Fiscalía en tela de juicio por no activar red en caso que terminó en femicidio

En la familia de Yulisa Cerda (22) todavía no pueden explicarse lo que sucedió. Sobre todo luego que se conocieran detalles de lo que antecedió al brutal femicidio cometido por la pareja de la joven la noche del lunes, cuando le disparó en dos oportunidades mientras se encontraban solos en el inmueble de Las Compañías en donde la víctima residía, provocándole la muerte. 

Claro, según se confirmó tras el crimen, la mujer había realizado tres denuncias formales en Carabineros por Violencia Intrafamiliar, y se había dado cuenta a la Fiscalía. La primera de estas acusaciones se realizó en el mes de diciembre del 2019, mientras que las otras dos se llevaron a cabo en enero y febrero del 2020. Existían audiencias programadas derivadas de estos casos, para el 9 y el 30 de abril. Sin embargo, debieron postergarse a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus. 

Algo falló

Lo cierto es que el autor del crimen, además de haber cometido estos actos de agresión que terminaron con la muerte de la mujer, tenía un prontuario de 33 causas, lo que indicaba claramente que había llevado una vida asociada íntimamente al accionar delictual.

La pregunta que se realizó la comunidad a través de redes sociales, entonces fue, ¿qué más tenía que pasar para que Yulisa recibiera algún tipo de protección?, ¿qué eslabón de la red falló para tener como resultado este trágico desenlace? Desde la familia apuntan a las autoridades, en general, ya que “debieron haber ordenado una orden de alejamiento o algo así”, indica Eduardo, cuñado de la víctima, quien vivió con ella en Las Compañías durante sus últimos días. 

Seremi acusa a la Fiscalía

La seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Coquimbo, Ivón Guerra, coincide con los familiares. Asume que hubo errores, y “cosas que se dejaron de hacer”, y en ese sentido es categórica en precisar que la responsabilidad cae sobre el Ministerio Público. 

Ya lo habíamos consultado el día martes con profesionales del ámbito jurídico, quienes precisaron que, “el fiscal podría usar la figura del artículo sexto del Código Procesal Penal, que es el deber cautelar que obliga la ley al Ministerio Público el velar por la seguridad de la víctima durante todas las etapas del procedimiento (…) Pero esto nunca se realiza básicamente porque se piensa que el deber de proteger a la víctima sólo comienza con la audiencia de formalización”, explicaron, algo en lo que también pone el acento la seremi.

“Aquí el ente persecutor  no hizo la pega, y no tengo problema en decirlo públicamente porque aquí hubo una negligencia. Aquí la persona fue a hacer la denuncia en diciembre, después en enero, y después en febrero, pero no se hizo nada. Se consideró como algo leve, porque se hizo una mala lectura de la pauta de riesgo y no se tomó en cuenta quién era ni lo peligroso del sujeto agresor, por eso a nosotros no se nos informó nada, teniendo casas de acogida en donde le podemos dar protección a estas mujeres, nosotros como ministerio, entonces, cómo no nos va a dar rabia lo que ocurrió, ellos debieron dar una protección adecuada”, expresa Guerra. 

La seremi informó que sostuvo una conversación con el Fiscal Regional Adrián Vega, y, según Guerra, le habría reconocido el error, por lo mismo, la representante del ministerio y le solicitó que se realizaron las investigaciones internas en la institución para que hubiese sanciones reglamentarias. “Esto no puede seguir ocurriendo, las pautas de riesgo no se ejecutaron bien, no se activó nada en la Unidad Regional de Atención a Víctimas, entonces no funcionó el sistema y alguien tiene que asumir”, indicó, agregando que “ya se están tomando acciones como ministerio a nivel nacional”. 

Compañeros de trabajo

Yulisa trabajaba en una sucursal de ProVida en el centro de La Serena, y una de sus compañeras y amigas más cercanas, Tabita Ortiz relató que la partida de la joven fue una pérdida inmensa para todos. De hecho, el martes por la mañana cuando se enteraron de lo sucedido tuvieron que cerrar el local ya que nadie se encontraba en condiciones de seguir laborando. 

Tabita conocía la situación de Yulisa y el sujeto que la agredía. Incluso, muchas veces la vio llegar con moretones en su rostro y marcas en sus brazos, por lo mismo, durante un tiempo incluso la llevó a vivir a su casa para que esta persona no le hiciera daño. Pero no pasó mucho tiempo y la joven decidió volver.

“Es increíble que esto haya pasado. Yo fui testigo de que ella efectuó las denuncias, pero qué más podía hacer, si después de haber recurrido a la justicia tiene que esperar meses para que la citen a un tribunal y en todo ese lapso el hombre está suelto, y puede hacer lo que quiera. Creo que aquí la justicia no ayudó a mi amiga”, cuenta la trabajadora. 

¿Liviandad?

Desde la Asociación de Abogadas Feministas Abofem, la directora regional, Carolina Tello también ve con preocupación lo ocurrido. Antes que todo, lamenta la muerte de la mujer en manos de su pareja con el que tenía un largo historial de violencia, pero le preocupa de sobre manera el hecho de que pese a que Yulisa hizo caso a todos los llamados en relación a efectuar las denuncias, no recibió una respuesta del sistema que le permitiera asegurar su vida.

“No se instruyeron medidas de protección, lo que me parece grave, y esto habla de la liviandad con la que se toman muchas veces las acusaciones por violencia de género. Si Carabineros da cuenta a la Fiscalía de esto, inmediatamente tendría que prestarse resguardo a la mujer. Cómo pretendemos que una mujer confíe en el sistema hoy en día si realiza las denuncias, con todo lo que les cuesta hacerlo, después de eso se les deja a la deriva, esperando una audiencia y en el intertanto puede pasar cualquier cosa. No es posible”, enfatizó la abogada. 

Consultados, en el Ministerio Público, sostuvieron que no se realizará ninguna declaración “mientras no se desarrolle la investigación del femicidio” y se insistió en que el Ministerio Público presentó requerimientos para juicio en Juzgado de Garantía, derivados de las denuncias”.