Desconfianza en las instituciones: complejo fenómeno detrás de funas y linchamientos

Horas de tensión se vivieron en La Serena por las consecuencias de una noticia que indignó a la comunidad: un sujeto llegaba a su casa tras ser “dejado libre” luego de ser denunciado por un abuso sexual por parte de una compañera de trabajo al interior de un minimarket.

Un grupo de cerca de 50 personas se congregó en el frontis de la vivienda del involucrado, con pancartas con la consigna “Violador”, para luego trasladarse al local comercial haciendo sentir su rabia, frente a lo que señalaban, era un nuevo acto de impunidad.

La manifestación fue celebrada por un número importante de ciudadanos que repudiaron el hecho en redes sociales, acusando inacción por parte de las instituciones involucradas y respaldando el hecho de tomar justicia por sus propias manos.

Cabe señalar que el sujeto fue detenido este viernes y enfrentaría cargos por abuso sexual y también por microtráfico de drogas.

Pero este tipo de “funas” no son algo nuevo. Son varias las veces en que la sociedad ha decidido tomar cartas en el asunto frente a hechos de este tipo. Las causas son varias, pero expertos apuntan a la creciente desconfianza en las instituciones, tanto policiales como los mismos tribunales.

Así lo explica el sociólogo y docente de la Universidad Central, sede Región de Coquimbo, Daniel Fredes, quien evita calificar estos hechos como respuestas desmedidas ante la indignación social y realiza un análisis de los factores que llevan a este tipo de escenarios.

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Castigos informales 

El profesional detalla que varios estudios a nivel internacional han ahondado en este apoyo al “castigo informal”, como detenciones ciudadanas y funas, que se han levantado en respuesta a actos cuestionables o ilícitos.

“Por un lado, el hecho de haber sido víctima de un delito”, sostiene, pero también la baja confianza en las policías y la percepción de “inefectividad del sistema penal”, serían factores que están “convenciendo a la sociedad de hacer estas prácticas de acciones ciudadanas frente a una amplia gama de hechos”.

Pero también recalca que “estamos en un país donde la capacidad del Estado de prevenir, de controlar y castigar es altamente cuestionada”, dando paso a “una sensación de impunidad, de que si no hago justicia por mis propias manos no la voy a tener”, agrega.

En definitiva, estima el profesional, estos hechos dan cuenta de “los límites y las crisis” de las instituciones en el país.

“Entendamos que el hecho de que existan mecanismos formales e instituciones para resolver conflictos tiene que ver con que se haga justicia, que haya una evaluación apegada a ciertos procedimientos legales, objetiva y lo más imparcial posible. Por tanto, que la ciudadanía tenga que actuar por sus propios medios, da cuenta de la crisis de la efectividad de los mecanismos de control y de las instituciones”, declara.

¿Debe significar esto algún mensaje para las autoridades? Para Fredes está claro: “hay que hacerse cargo”.

“Despolitizado” 

El sociólogo Juan Rojas explica que la funa se ha utilizado “como instrumento” desde los años ’90 en diferentes países de Latinoamérica, donde se ha apuntado a la falta de justicia en temas de derechos humanos. De la misma forma, la sociedad se ha ido “despolitizando” y esta desconfianza en las instituciones la llevaría a generar cierta “gobernanza” sobre las mismas.

“La gobernanza es cuando el ciudadano común y corriente genera un cierto control con sus autoridades. Creo que ahí es donde está el llamado de atención, donde los jueces no están haciendo la pega, los carabineros, el doctor, el profesor no hacen la pega”, indica.

El profesional sostiene que esto ha permeado a las más distintas instituciones. “¿Qué sentido tiene ir a quemarle la casa a una persona si uno no sabe si es o no violador? Uno no tiene la certeza a menos que se haya aprobado. Ahí entramos a otras instituciones, como el Servicio Médico Legal, que tendría que probar el abuso”, indica

Rojas considera que “el ciudadano común y corriente está cansado, está fatigado de que no le resuelvan los problemas, entonces ha tomado su propia iniciativa para resolver sus dificultades”, algo que no solo aplica a delitos de este tipo, su no también a hechos de corrupción, por ejemplo, que agregan la sensación de que “la justicia es solo para unos y para otros no”.

