Marité Campusano, 29 años de dolor y de heridas que se abren

Han pasado 29 años desde la muerte de María Teresa Campusano. La niña tenía solamente ocho años de edad cuando un desconocido la sacó de un automóvil donde dormía junto a su hermano en La Pampilla de Coquimbo, para llevarla a un sitio alejado y abusar de ella, provocándole además la muerte.

Ese 18 de septiembre la felicidad de una familia completa se vio frustrada y pese a que no es fácil volver a recordar esos episodios, Ana María Alquinta, madre de la niña, hoy lo hace para exigir que “la justicia actúe” una vez más, luego de que se conociera que el asesino de la pequeña Marité se encuentra prófugo, debido al incumplimiento de las medidas fijadas por el tribunal que le otorgó la libertad condicional hace cerca de un año.

Lee También: "El drama de Marité en pantalla"

Intentando llegar a la verdad sobre el estado de Gustavo Justo León, condenado por el crimen, El Día llegó hasta la casa de la familia Campusano Alquinta para conversar con quienes han debido enfrentar las secuelas del triste e indignante hecho ocurrido en 1989, y que según aseguran, aún les trae consecuencias.

MADRE ROMPE EL SILENCIO.

Ana María no había hablado con los medios desde entonces y en su casa ubicada en el sector de El Olivar Bajo, en la comuna de Coquimbo, ha llevado su duelo de manera silenciosa, aun sabiendo que el responsable por la muerte de su hija se encuentra libre, situación que dista radicalmente de lo que la familia esperaba cuando fue condenado, la pena de muerte.

No se siente cómoda con los medios de comunicación y le sorprendió la presencia de un móvil de Diario El Día en la puerta de su casa, lo que nos hizo saber de inmediato, “nunca pensé que vendrían periodistas a verme de nuevo”, comenta, mientras nos hace pasar a su casa.

Nos pide disculpas por el desorden, con amabilidad nos ofrece asiento y dejamos las condiciones claras desde un principio, “conversemos, pero sin fotos a mí ni a la casa, por favor”, advierte, nosotros aceptamos y dejamos la cámara de lado. Incluso con grabadoras de audio apagadas, acepta hablar sobre la dolorosa muerte de su hija, tras 29 años de silencio.

Si bien la presencia de la prensa le parece extraña, no le asombra el motivo de la visita, “en febrero supe que estaba libre, me lo comentó una vecina, pero yo tenía entendido que era libertad total, no condicional”, afirma, por lo que se sorprendió gratamente cuando entendió que este beneficio tenía condiciones, que no habían sido cumplidas, y que se había ordenado la detención de Justo León. “Él no debería estar libre”, agrega.

INTENTANDO LEVANTARSE.

Recordar es doloroso y es que desde entonces nada ha sido fácil. “Aún estoy sufriendo las consecuencias de lo que pasó”, reconoce. Los primeros años el objetivo de salir adelante era claro, se dedicaron por años a vender papas fritas en La Pampilla, lo que no frenaron pese a la muerte de Marité, pero los cuidados con sus otros hijos fueron mayores.

Hasta 1999 siguieron vendiendo comestibles en la fiesta más grande de Chile y el negocio creció y junto con él también los niños. Cuando otra de sus hijas, de entonces dos años, avanzaba en edad, “teníamos que andar todo el tiempo detrás de ella”, por lo que consiguieron con la empresa Coca Cola un quiosco donde le armaron un dormitorio, para mayor seguridad.

Pronto el carro de papas fritas se convirtió en un amplio puesto de 14 metros cuadrados, el trabajo aumentó, los cuidados también y el cansancio terminó por retirarlos. Hoy solo tienen el negocio en la vivienda familiar y pocas veces han vuelto a La Pampilla.

La dinámica se vio fuertemente afectada y Ana María asegura que nunca recibieron apoyo psicológico tras la muerte de su hija, lo que redundó en el alcoholismo de su esposo y en la crianza de sus otros hijos. Uno de ellos se negó a formar una familia, “vive solo, aunque está bien económicamente y siempre nos ayuda”, comenta.

Pero las consecuencias más grandes las tuvo con la hermana de Marité, “No fue difícil criarla, pero la crié contra el mundo, no quería que le hicieran daño y le decía ‘si te hacen algo pega, reacciona’. Eso tuvo consecuencias, porque la crié agresiva, prepotente”, con lo que vinieron problemas que prefiere no detallar.

“¿Cómo ha sido la vida desde entonces?, fome, triste”, comenta sin poder evitar las lágrimas, detrás de ella la única fotografía de Marité que conserva está acompañada de una imagen de la Virgen de Guadalupe. Las fuerzas no solo las saca desde su fe, su mayor fortaleza, asegura, se la entrega su familia y sus nietos, con los cuales hoy vive. El apoyo de sus hijos y de Lidia, una amiga de toda la vida, ha sido fundamental, sobre todo después de que su esposo falleció, hace ya diez años, producto de un atropello.

JUSTICIA EN JAQUE.

