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Lautaro Carmona
Cuando el Covid-19 golpeaba con más fuerza, también fuimos testigos de terribles hechos de sangre. Incluso, en un lapso de dos meses hubo 7 asesinatos, y las cifras oficiales dan cuenta de que este año la región registró 35 homicidios, algunos todavía sin esclarecerse. Todos impactaron, pero sin duda existieron los que mayor conmoción generaron fueron los que involucraron a mujeres y a niños.

En un año marcado por el Covid, también ha existido una pandemia de violencia. Hechos de sangre que han enlutado a la región y que tienen a las policías y al Ministerio Público trabajando para esclarecer crímenes con diferentes motivaciones, como ajustes de cuentas, transacciones ilegales, robos, o antecedidos de trágicas historias de dolor. 

Son 35 los homicidios. Cifra mayor a un año promedio y superior al 2019. Desde luego, cada uno de ellos destruyó a familias, arruinó sueños y futuro, y quienes sean responsables deberán asumir las consecuencias, por truncar una vida humana. Pero evidentemente que algunos casos han generado mayor impacto que otros en la comunidad, ya sea por sus características violentas, las víctimas, y la connotación pública que han provocado debido a que han develado, incluso, varias falencias del sistema en su conjunto. 

Yulisa y un sistema que falló

El caso de la joven Yulisa Cerda de 22 años, puso al descubierto la debilidad del sistema de protección a las víctimas, y en particular, las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión. Fue la noche del 28 de abril cuando el Pasaje Alfredo Meloso de Las Compañías, se convirtió en el escenario en el primer femicidio del año. Un sujeto, ex pareja de la víctima la asesinó al interior de su propio domicilio, disparándole en dos oportunidades con un arma de fuego. 

Los hechos se produjeron alrededor de las 22:30 horas, cuando la joven, quien vivía junto a una hermana y la pareja de ésta, quedó sola en la casa con el individuo. En ese intertanto se produjo una discusión que terminó con el fatal desenlace. 

Yulisa no murió instantáneamente, ya que el propio autor del crimen, con la ayuda de un vecino del lugar, la trasladaron hasta un centro de salud, pero debido a la gravedad de sus heridas falleció pasada la medianoche. Hasta ahí, la historia ya era terrible, pero la impotencia de la familia aumentó cuando se enteraron de todo lo que había tenido que sufrir la joven con este sujeto, del cual intentó alejarse, pero no pudo sacárselo de encima. 

El imputado tenía antecedentes penales por distintos delitos y había salido de la cárcel el 19 de agosto del 2019. Posterior a ello, inició esta relación con Yulisa, la que estuvo marcada por los malos tratos y la violencia. De hecho, según los antecedentes que se recabaron en su minuto, existían tres denuncias previas de la víctima por agresión, interpuestas en los meses de diciembre del 2019, y posteriormente en enero y febrero del 2020, las que fueron realizadas en Carabineros y derivadas al Ministerio Público. La pregunta surgió de inmediato. ¿Por qué no se tomaron medidas de protección? Tanto desde la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Ivón Guerra, como desde otras agrupaciones civiles alzaron la voz reclamando por qué no se había resguardado la integridad de Yulisa teniendo en cuenta estos antecedentes. 

Lo cierto es que existían audiencias pendientes a propósito de estas causas, pero se aplazaron, y el agresor tuvo el tiempo suficiente para volver a atacar, ya que nunca existió formalización. Sin embargo, según se ratificó más tarde, desde Fiscalía sí podrían haber solicitado alguna medida de protección previas a este procedimiento judicial, pero no se realizó. 

Días más tarde el propio sujeto se entregó en el cuartel de la PDI de La Serena, en compañía de un abogado, y tras la audiencia de control de detención fue formalizado por el delito de femicidio, quedando en prisión preventiva. Además, se conoció otro antecedente, el sujeto no sólo no podía acercarse a la joven, sino que cometió este crimen en momentos en que cumplía otra pena en libertad por otro delito. 

Imperdonable

Fueron meses donde el Covid no dio tregua, y la sangre se continuaba derramando. Entre mayo y junio se cometieron siete homicidios en La Serena y Coquimbo. La violencia parecía ir en escalada marcando la pauta las riñas simples y también los ajustes de cuentas. Es en esta última categoría dónde cabría uno de los hechos que impactó tanto como el femicidio de Yulisa Cerda, sobre todo por la edad de la víctima, completamente inocente y recién iniciando su vida. 

El 17 de junio del 2020, en la intersección de calle Aconcagua con Carlos Cruzat, también en Las Compañías, falleció producto de un disparo, una niña de tan sólo tres años de edad. Claramente la menor era víctima de las injustas circunstancias ya que esa bala no era para ella. 

Desde un comienzo todo fue muy confuso y todavía no hay condenados por este crimen. Según informaron las autoridades policiales en ese minuto, los hechos se habrían producido por un ajuste de cuentas, aunque la dinámica tuvo características cinematográficas. Claro, durante la noche la familia constituida por una pareja y tres hermanos, siendo la víctima la menor, salió de su casa a bordo de su automóvil rumbo al terminal de buses, ya que el padre, un joven de 24 años debía retornar a su trabajo en faenas mineras luego de algunos días de descanso. Eran cerca de las 21:15 horas, cuando se percataron que otro vehículo los iba siguiendo. 

