Familia de madre e hijo asesinados no dan crédito a demencia del autor del crimen

Hoy se cumplen 11 días de la tragedia y una semana de una audiencia que, se suponía, sería el primer paso hacia la justicia pero que terminó intensificando el dolor de toda una familia Illapelina, y de la comunidad completa. 

Fue la mañana del 9 de enero cuando el sector de Sibaya, comuna de Huara, en la Región de Tarapacá, se tiñó de sangre. El lugar fue el escenario de uno de los crímenes más horrendos ocurridos durante el año en el país. Un hombre oriundo de Salamanca, quien vivía en el lugar junto a su pareja, Ariana Bravo (39), de Illapel, y sus hijos de 4 y 2 años, atentó contra la vida de la mujer y de su hijo mayor de la manera más macabra.

A ella la atacó con un objeto contundente en la cabeza y el rostro, mientras que, al menor, lo asesinó de un balazo. Se trata de un femicidio y parricidio. La hija menor salvó de milagro, y ahora se encuentra al cuidado de la familia de las víctimas.

Golpe tras golpe 

El golpe ya era demasiado para los Bravo Aracena, quienes se enteraron esa misma tarde de lo sucedido, cuando los llamaron para darles la noticia, y tuvieron que iniciar de inmediato, y en medio de un dolor inconmensurable, los trámites para traer de vuelta los cuerpos de sus seres queridos. En el intertanto, el autor confeso Ángelo Vargas (34) tras ser capturado, pasaba por la audiencia de control de detención en el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, procedimiento que debió ampliarse hasta el miércoles 14, a solicitud de los intervinientes.

Todo indicaba que en esta nueva instancia debería hacerse efectiva la formalización, sin embargo, ocurrió lo que nadie se esperaba. Durante el procedimiento, encabezado por el magistrado Edgardo Castro y como querellantes, además del Ministerio Público, representantes de la Defensoría de la Niñez y SernamEG, se expusieron los hechos que fueron ratificados por el testimonio del imputado, pero la defensa de Ángelo Vargas, alegó que su representado no estaba en sus cabales al momento de cometer el crimen, ya que, según dijeron, padecía problemas mentales que lo harían inimputable ante la ley. De hecho, precisaron que Vargas, de acuerdo a su relato, cometió los delitos por “un llamado del diablo”, y que, además, existía el antecedente del año 2016 cuando estuvo internado por 7 días en el Hospital de Salamanca debido a una psicosis derivada del consumo de drogas.

Con estos antecedentes, se resolvió suspender el procedimiento, y que el sujeto, en vez de ir a un recinto penal a prisión preventiva como lo solicitaba la fiscalía, fuese derivado a una Unidad de Psiquiatría en Arica, ante la disconformidad de la contraparte, quienes expusieron sus argumentos, pero no fueron suficientes.

Lamento en Illapel 

A cientos de kilómetros de distancia, en la comuna de Illapel, veían cómo la justicia se alejaba, y no entendían la decisión. Hasta ahora, no habían hablado con ningún medio de prensa, pero con el fin de que el caso se haga más visible, la hermana de Ariana Bravo, y tía de Orión Vargas decidió romper el silencio y exigir justicia y que esta “artimaña” por parte del sujeto no prospere.

Jazmín Bravo Aracena, expresa que, al interior del núcleo familiar, “existe demasiada rabia, mucho dolor, y lo único que queremos es que se haga justicia para Ariana y Orión, pero creo que así, en tan poco tiempo se suspenda el proceso por esto nos llena de emociones negativas”, manifiesta.

Asegura que nunca vieron venir algo así, ya que conocían al sujeto, y siempre se mostró totalmente normal y nadie puede volverse loco de la noche a la mañana. “No pensábamos que se iban a agarrar de algo como esto, haciéndolo pasar como que tenía problemas mentales. Francamente, pensamos que es súper fácil recurrir a esas excusas. Otras veces yo lo había escuchado, pero en otros casos, pero en este, por supuesto que no, que no lo creemos. No puede ser que este señor diga que por alucinaciones mi hermana y mi sobrino ya no estén en este mundo”.

