Imputado por femicidio cumplía condena en libertad cuando asesinó a su pareja

El pasado martes una terrible noticia remeció a la región entera. En Las Compañías, una mujer de 22 años, Yulisa Cerda, fue brutalmente asesinada por su pareja, un sujeto de 24, a quien había conocido hace pocos meses en el contexto de una fiesta.

La relación “fue tóxica” desde un comienzo. Así lo relataron los vecinos del pasaje Alfredo Meloso donde por un tiempo convivieron los protagonistas de esta historia, hasta que el individuo se fue debido a que la víctima decidió realizar la primera denuncia en su contra en el mes de diciembre del año pasado luego de ser golpeada por el sujeto. “Este gallo era súper violento. Aquí tenía problemas con todo el mundo y se sabía que en esa casa pasaban cosas. Se escuchaban gritos, y golpes”, manifestó una habitante del sector donde concurrimos ese mismo día por la mañana.

También fuimos a la  casa de la familia de la joven, quienes viven en Tierras Blancas, y que en ese momento, pese a encontrarse todavía consternados por el hecho accedieron a conversar con nuestro medio para poder desahogarse y descargar toda su rabia en contra de las autoridades, ya que, según dicen, “nadie hizo nada”, pese a que ella había realizado las denuncias, y más de una vez.

La decisión de entregarse

Fueron los propios integrantes de la familia quienes relataron cómo se habrían llevado a cabo los hechos, en particular este horrendo crimen, el cual continúa en proceso de investigación.

Eran las 22:15 horas del lunes, cuando se sintieron los dos disparos. Todos los vecinos escucharon y salieron a ver lo que pasaba. Sin embargo, no podían identificar desde dónde provenían los estruendos, hasta que vieron salir desde la casa de Yulisa a su pareja, un individuo apodado “El Pulga”, pidiendo ayuda, ya que algo había ocurrido con la joven quien minutos después también saldría mal herida.

Fue llevada hasta el Cesfam Juan Pablo II, y desde ahí derivada al hospital de La Serena, donde falleció a las 00:30 horas debido a la gravedad de sus heridas. Así lo detalló su hermana Bárbara, quien hace pocos días se había trasladado a vivir con ella precisamente para protegerla de este sujeto. “Este tipo la llevó al Cesfam, pero ahí la dejó tirada, y se arrancó en la camioneta”, relató su hermana mayor.

Carabineros ya había dado cuenta del hecho al Ministerio Público quienes instruyeron a la Brigada de Homicidios de la PDI, investigar el delito. En eso estaban hasta el día jueves por la mañana cuando el presunto femicida llegó por su cuenta a entregarse al cuartel policial, acompañado de un abogado particular. Allí se terminó la búsqueda y el sujeto pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de La Serena, donde quedó en prisión preventiva a la espera de la investigación que deberá llevarse a cabo en un plazo de 120 días.

La audiencia

Durante la audiencia, a la que no llegaron familiares ni de la víctima ni del imputado, el fiscal Rodrigo Céspedes hizo un relato de los hechos y solicitó que se calificara el delito de femicidio. En la acusación, entregó nuevos antecedentes que serían agravantes para el presunto autor del crimen.

“El individuo agredió físicamente a la mujer y luego de eso premunido de un arma de fuego le disparó en al menos dos oportunidades provocándole una herida cardiaca y una herida en el brazo izquierdo”, sostuvo el persecutor. Además, precisó que al momento de cometer al asesinato se encontraba cumpliendo una condena en libertad, luego que cometiera el delito de robo con fuerza en lugar no habitado. Pese a su extenso prontuario de le dio el beneficio de la reclusión nocturna parcial, la que tampoco cumplió.

Por su parte, el abogado defensor Raúl Castillo, no objetó las cautelares ni entregó mayores indicios de la estrategia que utilizarán durante el juicio. Eso sí, una vez terminada la audiencia en conversación con El Día, Castillo contó cómo había llegado al caso del presunto femicida. Según relata el profesional, fue la familia del victimario quienes se acercaron a él, y como primer consejo les dijo que el imputado debía entregarse, lo que ocurrió el jueves a las 07:00 de la mañana en lo que estaba coordinado por la PDI.

“Ellos se acercaron a nosotros y le instruimos que se entregara. Él ha colaborado en todos los actos del procedimiento y en todas las diligencias investigativas que la Fiscalía ha dispuesto y que era necesario realizar. Es un caso complejo, el derrumbe emocional de nuestro representado no hace posible que se le plantee a él realizar una descripción de los hechos, tomando en cuenta su situación emocional”, aseveró Castillo, por lo mismo, esperarán a que el imputado, quien habría intentado quitarse la vida tras lo ocurrido, se estabilice para elaborar una defensa a partir de su relato.  

