• La viuda del sargento segundo Hans Knopke dio su testimonio una vez más.
  • Los seis acusados escucharon en silencio el relato de la viuda del sargento Knopke.
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El Día
En la séptima audiencia se continúo además con los antecedentes entregados por los peritos que presentó la Fiscalía, por lo que se espera que el día viernes la defensa pueda exponer sus medios de prueba y declaraciones, para llegar a la parte final del juicio.

Conmovida, María Cecilia Zepeda, esposa del sargento segundo Hans Knopke Briones (37), se presentó una vez más como testigo ante el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de La Serena, que trabaja para establecer las responsabilidades en la muerte de su esposo y del carabinero Luis Díaz Manríquez (25), quienes perdieron la vida en medio de un operativo de persecución policial, en noviembre de 2016.

Cerca de las 12:30 horas compareció ante el tribunal, relatando una vez más la forma en que recibió la dura noticia, que describió como el “momento en que mi vida se destruyó”. La funcionaria de Carabineros de Chile reafirmó que su esposo se encontraba en actos propios del servicio al momento de los hechos, y en un breve interrogatorio, la primera sala del tribunal quedó en completo silencio escuchando su narración.

3 de enero, fue la fecha en que comenzó el segundo juicio, luego de la anulación de las sentencias.

La mujer es uno de los últimos testigos que presentará la Fiscalía en las audiencias del nuevo juicio oral, tras la anulación del primero, quedando pendiente solamente un perito de la SIAT (Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito), antes de pasar a las pruebas y testigos que presentará la defensa en la parte final del proceso.

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Peritos

A través de una semana de audiencias, la nueva comisión de jueces ha conocido  con las declaraciones de los acusados y testigos, la cronología de los hechos, que parten en el sector de Tierras Blancas con la receptación de un primer vehículo, y continúa con un robo e intento de robo en Ovalle y la posterior huida de los seis sujetos a través de la ruta D-43, con los resultados fatales ya conocidos.

A la declaración de la esposa de Knopke, se suma la de uno de los conductores cuyo automóvil sirvió como parte del atochamiento vehicular, elaborado por carabineros en un intento por frenar el escape de los imputados, además de un perito planimétrico de la PDI, encargado de reconstituir el sitio del suceso en imágenes utilizadas como medios de prueba en el juicio.

En estos puntos, nuevamente las preguntas e intervenciones de las defensas se centraron en cuestionar el accionar policial ante la decisión de utilizar vehículos con civiles para detener una persecución, además de las supuestas dificultades de los acusados de percatarse de la presencia de los dos motoristas fallecidos en la ruta.

Posteriormente fue el turno del informático de la Fiscalía, que recepcionó y respaldó los archivos desde la tarjeta de memoria Micro SD de la cámara GoPro que llevaba uno de los motoristas, con la que se registraron los segundos previos y posteriores al impacto con el automóvil Subaru Impreza gris, en el que se transportaban los sujetos.

Ocho segundos faltantes

Al igual que en el primer juicio, uno de los aspectos más controvertidos sobre los que deberá pronunciarse el tribunal, son los ocho segundos faltantes en los registros audiovisuales presentados por los uniformados, que mostrarían el momento exacto del choque y que pudo haber servido para esclarecer el actuar de los implicados al encontrarse con los funcionarios.

Lo concreto es que esos segundos están perdidos, lo que ha generado críticas por parte de la defensa, que deja entrever una posible manipulación de la información contenida en la Micro SD, entregada por Carabineros al Ministerio Público, y posteriormente solicitada por la Defensoría Penal Pública para su análisis especializado.

"Hay una afectación de las grabaciones por el fuerte impacto que habría recibido la cámara, es una explicación bastante lógica". Claudio Correa, fiscal jefe de Coquimbo, por los ocho segundos faltantes.

Tras la sesión, el fiscal jefe de Coquimbo, Claudio Correa, indicó que, tal como declaró el testigo, “hay una afectación por el fuerte impacto que habría recibido la cámara”, por lo que descartó todo tipo de modificación de los archivos, que fue una de las preguntas realizadas por parte de la defensa al ingeniero informático en medio de la audiencia.

El debate por los ocho segundos restantes se intensificará el viernes, día en que se tiene contemplado para la presentación de los testigos y pruebas de la defensa, que según lo aportado por los distintos abogados, se trataría de otros peritos, entre ellos la encargada de revisar la memoria de la cámara, con el objetivo de esclarecer la pérdida de la información.

Por su parte, Correa adelantó también que para la próxima jornada se espera contar con la participación del perito de la SIAT y aprovechó de hacer un positivo balance de las pruebas que ha aportado el Ministerio Público, indicando que “han ido saliendo los distintos elementos que hemos querido destacar”, dentro del desarrollo del juicio. 

Se proyecta próximo término

Si bien en primera instancia el juez estableció el día 19 de enero como fecha límite para el término del segundo juicio, esta situación podría adelantarse en virtud del desarrollo de las audiencias.

Pese a que en los primeros días el debate dio vueltas en los primeros hechos registrados, generando incluso en el juez la sensación de “una repetición innecesaria” del relato, el litigio ha ido avanzando. Hasta la fecha ya se conocen la mayoría de los antecedentes y el viernes la defensa presentaría a sus testigos.

Esto plantea, según lo analizado por los protagonistas en los recesos en el tribunal, que durante los primeros días de la próxima semana ya se podrían realizar las audiencias para los alegatos finales del caso.

Una vez terminado el proceso, los jueces deberán deliberar y tomar la decisión de absolver o condenar a cada uno de los seis acusados por los delitos que se les imputan. En el primer juicio recibieron las sentencias por los distintos robos, pero el tribunal determinó que no había responsabilidad directa en la muerte de los funcionarios, absolviendo a los acusados del delito de robo con homicidio, situación que la Fiscalía intenta revertir.

 

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