El riesgo de adelantarse 

¿Qué sucedió en La Serena? Desde la Fiscalía confirmaron a El Día que se recibió una denuncia por abuso sexual contra una joven. Según detallaron, el imputado fue puesto bajo apercibimiento este jueves, a la espera de las investigaciones que se encargaron a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI.

Este viernes, según confirmaron a nuestro medio, el Juzgado de Garantía emanó una orden de detención en su contra, la que fue ejecutada por la policía civil. De esta forma, el individuo sería formalizado durante la jornada de hoy, oportunidad en la que se deberán decidir las medidas cautelares y proseguir con el proceso penal.

A juicio de la jefa de Estudios de la Defensoría Penal Pública, Yasna Rojas, la acción del Ministerio Público “está dentro de lo que corresponde” y en las posibilidades que otorga el mismo proceso penal en este tipo de delitos.

“Si hay una denuncia y no estamos frente a un hecho flagrante, corresponde lo que hizo el Ministerio Público, que es enviar los antecedentes a las policías respectivas, para que ellos realicen las diligencias de investigación que tengan por objeto recabar antecedentes, que permitan de algún modo respaldar o no la denuncia de la víctima y judicializar la causa”, sostiene.

La abogada es categórica en condenar “cualquier tipo de detenciones civiles, por redes sociales o, como en este caso en particular, que va más allá de eso e incluso afecta a la propiedad privada de estas personas y también de su honra, porque mientras no tenga una condena de por medio, se resguarda su presunción de inocencia”.

En la misma línea, Rojas recuerda que existen muchas personas imputadas por delitos que terminan en la cárcel y que son inocentes, o no por imputaciones “que no son acreditadas fehacientemente y luego son absueltas o sobreseídas”.

Casos delicados

La defensora llama a esperar el resultado de investigaciones para no hacer juicios previos y cita el caso de Tomás Bravo, niño que apareció muerto tras ser intensamente buscado en Arauco. Se detuvo a su tío por un presunto abuso, lo que convocó una turba de personas frente al cuartel donde estaba aprehendido.

“Hubo un intento casi de linchar a la persona que estuvo imputada por este delito, que era el tío abuelo del niño. Ahí claramente hubo una anticipación, un actuar que fue bastante desproporcionado, porque cuando se hizo la audiencia, quedó sumamente acreditado que no habían antecedentes serios para un imputarle un hecho en calidad de autor”, dijo.

“Uno trata de entender esta forma de reacción por parte de la ciudadanía, pero claramente acá lo que corresponde es que los operadores del sistema hagan su trabajo. A veces por apresurarse se corren esos riesgos, que el juez estime que los antecedentes no son suficientes para una cautelar tan gravosa como es la prisión preventiva”, agregó.

Percepción y datos 

La defensora reconoce que existe una percepción de impunidad alta, pero sostiene que esta no se condice necesariamente con la realidad.

“Al ciudadano que ve las noticias, ve los matinales, siempre le queda la sensación de impunidad, como si el sistema no funcionara, cuando en realidad las estadísticas dan cuenta de que somos uno de los países del mundo que tienen más personas privadas de libertad”, indica.

En la misma línea añade que “generalmente se quedan en la retina de la opinión pública estos casos que son más paradigmáticos de que la persona quedó libre o es un caso injusto, pero en general, a 20 años del inicio de la Reforma Procesal Penal, yo creo que es todo lo contrario, hay mucha gente privada de libertad que está cumpliendo condena por delitos”.

En este punto, Rojas menciona los casos en que los imputados no quedan en prisión, pero siguen cumpliendo condena. “La persona que queda afecta a un sistema de pena sustitutiva, tiene que firmar y tiene obligaciones que cumplir”, señala, por lo que apunta a un desconocimiento del proceso penal frente al cual la DPP ha lleva adelante campañas de difusión para educar a la ciudadanía en este tipo de temas.