La controversia

Claramente la decisión de entregarse obedece a buscar algún tipo de atenuante por parte del imputado, quien arriesga desde 15 años y un día hasta presidio perpetuo calificado. Pero más allá de la investigación misma, previo incluso a que el sujeto se entregara, se instaló la incertidumbre y la molestia en la comunidad en general y también en las autoridades, ya que habrían quedado al descubierto serias deficiencias en el sistema de protección hacia la víctima, quien denunció tres veces a su agresor de manera formal ante Carabineros en el contexto de Violencia Intrafamiliar, hechos que fueron conocidos por la Fiscalía.

La primera de estas acusaciones se realizó en el mes de diciembre del 2019, mientras que las otras dos se llevaron a cabo en enero y febrero del 2020. De hecho, existían audiencias programadas derivadas de estos casos, para el 9 y el 30 de abril. Sin embargo, debieron postergarse a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

¿Qué más tenía que pasar para que Yulisa recibiera algún tipo de protección?, ¿qué eslabón de la red falló para tener como resultado este trágico desenlace? La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Ivón Guerra fue categórica en señalar que la principal responsabilidad era del Ministerio Público.

“Aquí el ente persecutor  no hizo la pega, y no tengo problema en decirlo públicamente porque aquí hubo una negligencia. Aquí la persona fue a hacer la denuncia en diciembre, después en enero, y después en febrero, pero no se hizo nada. Se consideró como algo leve, porque se hizo una mala lectura de la pauta de riesgo y no se tomó en cuenta quién era ni lo peligroso del sujeto agresor, por eso a nosotros no se nos informó nada (…) Yo conversé con el Fiscal Regional Adrián Vega, y reconoció el error, pero esto no puede ocurrir nuevamente por eso que vamos a exigir responsabilidades al interior de la institución, porque alguien tiene que asumir”, expresó la Seremi.

Desde el Ministerio Público fueron consultados, pero prefirieron no referirse al tema, aunque según nos informaron fuentes confiables las declaraciones de la seremi produjeron un “remezón” en la institución.

Las críticas del ex Fiscal Regional

El ex Fiscal Regional por la Región de Coquimbo, Enrique Labarca, entró en escena y se refirió a lo ocurrido en este caso, en relación al eventual “no accionar” del Ministerio Público entregando protección a la joven víctima de femicidio.

“Aquí no se trata de pasarse la pelota, pero hay una persona que falleció producto de que no hubo una acción oportuna. La violencia Intrafamiliar es distinta a un robo, y distinta al tráfico ilícito, porque aquí hay un vínculo entre las partes, y resulta indudable que quien tiene que dar protección a las víctimas es el Ministerio Público. Así lo dice la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional, y por eso es que se cuenta con una Unidad de Víctimas y Testigos”, indicó Labarca.

Agregó que la normativa de la Fiscalía era clara en relación a las víctimas de violencia intrafamiliar, y el hecho de que hayan existido tres denuncias debió haberse tomado en cuenta.

“Tenemos un sujeto que va agrediendo en una especie de progresión, en el que permanentemente está realizando algún ilícito en contra de una persona (…) Le ley establece que si se demora o se suspende una audiencia que requiere una intervención urgente, como en este caso, se podrían haber adoptado medidas de protección previas a una audiencia de formalización. Incluso, el Ministerio Público tiene el deber de disponer él mismo las medidas de protección, porque hay medidas que requieren del pronunciamiento del tribunal, y otras no. La normativa interna de la Fiscalía establece que se pueden ordenar medidas de protección que no afecten a terceros. Son medidas como entregar teléfonos celulares, entregar alarmas, cambiar chapas, levantar rejas o llevar a las víctimas a casas particulares donde estén protegidas. Es decir, el Ministerio Público no sólo pudo haber dictado medidas, sino que estaba obligado a hacerlo si existía violencia intrafamiliar”, enfatizó.

Labarca, finalizó manifestando que, en términos generales, lo que está fallando es la protección a las víctimas. “Si uno mira el trato que se tiene de la víctima, es como el sujeto pobre, y los que somos querellantes lo hemos vivido. A veces no se les escucha, a veces no tienen quienes los represente. A mí me ha tocado ir a audiencias donde debe haber un fiscal en representación de la víctima, pero ni siquiera se presentan, entonces, a lo que voy es que esto no es un caso aislado al menos aquí en la región en relación a la poca importancia que se le da a las víctimas”, precisó el exjefe del ente persecutor en la zona.

Frases

“El individuo agredió físicamente a la mujer y luego de eso premunido de un arma de fuego le disparó en al menos dos oportunidades provocándole una herida cardiaca y una herida en el brazo izquierdo”, Rodrigo Céspedes, Fiscal.

“Ellos se acercaron a nosotros y le instruimos que se entregara. Él ha colaborado en todos los actos del procedimiento y en todas las diligencias investigativas que la Fiscalía ha dispuesto y que era necesario realizar, Raúl Castillo, abogado defensor.

“Resulta indudable que quien tiene que dar protección a las víctimas es el Ministerio Público. Así lo dice la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional, y por eso es que se cuenta con una Unidad de Víctimas y Testigos”, Enrique Labarca, ex Fiscal Regional.

LA CIFRA: 120 días es el plazo que se fijó para llevar a cabo la investigación.