Nada fuera de lo común

La hermana y tía de las víctimas, remarca que conocían al individuo desde hace años, ya que son una familia muy unida y querían saber quién era la persona que estaba con Ariana, pero nunca notaron un comportamiento extraño. “Nos contábamos todo. Las veces que estuvimos con él, nos quedó claro que era una persona que siempre estuvo en sus cinco sentidos. Por eso mismo es que no damos crédito a lo que plantea su defensa”, enfatizó Jazmín.

Saben que el proceso continúa, y que deben esperar los informes psiquiátricos, para ver si será imputable o no, pero mientras tanto, ellos, como familia no se quedarán de brazos cruzados y anuncian manifestaciones en Illapel, para ejercer presión y que la investigación se agilice. “Estamos preparados para movernos, para que esto se conozca, movilizarnos. Queremos ir fuerte en eso, porque queremos hacer fuerza por mi hermana y por Orión. No queremos que este caso quede así, porque hay una familia destruida, que todavía no se puede levantar y esta persona tiene que hacerse responsable por su crimen”, aseveró.

Asuntos legales 

Pero, ¿qué tan común es que ocurra esto?, ¿suele pasar que los imputados intenten eludir responsabilidad alegando alguna enfermedad psiquiátrica? Según la defensora Regional Jefa de Coquimbo, Inés Rojas–que ha seguido de cerca este caso-, por más que alguien trate de engañar a la justicia utilizando estos resquicios, existen filtros y sistemas altamente profesionalizados que minimizan cualquier tipo de riesgo de que se cometan errores. “Lo que se hace es solicitarle al tribunal que suspenda la tramitación de la causa, mientras se realiza el informe psiquiátrico de la persona, que permita definir si el individuo puede ser considerado inimputable, vale decir, si tiene algún grado de problemas de salud mental, que en definitiva le permitan distinguir lo que es lícito y lo que no es lícito, que no tenga esa capacidad de reflexión frente a un hecho”, indica.

Si efectivamente se declara inimputable, “el médico se tiene que pronunciar si es peligroso o no para él mismo o para otras personas, lo que se determina una vez realizado el informe. Aquí lo que se realiza es seguir adelante con la investigación, pero el Ministerio Público en vez de solicitar una pena en la cárcel, lo que se solicita es que se le imponga una medida de seguridad, es decir, que el tiempo que debería cumplir originalmente en la cárcel si es condenado por el hecho, lo cumpla en un recinto hospitalario, igualmente privado de libertad (…) Ahora, es muy difícil que una persona que está sana, logre hacerse pasar por alguien con problemas de salud mental, porque los informes del SML, y de los hospitales psiquiátricos son muy estrictos”, enfatizó.

Posible atenuante

Para el abogado Carlo Silva, este recurso siempre apunta a un fin último, que tiene que ver, tal como lo explica la defensora, con no recibir una pena, sino que una medida de seguridad. “Aquí hay quienes dicen que son sólo medidas de seguridad y otros que son restrictivas, hay discusión, pero siempre estas solicitudes apuntan a saber si las personas pueden responder ante la justicia o no”, afirma Silva.

Agrega que la defensa está en su derecho, mientras se está tramitando el proceso, “y si surge un informe psicológico, un discurso del imputado, o testimonios de testigos que refieran que puede haber alguna condición mental trastocada, el Código Procesal Penal establece que se puede suspender el procedimiento por una eventual enajenación mental, ese es el concepto. Con esto, incluso, en una fase más avanzada se puede suspender una prisión preventiva, por eso es importante que el examen se realice lo antes posible”.

Ahora bien, existe una inimputabilidad total, y una inimputabilidad disminuida. “La disminuida dice relación con una patología que ha privado temporalmente al sujeto, pero no de manera total, entonces no opera como un eximente, sino como atenuante, por lo que, si se prueba esto, sí podría