Es importante comprender que la delincuencia, y particularmente sus manifestaciones más complejas, el narcotráfico y el terrorismo, requiere medidas serias y no simplemente efectistas.
En la Mesa Nacional de Seguridad que convocó el año pasado el Presidente Piñera con académicos, expertos, parlamentarios y alcaldes de todo el espectro político, fuimos capaces de proponer 150 medidas para mejorar la seguridad en nuestro país, algunas de las cuales se tradujeron, por ejemplo, en modificaciones a la Ley de Control de Armas que ve el Senado.
Pero falta lo más importante. Recursos para que municipios implementen medidas del Plan Comunal de Seguridad, que elaboran los consejos comunales de seguridad, integrados por Alcaldes, Fiscales, Carabineros, Policía de Investigaciones, Senda y vecinos a través del Consejo de la Sociedad Civil; que deben estar alineados con el Sistema Táctico Operativo Policial de Carabineros, respecto a las zonas donde está concentrado el delito. En el gobierno anterior comunas como La Serena, Coquimbo y Ovalle, tuvieron más de 1.000 millones de pesos para que los vecinos pudieran presentar sus propios planes de seguridad, y hoy se echa de menos esos recursos.
Otro tanto ocurre con el terrorismo, cuando llega un sobre a una comisaría, explota y causa lesiones a ocho Carabineros. Vemos falta de inteligencia policial para desbaratar grupos que han estado detrás de atentados similares, como el sufrido por el ex presidente de Codelco, Oscar Landerretche, o el paquete enviado al presidente del Metro, Louis de Grange. Y también vemos improvisación al constatar que los últimos cuatro ministros del interior de dos gobiernos han enviado cuatro propuestas distintas con indicaciones de reforma a la ley antiterrorista. Esperamos que el Senado pueda avanzar en este proyecto que está hace años en la Cámara Alta, que debe verse complementado con fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia, que es la gran falencia que tenemos en materia de terrorismo.
Porque la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico, se enfrentan con medidas serias y no con acciones efectistas cómo incorporar las Fuerzas Armadas en el combate del tráfico de drogas, cuyo decreto del gobierno debió retirar de la Contraloría por estar fuera de la ley; o sobrevolar poblaciones ante las cámaras de televisión, cuando al mismo tiempo un terrorista es capaz de mandar una bomba por carta hiriendo a los funcionarios de una unidad policial.
