Un escenario contradictorio enfrenta la comunidad internacional a propósito del conflicto interno en Venezuela. En la reciente reunión de cancilleres que se realizó en Lima el martes 8 de agosto, Chile junto a Perú y Brasil evitaron calificar de dictadura al gobierno venezolano. Sin embargo, la cita de cancilleres que reunió a 17 representantes, tenía como objetivo resolver la ruta de acción frente al restablecimiento de orden democrático en la hermana nación y las eventuales sanciones aplicables. Llama la atención, que algunos países demostraran mayor dureza respecto a las posibles sanciones que en principio se quisieron aplicar a Venezuela, como Colombia por ejemplo, que recomendó se iniciase una masiva retirada de Embajadores y se suspendieran las relaciones diplomáticas con el objeto de aislar políticamente a Venezuela, en una manifestación de rechazo a la controversial Asamblea Constituyente.
Chile mantuvo una postura propositiva, pues la cancillería apuesta a formar parte de un proceso de normalización democrática en Venezuela, claro que no existen aún atisbos ni intenciones de permitir una mediación por parte de Maduro, quien además por estos días ha realizado algunas acciones que ponen en contradicción los discursos que tachan de golpe de estado la elección de la Asamblea Constituyente. Hace unos días, el Mandatario venezolano en un acto inesperado se sujetó públicamente al artículo 349 de la Constitución Bolivariana que pone al Mandatario bajo el alero del poder constituyente, supeditado a éste y sin atribuciones para objetar siquiera, la carta fundamental que debe emitir dicha institución.
Para algunos, incluyendome, la Asamblea Constituyente es una oportunidad para utilizar las instituciones y reconstruir el orden democrático. La misma oposición venezolana ha decido participar de la siguientes elecciones regionales programadas originalmente para el 10 de diciembre y que fueron adelantadas para octubre por la Asamblea Constituyente. De esta forma se van legitimando las instituciones previstas en la propia Constitución Bolivariana. Además, hay que considerar que, si la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y los partidos de “ultraderecha” no inscriben a sus candidatos, no quedará mucho de la oposición tras estas elecciones. Esto lo ha comprendido muy bien Acción Democrática que este 8 de agosto inscribió a 23 candidatos dichas elecciones regionales.
Es curioso que mientras los cancilleres de varios países, en especial la representante de Colombia María Ángela Holguín, busquen dañar y aislar más a Venezuela, (considerando la reciente suspensión de Venezuela de MERCOSUR) internamente los propios actores involucrados están utilizando caminos de participación y competencia política para solucionar pacíficamente los conflictos y diferencias, llevándolas a la consulta popular.
Creo que es importante señalar que las instituciones funcionan siempre y cuando el sujeto político las quiera utilizar. La oposición ha decidido desconocer la Asamblea Constituyente en un comienzo por la forma en la cual fue convocada. Sin embargo, esta instancia estaba prevista en la Constitución de 1999 y posee algunas características que no son precisamente las que reiteradamente nos dicen los medios informativos. Algunos acérrimos críticos de esta institución, olvidan por ejemplo que la Constituyente significa que 545 constituyentes elegidos en la cuestionada elección del 30 de julio, entre 6.120 candidatos, podrán decidir planamente y representar amplios sectores de la sociedad en la creación y discusión de la carta fundamental que guiara a Venezuela en los proximos años. Texto que será escrito con una alta representación, pues es un hecho innegable que Maduro, quien la convocó, sí tiene un fuerte apoyo en Venezuela, de lo contrario la oposición ya se hubiese hecho con el poder hacer bastante tiempo.
Esta Asamblea Constituyente venezolana, institución tan poco reconocida y a la vez tan rechazada por la comunidad internacional,- ya no recuerdo si son 40 o 50 los países que la han rechazado- se compone de 364 representantes territoriales y 173 que representan sectores profesionales y gremiales. Considera a empresarios, campesinos y pescadores, incluso personas con discapacidad, además de estudiantes y representantes de la tercera edad. Y como muy pocos países lo hacen actualmente, entrega un lugar de representación para los pueblos aborígenes que considera 8 escaños, completando un total de 545 representantes. Ya muchos países quisieran tener una institución con dichas representaciones.
Venezuela puede solucionar sus problemas a través de tamaña institución, independiente que su convocatoria se denuncie como viciada, el poder constituyente del pueblo venezolano puede sanearla, y puede hacerlo pues es un poder soberano, aunque se diga que Maduro controla la Constituyente, esta está conformada por cientos de representaciones, es mucho más amplia que nuestro propio Congreso Nacional y que cualquier otro en América Latina. (Excepto por la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba). La participación de la oposición en las elecciones que adelantó la Asamblea Constituyente significa un reconocimiento y una esperanza legitima de retomar el ejercicio democrático pacíficamente.
La invitación al pueblo venezolano- al chavismo y a la oposición- es a utilizar la propia Asamblea Constituyente, y rearmar la política y la democracia venezolana, pues no deben olvidar de donde emana su poder, aunque haya sido convocado por Maduro, este poder emana de la soberanía popular y está por sobre el Mandatario. El que a su vez, esta constitucionalmente obligado a supeditarse a sus decisiones, incluso si ésta dispusiera deponer al mandatario y llamar a elecciones, podría hacerlo. Cosa que Maduro no debería desconocer.
La reunión de cancilleres y la declaración de Lima con sus 16 puntos, nos demuestra que aún la comunidad internacional está expectante y dividida. Estoy seguro que su credulidad no será tan fácilmente manipulada por los intereses económicos que busquen fraccionar la integración y los procesos de autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. Recordemos que normalmente escuchamos que tal o cual país o que tal o cual organización internacional rechaza el gobierno venezolano y sus mecanismos. Pero pocas veces escuchamos que Bolivia, Cuba, El salvador, Ecuador, Nicaragua, Rusia, Siria, Irán, entre otros efectivamente sí reconocen el proceso constituyente, y que muchos otros países no se han pronunciado aún, pues confían en que las propias instituciones venezolanas resolverán sus divergencias con autonomía y democracia. Es curioso que no escuchemos proposiciones frente al problema venezolano, pues sólo vemos y escuchamos la crítica y pocas veces consideramos ambos lados de la moneda.
La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela es una oportunidad de unidad y manifestación del poder soberano del pueblo, al margen de Maduro, al margen de los intereses que movilizan la maquinaria de la oposición. Estamos hablando de una plataforma resolutiva capaz de resarcir las diferencias y las heridas del pueblo venezolano, siempre y cuando sea el mismo pueblo venezolano quien aproveche esta oportunidad.
