Una economía que marcha a paso lento, y que ha mostrado su más cara menos favorable específicamente en los indicadores nacionales y regionales de desempleo, configura un panorama que sin duda nos llama a la preocupación.
Los grandes desafíos que enfrenta nuestra región en esta materia pasan por alcanzar un adecuado nivel de desarrollo, de la mano de un incremento significativo de su productividad y la disminución de sus niveles de desigualdad.
En buena parte de las sociedades que han logrado equilibrar el bienestar y cohesión social, la ecuación entre un buen desempeño empresarial, junto a políticas laborales innovadoras impulsadas por los gobiernos y agentes locales que permiten incorporar a los sectores más desfavorecidos al mundo del trabajo, han sido fundamentales para alcanzar estos dos propósitos de manera simultánea.
Desafortunadamente, nuestra región no ha hecho todo lo esperable en estas materias, pues aun persisten problemáticas estructurales en los componentes de competitividad empresarial, al tiempo que presenta llamativos rezagos en el acceso, calidad y productividad del trabajo, particularmente de las personas de menores ingresos y mayor vulnerabilidad.
Una agenda laboral seria y responsable, basada en las libertades y en el progreso social, debiese estar alejada de la idea que el mercado del trabajo logra “per se” su propio ajuste y que sólo con el crecimiento adecuado todos tienen acceso a éste. Las porfiadas cifras muestran que ya por varios años tenemos tasas estructurales de desempleo regional entre los segmentos más vulnerables de nuestra población, principalmente por las profundas fallas en la capacidad de generar valor desde el mundo del trabajo, explicadas básicamente por la existencia y persistencia de un mercado laboral segregador que se sustenta en la existencia de muchos empleos precarios, sin capacidad de entregar a los trabajadores adecuados niveles de competencias, capacitación y empleabilidad que redunden en experiencias labores enriquecedoras.
También resulta responsable alejarlas del otro polo, en el que se fomentan políticas intervencionistas y regulaciones que interceden hasta en los mismos procesos productivos de las empresas, dificultando la necesaria capacidad de adaptación que hoy requieren las empresas regionales para competir, particularmente para el caso de las MIPYMES. Es deseable igualmente evitar caer en el voluntarismo y la tentación de impulsar políticas y programas asistencialistas que apuntan a incrementar las transferencias del estado a aquellos sectores con mayor desempleo, creando empleos temporales con baja calificación para justificar escenarios como los que actualmente estamos transitando.
El camino de la capacitación y formación de capital humano puede ser el principal mecanismo mediante el cual se pueden desarrollar los conocimientos, aptitudes y competencias requeridas en el ámbito laboral. Ellas, a su vez le permiten acceder a los trabajadores a mejores oportunidades, calidad de vida y adaptabilidad a los cambios tecnológicos y de negocio, lo que de paso contribuye a mejorar la productividad de la región. Considerando que el entrenamiento y desarrollo de conocimientos y capacidades tiene un alto componente de bien público, la participación del Estado como facilitador y promotor del mejoramiento del capital humano es aun escaso.
Este no es un aspecto relacionado necesariamente con la forma, sino más bien con el fondo, pues si bien es cierto que existen iniciativas y programas de organismos públicos, en los hechos están desintegrados de una estrategia de desarrollo de productividad laboral en la región. Se requiere por tanto apuntar los esfuerzos para la implementación de un programa de gran escala regional que permita impulsar, por un lado, estímulos para el mejoramiento de competencias de nuestros trabajadores. Así mismo, un sistema innovador de formación de competencias laborales que debe considerar al menos la evaluación de continua de sus competencias, su capacitación y posteriormente su certificación. Lo anterior debe ir acompañado de un adecuado sistema de intermediación laboral que permita la rápida y adecuada inserción laboral y permanencia en el mercado laboral, particularmente de aquellos más postergados como son las mujeres y jóvenes vulnerables. Una tercera iniciativa debiese apuntar a reorientar el actual proceso de diagnóstico de las competencias requeridas para acceder a determinados cargos y funciones, lo que permitirá un adecuado reforzamiento de lo aprendido y eventuales rediseños del conjunto de las habilidades que los trabajadores de cada sector deben aprender.
En síntesis, una política pública seria, responsable e innovadora en materia de empleo requiere conciliar la necesaria libertad de cada trabajador y empresa para decidir por sí mismo, emprender e innovar. Al mismo tiempo, dichas políticas deben velar porque aquellos trabajadores que sufren los ajustes que todo proceso competitivo conlleva, o simplemente no logran acceder al mercado del trabajo, adquieran las competencias y condiciones que les permita instalarse en el mercado laboral. Solo de esa forma nuestra región alcanzará un crecimiento sustentable e inclusivo, con empresarios y trabajadores insertos en una relación colaborativa y apoyados inteligentemente desde el Estado.
Christian Aguilera Díaz - Follow me on Twitter: @c_aguilera_d