Tras un mes de búsqueda, en octubre de 1989 Gustavo Justo León fue capturado por la policía, se encontraba en Cauquenes, con la intención de desplazarse al sur, pero fue delatado luego de intentar robar el automóvil de un amigo.

En su traslado al entonces Primer Juzgado del Crimen de Coquimbo, la comunidad lo esperó y pidió con gritos y piedras “justicia para Marité”. La familia quería la pena de muerte, y pese a que el juez Jaime Meza lo reconoció como posibilidad, prefirió establecer el presidio perpetuo, “por convicción”, indican abogados de la época.

Con el reemplazo de la pena de muerte por esta forma legal nueva para el Chile de esa época, la justicia estableció que Gustavo Justo León debía cumplir de manera efectiva, es decir tras las rejas, un total de 20 años de su pena, pudiendo optar a la libertad condicional solo una vez pasado ese tiempo.

Los familiares recurrieron con sus abogados querellantes incluso a la Corte Suprema para lograr la pena capital, pero no pudieron revertir el fallo, con lo que se cerró un capítulo en la historia, por casi treinta años.

Fue en noviembre de 2017 cuando tras un par de intentos fallidos, el condenado logró obtener la libertad condicional, pero en enero dejó de cumplir con la firma mensual, según confirmó a El Día Gendarmería de Chile, con lo que se abrió nuevamente el caso, y el dolor para la familia.

Ana María lo supo en febrero, pero ya no estaba interesada en realizar alguna acción. Pensó que se trataba de libertad total y con decepción se resignó a saber que el homicida estaría libre, los rumores apuntaban a que estaría en Perú, con lo que disminuyó el temor, “en todo caso si llegase a venir para acá lo sabría, nunca me podré olvidar de su rostro”, afirma.

Pasaron los meses y desde el entorno de la familia de Marité comenzaron las preocupaciones. Alguien que prefirió mantener su identidad en reserva se contactó con El Día pasa advertir de la libertad de Justo León y el enojo en algunos familiares por una temática que “cada vez que se toca, sigue generando discusiones en la familia”.

En concreto, el condenado cumplió con su condena efectiva recluido en el Complejo de Alta Seguridad de Acha, en Arica, y tenía todos los requisitos para postular a la libertad condicional, sin embargo en algunos generó indignación, debido a la gravedad del delito, el riesgo de una fallida rehabilitación y el hecho concreto de que quebrantó el beneficio.

“Este es un caso más que demuestra que acá, en el sistema hay ciertos factores que no han sido abordados adecuadamente, como por ejemplo que para efectos de los procesos de reinserción social, las personas que cometen delitos sexuales, y en particular contra infantes, los requisitos son los mismos que para el resto de los delincuentes, pasa lo mismo con los violadores de derechos humanos, cuando ellos en realidad lo que necesitan son otros procesos de reinserción que tienen que ver con procesos psíquicos y psicológicos”, indicó el exseremi de Justicia y DDHH, Carlos Galleguillos, quien cuando aún estaba en el gobierno fue contactado por la familia de Marité para evitar beneficios carcelarios al condenado.

TRAS JUSTO LEÓN, OTRA VEZ.

Junto con confirmar que Gustavo Justo León había quebrantado las condiciones del tribunal, por lo que “se encuentra con orden de detención y con una libertad condicional revocada”, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Alejandra Valdovinos indicó que “no hay información oficial sobre su paradero, y la premura en este momento es que las policías puedan ubicarlo”, por lo que se encontraría prófugo.

Distintas fuentes indican que se encontraría en Perú, junto a su familia, teoría sustentada además por una serie de fotografías publicadas en redes sociales desde supuestas cuentas del condenado, donde se le ve desarrollando una vida normal en su país natal.

Tras conocer esta situación, desde el municipio de Coquimbo se contactaron con la familia de la víctima para poner el equipo jurídico a disposición para agilizar la captura de Justo León y lograr que cumpla la pena en la cárcel. El asesor jurídico Claudio Correa, explicó a El Día que “la idea nuestra es retomar este tema y pedir una medida de captura internacional, entendemos que está prófugo y que huyó a Perú, donde vive su madre, que ha estado en contacto con él. Primero tenemos que ubicarlo y ahí puede operar la extradición”.

Al ver las fotografías que circulan en Facebook, Ana María Alquinta manifiesta estar segura de que se trata de Justo León, y expresó su sorpresa y agradecimiento por el interés que ha generado la noticia para intentar capturar al autor del homicidio de su hija, lo que le da un poco más de esperanzas en un sistema de justicia que, asegura, no ha cumplido a cabalidad con la misión de proteger a la comunidad “de este tipo de personas”. 

Una vez capturado, explica el abogado García, “lo lógico es que lo vea el tribunal de Coquimbo, competente en el caso”, por lo que sería llevado hasta el Complejo Penitenciario de La Serena en Huachalalume, sin embargo aclara que dependerá de Gendarmería definir de manera autónoma dónde cumplirá la pena, que en estas circunstancias, debe ser de forma efectiva, sin la posibilidad de que nuevamente esté en libertad.