Funcionarios de Gendarmería se suman a paro nacional bloqueando acceso a cárceles

Luego de considerar “insuficiente” la respuesta del Gobierno a sus demandas, los funcionarios de Gendarmería iniciaron una paralización nacional, como forma de presión para obtener soluciones a “deudas históricas” del Estado de Chile con los trabajadores uniformados y no uniformados de la institución.

La advertencia estaba hecha desde el pasado lunes, cuando a nivel nacional el Frente de Trabajadores Penitenciarios entregó una carta a las autoridades, junto a un petitorio de 11 puntos a resolver para terminar el conflicto, acción replicada a lo largo del país y que se concertó en la zona con una copia de la misiva a la Seremi de Justicia y DDHH Alejandra Valdovinos y a la intendenta Lucía Pinto.

120 internos por funcionarios es la distribución aproximada actual, lo que para los gendarmes significa un riesgo a la su integridad física.

Reunidos a nivel central, finalmente los gendarmes y el Gobierno no llegaron a acuerdo por las medidas. “No alcanzaron a abordarse ni siquiera cuatro de ellas, y a medias. Ya estaba anunciado que en caso de no tener un apoyo real de las autoridades íbamos a hacer una movilización nacional, la cual se concretó en La Serena hoy, a partir de la 1:30 de la madrugada”, indicó desde el Complejo Penitenciario en Huachalalume, Boris Ruiz, presidente regional de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería y voz del Frente a nivel local.  

LOS ONCE PUNTOS

Entre las principales peticiones destaca la reestructuración del escalafón de personal, la creación de la “planta número 3” de personal no uniformado y temas como la previsión y pensiones, “puntos básicos” para el movimiento. Ruiz explicó que “tenemos uniformados que han pasado más de 5 años de ingreso y todavía no tienen su primer ascenso, lo que significa que no hay aumento de remuneraciones. Lo mismo pasa con los no uniformados, que ingresan por concurso, a contrata y tampoco tienen movilidad”, sostuvo.

"Vamos a llegar hasta las ultimas consecuencias, esto está recién comenzando hoy y si es necesario radicalizar y tomar otras acciones, lo vamos a hacer". Boris Ruiz, presidente Ansog.

Por su parte Néstor Jara, Presidente regional de Adiptgen, señaló a El Día tras acompañar a Ruiz a entregar la carta, que los funcionarios no uniformados, “hemos sido discriminados y estamos en la indefensión. El Estado no nos reconoce como funcionarios penitenciarios, que es una de las cosas que estamos pidiendo. Yo llevo 16 años a contrata y hay socios con más de 30 años y no han podido ingresar”.

Son alrededor de 5 mil los trabajadores que a nivel nacional cumplen un rol en la labor de reinserción “y en ese sentido también contribuimos a la seguridad pública, algo que el Estado no ha reconocido, y si bien es cierto, históricamente hemos tenido necesidades, en la última paralización en 2009 fueron beneficiadas las plantas una y dos, mientras que la tres no tuvo ninguna mejora”, dijo.

ACCESOS CERRADOS.

Desde la mañana de este lunes los penales de la región amanecieron controlados por los dirigentes uniformados, quienes no permitirán el ingreso ni egreso de los internos hasta obtener respuestas. “Por directrices del Frente de Trabajadores Penitenciarios, hoy no salió ningún de los internos a las audiencias. Los dirigentes estaremos en la reja 24/7 hasta que lleguemos a alguna solución con el Gobierno”, sostuvo Boris Ruiz.

"Una situación básica es preocuparnos por los derechos de las personas que están involucradas, la intención es atenderlos a todos y generar protocolos de atención ante esta emergencia". Haroldo Brito, Presidente de la Corte Suprema.

El gendarme aclaró que “nuestra forma de trabajo es consciente y seria, estamos siendo súper responsables al luchar por nuestras demandas y no queremos afectar a la población penal, porque ellos no son el problema, sino las malas condiciones laborales que tenemos”, por lo que confirmó que continuarán las actividades y se seguirán recibiendo las visitas de los internos, garantizando además la atención de salud y la alimentación.

HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS.

El paro es indefinido y no descartar radicalizar medidas. “Hay una indolencia del Estado con la función penitenciaria, hemos sigo postergados por todos los gobiernos. En campaña la oposición ofrece muchas cosas, pero cuando son gobierno no reconocen nuestra función (…) esperamos una propuesta seria y real y si nuestras demandas no son escuchadas vamos a estar movilizados indefinidamente”, señaló Ruiz.

El uniformado manifestó a Radio Mistral (95.1) que esperan que con el colapso de las policías “que no están preparados para mantener a los internos”, puedan ejercer una presión efectiva, y en caso de no encontrar una respuesta llegarán “hasta las últimas consecuencias, esto está recién comenzando y si es necesario radicalizar y tomar otras acciones, lo vamos a hacer, sin duda”, sentenció.

PROTOCOLOS DE ACCIÓN.

El Presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito señaló que “la huelga de Gendarmería produce trastornos, eso es incuestionable y nos preocupa porque, en primer lugar una situación básica es preocuparnos por los derechos de las personas que están involucradas y que por estos días están privadas de libertad, la intención es atenderlos a todos y generar protocolos de atención ante esta emergencia”.

11 son los puntos del petitorio entregado por el Frente de Trabajadores Penitenciarios al Gobierno.

Brito se reunió durante la mañana con el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, quien le detalló las medidas que se tomarán para la correcta atención. Desde la Corte de Apelaciones de La Serena indicaron que en la jurisdicción, la paralización no ha afectado el normal funcionamiento de los juzgados, que han recibido apoyo de Carabineros.

El presidente del tribunal de alzada, ministro Juan Pedro Shertzer se reunió con la seremi de Justicia y el director regional de Gendarmería, coronel Leoncio Hidalgo, para tratar el tema. 6301i