De inmediato se preocuparon. Claro, a bordo del móvil venían dos individuos conocidos, de hecho, vivían en el mismo sector, con quienes previamente habían tenido una fuerte discusión. No era difícil imaginar que intentarían vengarse, “ajustar cuentas” por lo que intentaron eludirlos, sobre todo porque la pareja no iba sola, sino que llevaban a los tres menores de 9, 4 y 3 años y no querían que nada les pasara. 

Se produjo una persecución por varias arterias, sin embargo, al llegar a la intersección de las calles Aconcagua con Carlos Cruzat, el automóvil en el que venían los dos sujetos se les atravesó impidiéndoles el avance. De inmediato vieron como uno de los individuos sacó su mano por la ventana con una pistola, apuntó y disparó sin darles tiempo para proteger a los más pequeños. La desesperación los embargó, pero volvieron en sí, y atinaron a ir al centro de salud más cercano, al Cesfam Juan Pablo Segundo. Allí, el personal de turno hizo todos los esfuerzos para salvar a la pequeña y ella también se aferraba a la vida, pero no pudieron lograrlo. Finalmente, a las 22:27 falleció, casi una hora después de haber recibido el disparo. 

Familia destruida

La detención del primer imputado y formalizado no tardó mucho. Dos días después de ocurrido el trágico episodio un sujeto de 22 años estaba en prisión preventiva. Sin embargo, a la larga la investigación no sería tan breve ya que todavía no existe un responsable. De hecho, a estas alturas son dos los detenidos, según la madre de la pequeña, quien conversó con Diario El Día, “echándose la culpa entre ellos”. 

Aracelly Jorquera está destruida. Afirma que no puede entender cómo la justicia demora tanto, y tampoco se explica por qué estos sujetos, sea cual sea el autor material, hicieron lo que hicieron. “Tenemos a dos personas en la cárcel, esperando ser sentenciados. El proceso va muy lento. Ni siquiera sé por qué lo hicieron. Con uno de ellos yo estudié, iba a la casa, compartía con su familia, éramos casi hermanos y nunca supe por qué hicieron esto”, expresa devastada al recordar a su hija menor, quien no pudo pasar la Navidad con ella, ni con sus hermanos, quienes no hay día en que no pregunten por la víctima.

“No sabes el daño irreparable que hicieron, tanto a nosotros como padres como a nuestros hijos. El de cinco años me dice que va a llamar al papá Dios para que le dé permiso a su hermana y venga a dormir con él”, expresa, esperando justicia. 

Anaís y una historia de dolor

Si el caso de Yulisa Cerda puso la voz de alerta respecto a la vulneración en la que se encuentran muchas mujeres que sufren agresiones, y la poca o nula protección que les brinda el sistema, lo de Anaís Godoy (16), reafirmó esta teoría. La adolescente fue violada, realizó la denuncia y ante la impotencia de no ver justicia terminó quitándose la vida, la tarde del domingo 28 de junio del 2020, en su casa de la comuna de Vicuña. 

Según contaron familiares, nunca pudo superar la depresión que la persiguió desde el 18 de septiembre del 2018 cuando fue agredida sexualmente por un sujeto en la Pampilla de San Isidro. El victimario era un conocido de la niña que en ese momento tenía sólo 14 años, y una vez que concretó su delito la amenazó para que no contara nada ya que, si hablaba, él lo negaría y diría que se trató de un hecho consentido. 

Anaís tuvo miedo y vergüenza, porque, además, el individuo mantiene un amplio prontuario policial y condenas por delitos violentos. Pero finalmente se armó de valor un mes después y el 18 de octubre decidió romper el duró silencio, luego que le contara lo sucedido a la profesora jefa de su colegio desde donde llamaron a sus padres para que realizaran la denuncia en la PDI. 

La Fiscalía ordenó iniciar una investigación, sin embargo, no obtuvieron resultados y el caso se archivó provisionalmente en el mes de mayo del 2019, siete meses después de haber comenzado a indagar. Pero, ¿qué hizo el Ministerio Público para esclarecer el delito en su momento? Esta es la interrogante que se plantearon en la familia de Anaís Godoy, ya que, para ellos, “el asunto fue tomado muy a la ligera. Simplemente no le creyeron”, dijo su prima Ángela Ramírez, a Diario El Día, el pasado 18 de agosto de este año. 

Y claro, al solicitar la carpeta investigativa, los familiares se dieron cuenta que la única diligencia que se realizó fue la entrevista con la adolescente, algo que admitió el propio Fiscal Regional Adrián Vega. “En este caso, atendida la demora de la denuncia, se tomó la decisión de tomarle declaración a la víctima, la cual, en su relato, y sin prejuicio de otorgarle credibilidad al mismo, no daba suficientes antecedentes ni resguardo de evidencia que pudiesen acreditar el presupuesto material del delito”. 

