Nuestro cobre

Hace 44 años, cuando se aprobó la nacionalización del cobre en Chile, hubo algunas particularidades que conviene recordar. El proyecto, emblemático para el gobierno de la Unidad Popular, fue aprobado por la unanimidad del Congreso Nacional. La administración de Allende, con el respaldo jurídico de Eduardo Novoa Monreal, discurrió la teoría de las utilidades excesivas para no pagar el precio correspondiente a esta decisión. En el plano cultural, Quilapayún entonó la canción de Eduardo Yañez, titulada “Nuestro Cobre”, un himno que reflejaba una época.

Entre los versos más notables destacaba uno que señalaba que “para bien de los chilenos ya no seremos pobres”, que se complementaba señalando que “para siempre el cobre está en las manos de los trabajadores”. Más allá de las convicciones o la propaganda, lo cierto es que el mineral tenía una cierta omnipresencia económica y sentimental en Chile, que hacía que estos discursos fueran parte de la dinámica política de entonces.

Hoy la situación es más compleja por varios factores: por la ley Reservada del Cobre, por los costos de producción y paros en las empresas estatales y por los beneficios difusos que representa el cobre para los más pobres de Chile. A esto se suma una mala noticia: “Cobre cae a mínimo de 2009 y bordea costo promedio de producción de la gran minería” (El Mercurio, 19 de agosto de 2015). La conjunción de estos factores nos debe llevar a tomar decisiones sociales y políticas con gran responsabilidad.

Efectivamente el cobre, y la minería en general, son parte del corazón del desarrollo económico de Chile, así como los mineros son una de las mejores representaciones de la nacionalidad y la inversión en esta área es uno de los mayores bienes del país. No se puede controlar la situación externa ni el mercado internacional, pero sí se puede influir y decidir respecto de las políticas de fomento minero, las inversiones y los ahorros, la necesidad de incorporar nuevos capitales y adecuar la institucionalidad.

Esto podría llevarnos a pensar en fórmulas de administración de CODELCO más despolitizadas, que incorporen eventualmente capitales privados y donde los beneficios efectivamente lleguen a más chilenos, y especialmente a los que tienen menos, para que en realidad puedan sentir que el cobre es de ellos.