Durante las última semana el reajuste salarial ha dado de que hablar a lo largo del país, llegando a un punto de conflicto en donde se arriesga la posibilidad de que el reajuste no se concrete durante este año.
La propuesta del Gobierno consistía en un reajuste automático dependiente del crecimiento económico y una inflación proyectada al 3% para los próximos 4 años, propuesta que fue rechazada por el Senado y se planteo la propuesta de la Comisión Mixta de realizar un reajuste a 286 mil pesos a partir del 1 de agosto y de 300 mil pesos desde marzo del 2019.
Ante esta propuesta de Ley, el Gobierno decidió aplicar el veto por sustitución al proyecto ya aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, aparentemente porque no está dispuesto a ceder ante una futura renegociación, generando una fuerte critica por la oposición y causando mucho ruido en la ciudadanía.
De esta manera cabe preguntarnos, ¿Fue el veto una buena manera para realizar un buen Gobierno por parte del oficialismo? Claramente no, el veto es un herramienta establecida en la constitución de la que pueden hacer uso el Presidente de la República para evitar la promulgación de una Ley, herramienta que fue impulsada durante la dictadura y que es altamente represiva y autoritaria, de manera que aplicarla en un tema tan urgente e importante evidentemente no daría buenos resultados.
Esta es una forma vergonzosa de realizar política, ya que es una tema que afecta directamente a las personas más necesitadas del paisa y que influye significativamente en la reducción de la desigualdad, y se ha visto afectado por la incapacidad de dialogar de forma prudente y oportuna tanto desde el oficialismo como desde la oposición, realizando más que nada politiquería en vez de discusiones serias.
De esta manera, es urgente que el Gobierno recapacite y realice una propuesta que la oposición tome con seriedad y se logre obtener un reajuste que beneficie a las personas que tanto lo necesitan, ya que la política es una función pública donde hay temas en los que el Gobierno y la oposición deben dialogar de forma madura y llegar a acuerdo por el bien de la ciudadanía.
