Defensoría critica sistema procesal por aumento de encarcelados inocentes

La semana pasada la Defensoría Penal de la Región de Coquimbo llevó a cabo su Cuenta Pública de Gestión 2018.  El balance fue positivo, pero hubo un “punto negro”, y tiene que ver con la cantidad de personas inocentes que tuvieron que pasar tiempo privadas de libertad por “el abuso de la medida cautelar de prisión preventiva”, como forma para que los intervinientes pudiesen realizar las investigaciones. 

Para Inés Rojas, la jefa regional de la Defensoría, muchas veces “no se ponderan de manera adecuada los antecedentes”, y se aplica con cierta liviandad esta cautelar, “injustamente” ya que en gran porcentaje, al avanzar las causas, se determina que los imputados son inocentes o no condenados. 

El año pasado en la zona hubo 159 personas que tuvieron que vivir esta situación, algunas de ellas totalizando hasta seis meses en el encierro sin haber cometido ningún delito. Algo que, según Rojas, “es una tendencia nacional, ya que el número aumenta año a año, debido a que, pareciera ser, que la prisión preventiva es la única salida”, que está solicitando el Ministerio Público, siendo otorgada por los jueces.  

-¿Por qué se produce la problemática? 

“Es bastante simple. Estamos tratando de señalar a la ciudadanía la problemática que se produce respecto de las personas que quedan sometidas a la prisión preventiva, y posteriormente resultan absueltas o no condenadas. Es decir, luego de que muchas personas inocentes son sometidas a prisión preventiva la Fiscalía aplica la facultad de no perseverar en la investigación, o todo termina con un sobreseimiento definitivo”. 

-Hay un gran perjuicio para las familias de estas personas encarceladas injustamente…

“Exacto, para la familia y para ellos, al tener que pasar largos tiempos en la cárcel y sus causas terminan sobreseídas o absueltos”. 

-¿Cuál es la diferencia entre sobreseído y absuelto? 

“Absuelto es la persona que pasa tiempo en prisión preventiva hasta que finalmente tiene la posibilidad de ir a un juicio oral, y en ese juicio oral es declarado inocente. En el caso del sobreseimiento, éstas son solicitudes que se realizan durante la etapa de la investigación por parte de la defensa cuando consideramos que los antecedentes que existen no dan para acreditar la participación de las personas”. 

Dardos al sistema general

-¿Hacia quién apunta la crítica que hace la Defensoría?, ¿a la Fiscalía?, ¿a los magistrados?, ¿al sistema en general? 

“Mira, esto es una voz de alerta a todos los intervinientes del proceso penal. En primer lugar le queremos solicitar a la Fiscalía realizar investigaciones más acabadas, que consideren todas las circunstancias que rodean el delito. Ver y comprobar si la persona que está siendo imputada es la que cometió el delito, y tener todos esos antecedentes en forma clara antes de pedir una solicitud de prisión preventiva”. 

-¿Y qué le solicitarían a los jueces? Porque en definitiva son ellos los que deciden 

“A ellos les pedimos ponderar todos los antecedentes. Que no solamente se decreten las medidas cautelares por el delito que se está imputando. Porque muchas veces se trata de delitos contra la propiedad, que efectivamente tienen una penalidad alta, pero en el transcurso de la investigación se descubren nuevos antecedentes que dejan claro que la persona no tiene responsabilidad, o bien se llegan a procedimientos abreviados y con personas que no tienen antecedentes por lo que es posible acceder a penas sustitutivas, que en definitiva, finalmente permiten que cumplan la condena en libertad”. 

-¿Con esto último se refiere a que muchas veces pasa que mientras dura la investigación la persona está en prisión preventiva, pero cuando finalmente es condenada, esa condena la puede cumplir en libertad?

“Claro, entonces todo ese tiempo en que la persona está privada de libertad, nadie se lo va a devolver”. 

-Pero ahí hay un rol que es de la Fiscalía, ¿por qué piden cautelares tan restrictivas, si usted dice, a veces son desproporcionadas? 