Reapertura

La comunidad de Vicuña estaba indignada. Salieron en masa a las calles en medio de la pandemia a exigir justicia para Anaís. Incluso las autoridades tomaron cartas en el asunto y desde la Seremi de la Mujer y Equidad de Género se reunieron con la familia. El alcalde de Vicuña, Rafael Vera, también instruyó que un abogado del municipio asesorara a las víctimas. Pero sin duda, el apoyo de las abogadas de Abofem (Asociación de Abogadas Feministas) fue fundamental, ya que lograron que el caso se reabriera, lo que tiene actualmente a la Policía de Investigaciones realizando pericias e indagatorias que no se efectuaron en su momento, pero que hoy sí podrían determinar la responsabilidad del sujeto imputado. Pese a que ya haya pasado demasiado tiempo, en la familia no pierden la esperanza. 

A sangre fría

El 16 de octubre fuimos testigos de uno de los homicidios más chocantes del 2020. Esto, porque pudo ser capturado por las cámaras de vigilancia del lugar donde ocurrió, en Coquimbo. Allí, en la intersección de Carlos Lorca Tobar con Avenida Alessandri, en Sindempart, un sujeto de 26 años se acercó a una pareja, y tras una breve discusión sacó un revólver disparando en varias oportunidades contra el individuo de 34 años que iba con su polola. 

El crimen fue a sangre fría. A tan sólo metros de distancia, en pleno día y ante la mirada atónita de los transeúntes que, pareció ser, se centraron más en grabar el episodio que en ayudar al herido, que falleció minutos más tarde, y el autor de los balazos huyó del lugar. 

Entrega voluntaria

Cuando habían pasado 7 días desde el fatal episodio y con la Policía de Investigaciones todavía intentando dar con el paradero del homicida, sucedió lo inesperado. Él mismo, a sugerencia de un abogado, concurrió hasta las dependencias del cuartel de la PDI en La Serena para entregarse, confesar el crimen y enfrentar el proceso. 

En ese momento, quien era su abogado sostuvo que la línea de investigación que seguiría la PDI, y a la cual él había tenido acceso era que el hecho de sangre se produjo “debido a un pleito anterior por temas de drogas. El día en que ocurrió el incidente, él se baja de un automóvil para transitar por el sector porque iba camino a la casa de sus amigos, fue allí donde se encontró con la víctima y su polola que estaban parados. En esos momentos hubo una intensa discusión entre las partes que se salió de control”, detalló el profesional quien posteriormente dejó la defensa del imputado. 

Pero surgieron nuevas hipótesis que refutaban, por ejemplo, que el que las drogas hubiesen sido un factor determinante en el hecho, y también que se tratara de algo circunstancial. En conversación con el abogado representante de la familia de la víctima, Raúl Castillo, detalló que en la querella interpuesta explicitan que “el imputado, al acercarse a la víctima, actuando sobre seguro, ocultando el arma de fuego que portaba, disimulando el ‘animus necandi’, sin dar posibilidad al ofendido de advertir o repeler el ataque, se procuró las circunstancias, a fin de generar la indefensión de la víctima, para asestar los disparos mortales y que el resultado acaecido fuese aquel que perseguía, esto es, dar muerte a la víctima”. Es decir, su tesis es que existió premeditación. 

Este caso todavía sigue en investigación, y el sujeto autor confeso de los disparos en prisión preventiva, por lo pronto, formalizado por homicidio simple, aunque no se descarta que la figura pueda cambiar en la medida que avance el proceso. 

Melissa y la incertidumbre

Son muchas las muertes que han tenido participación de terceros y en ese sentido la Brigada de Homicidios de La PDI, indica que en el 2020 han concurrido a 35 asesinatos. Una cifra que preocupa, y que podría aumentar, por lo pronto, uno de los últimos que están investigando todavía sin resultados es el de Melissa Chávez, la pequeña de 12 años quien fue encontrada muerta en su domicilio el pasado 26 de noviembre, hace justamente un mes luego de un siniestro. 

Este hecho generó conmoción a nivel nacional, por tratarse de una niña, y por el terrible vuelco que tuvo. En primera instancia se informó que la menor había fallecido debido a un incendio que tuvo lugar en la casa de Villa Talinay, Coquimbo, donde vivía hace tres meses con su madre, su padrastro y su hermano menor de siete años. Sin embargo, el 1 de diciembre desde el Ministerio Público informaron que existía intervención de terceras personas y que la causa de muerte era un golpe en la cabeza.

Hasta ahora, el caso está cubierto por el hermetismo y se mantiene bajo total reserva. Sin embargo, este medio logró corroborar que tanto la madre como el padrastro de Melissa declararon en calidad de imputados y están siendo investigados. A ellos, se suma un tercer sospechoso. Se trata del vecino de 28 años que fue visto arriba de los techos previo al siniestro, pero lo concreto es que no existen formalizados, y pese a que ya existen tres querellas interpuestas, las incertidumbres superan a las certezas. Sin duda, un 2020 marcado por la tragedia. 

 

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