sean tres cosas. La primera es la capacidad de la centroderecha para lograr la unidad, frente a la dispersión de la oposición; la segunda es el interés de participar, graficado en la ampliación de la oferta electoral, la mayor de las últimos décadas; finalmente está el elemento de incertidumbre, tanto por las distintas alternativas como a la existencia de escaños reservados y la originalidad representada por la paridad. Todo esto, sin duda, deparará sorpresas la noche del 11 de abril, a la hora de los conteos, aunque sea previsible una mayoría –de cifras difíciles de predecir– de los partidos tradicionales.Ahora solo resta iniciar una campaña que incluya una discusión de ideas y un proyecto de futuro, y no solo la tradicional retórica negativa o populista. Es de esperar, además, que la Convención constituyente goce de una adecuada legitimidad en el ejercicio de sus tareas. Nada de esto es fácil, considerando el exceso de expectativas que se han puesto en el proceso y el deterioro de la calidad de la política que vive el país. 

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