“Por supuesto, por eso lo que nosotros pedimos es una ponderación clara de cuáles  son los antecedentes reales que hay en una investigación y que además hagan un pronóstico de la pena, que si hay posibilidades de que la persona posteriormente pueda cumplir la condena con una pena sustitutiva de libertad, se pidan otras medidas cautelares”. 

-¿Eso no lo está haciendo actualmente Fiscalía? 

“Lo que yo creo que se está haciendo es endurecer cada vez más las medidas cautelares que se les están imponiendo a los imputados. Son cada vez más restrictivas, y hay una política de mayor dureza por parte del Ministerio Público en la solicitud de medidas cautelares. Ellos tienen sus argumentos, pero lo que nosotros pedimos es mayor ponderación. Que se piense en lo que puede venir más adelante y que no se queden solamente con el caso en el momento en el que se pide la cautelar, sino que se haga la prognosis sobre lo que puede llegar a pasar y si efectivamente sólo la prisión preventiva es la que permite cautelar los fines del procedimiento, porque hay otras medidas cautelares como el arresto domiciliario, que también sirven y no que se abuse de la prisión preventiva”.

-Pero en definitiva, la Fiscalía puede pedir lo que quiera, ¿no son los jueces los que tendrían que ponderar mejor, de acuerdo a su crítica? 

“Efectivamente, porque la Fiscalía va a pedirla con sus argumentos, pero los jueces tienen que ponderar si efectivamente los antecedentes que se les exponen pueden dar para otorgar esta medida. Por eso también le solicitamos eso a los jueces, que vean si la única medida cautelar que es posible imponer a la persona es la prisión preventiva”. 

-¿Y los jueces no están haciendo la prognosis adecuada? 

“Mire, no en todas partes pasa lo mismo, pero creo que hay que avanzar. Hay que aplicar criterios incluso que se contemplen tratados internacionales que nos dicen que la prisión preventiva es la medida cautelar de última razón, es decir, lo último que se le imponga a una persona. Si tenemos un listado de otras medidas cautelares, que ojalá se prefieran estas otras, y no la prisión preventiva”. 

Una pena previa

-En el fondo, ¿se ha vuelto una condena previa la prisión preventiva? 

“Claro. Yo creo que la Fiscalía ante delitos que pueden ser considerados como peligrosos o que se consideran que se está atentando contra bienes públicos más importantes, ellos consideran que la prisión preventiva es lo que corresponde”. 

-¿Cree que influye en esto la opinión pública, que tanto la Fiscalía como los jueces se ven presionados a dictar la más dura de las cautelares? 

“Por supuesto que con la idea de que estamos viviendo en una sociedad de peligro, lo que la sociedad reclama es que la persona que cometió un delito quede privada de libertad. Muchas veces sale en los titulares de los diarios que un individuo quedó en prisión preventiva pero no se sigue lo que ocurrió en el juicio y la misma persona pudo haber sido absuelta. Muchas veces se critica a los jueces cuando no son duros, y ellos son atacados”. 

-¿Influye mucho el contexto de aparente “sociedad de peligro” entonces? 

“Yo creo que el contexto siempre va a tener un tipo de influencia. Todos somos seres humanos que nos vemos influenciados en lo que vemos alrededor. No es lo que se espera, y yo espero que los jueces en general apliquen la ley. Pero obviamente que el contexto va a influir”. 

Obviamente ningún juez va a querer aparecer dejando libre a un imputado por un delito de alta connotación social…

“Claro, y lo que sucede muchas veces en ese momento crítico inmediatamente después del delito, al aplicar la prisión preventiva, uno piensa que todo está acreditado en contra de la persona, que no hay atenuantes, y los jueces obedecen a eso que se le entrega en ese momento. Pero en el transcurso de la investigación, lo que en principio parecía estar muy claro se va diluyendo. A veces el tiempo va clarificando mejor las cosas, llegando a condenas muy menores”.