Las penas que arriesgan los involucrados del GORE en investigación por fraude

El denominado Papaya Gate recién comienza. Este caso, que estalló la semana pasada y que podría implicar un fraude al fisco por parte del Gobierno Regional, lo que es investigado por el Ministerio Público a solicitud de la Contraloría, vive su etapa inicial y las incertidumbres superan a las certezas sobre todo en relación a cómo podría terminar y las consecuencias que tendría para la renunciada exintendenta Lucía Pinto.

“En resumidas cuentas”

Los antecedentes son conocidos. Según informes periodísticos ratificados por la Contraloría, el Gobierno aprobó la compra de terrenos a privados vía trato directo, pese a que el ente fiscalizador rechazó el contrato  en cuatro oportunidades. Así las cosas, desde la intendencia soslayaron la Toma de Razón –obligatoria en estos casos- del Contralor regional y efectuaron la transacción por un monto que sería mucho mayor al de la tasación inicial.

Frente a estos hechos, el organismo puso los antecedentes ante la Fiscalía que ahora investiga si la intendencia y su equipo pudieron haber incurrido en delitos como el ya mencionado fraude al fisco, el cohecho, el tráfico de influencias, o si en definitiva sólo se trata de faltas administrativas que serían sancionables bajo el régimen interno del Gore y no por la justicia penal. Todo aquello está en veremos, y según información recabada por este medio las indagatorias, a cargo de la Fiscal Regional de Valparaíso Claudia Perivancich tendrían para largo.

Las tesis jurídicas

De acuerdo a lo informado el día sábado por Floridor Pinto, padre de la ex intendenta –Lucía-, ambos estarían retornando hoy a la capital regional luego que la otrora máxima autoridad regional presentara su renuncia ante el Presidente de la República y comenzara a preparar su defensa con un grupo de abogados de Santiago. Dentro de su tesis, Pinto intentaría demostrar que actuó “de buena fe”, con la intención de “destrabar los proyectos que la región necesitaba”, según indican fuentes al interior del gremialismo, y en ningún caso accionar con dolo, intentando sacar ventajas económicas ni para ella ni para terceros. De igual forma, la defensa esgrimirá el eventual “sesgo político reiterado” en el que habría incurrido el Contralor regional Hugo Segovia de manera recurrente durante su administración.

2 años y medio en el cargo estuvo la exintendenta y fueron suficientes para experimentar desde un estallido social, hasta una pandemia global.

Por lo pronto, a la espera de la designación del sucesor o sucesora de la ex autoridad (ver página 6), las tesis respecto a lo que podría ocurrir a partir de ahora, en el contexto de una investigación todavía desformalizada, son diversas y podrían conllevar duras sanciones contra quienes resulten responsables, así como también, sólo faltas mínimas. Todo dependerá, según indica el abogado Carlo Silva, de la primera determinación que tome la Fiscalía, que tiene que ver con establecer fehacientemente la existencia de un delito,  lo que constituiría el peor de los escenarios para Lucía Pinto. “Por supuesto que las diligencias están recién partiendo, pero de existir una defraudación fiscal, estaríamos hablando de penas bastante graves que son aplicables en base a los montos por los que se comete el fraude”, aseveró Silva.

En esa línea el abogado precisó que en este caso, los altos números que se manejan ($9.800.000.000) podrían incidir en una sanción mayor. “Este tipo penal conserva tres penas que son copulativas. Es decir, van sí o sí las tres”. La primera es una pena privativa de libertad que podría ir de 5 años y un día a 15 años, en principio sin beneficios. Luego, una multa que podría ser la mitad del perjuicio o defraudación al Estado, y la última es la suspensión de cargo u oficio público por el tiempo que dure la condena. Eso sí, enfatiza Silva, “cualquier tipo de sanción penal debe considerar atenuantes y agravantes que determinarían una eventual sentencia”.

¿Más imputados?

Pero, de establecerse que se incurrió en delito, ¿la responsabilidad sería sólo de la exintendenta? Según el experto, claramente no, ya que podrían ser formalizados todos los funcionarios públicos que “intervinieron en el negocio” en el ejercicio de su cargo, “ya sea de propia mano, como también aquellos que a través de una omisión consintieron a que otros defraudaran al Estado (…) Esto porque el funcionario público cumple una función de garante. Este delito, si lo comete un particular es una estafa”.

Pese a las altas penas, el abogado también es enfático en señalar que todavía no existe nada acreditado, y que por supuesto, el caso podría quedarse en la falta administrativa si el persecutor así lo determina. “Se tiene que determinar que hubo afán de engaño, aumentar el precio del terreno, o cualquier actividad en el marco de este contrato que resulte ser engañosa, o crear un falso concepto de la realidad, y eso todavía no ocurre”, precisó.

“Hemos estado en permanente contacto con ella (Lucía Pinto). Está enfrentando esto de manera valiente y por el momento sólo está pensando en que esto se esclarezca”, Óscar Tapia, presidente regional de la UDI

Respecto al tiempo que podrían demorar las diligencias para contar con antecedentes suficientes e investigar o un delito, o descartarlo, al ser un proceso desformalizado, no existen plazos y podrían llevar hasta seis meses. En este tiempo, las partes deberían presentar antecedentes a requerimiento de la Fiscalía, y el ente persecutor, representado por Claudia Perivancich instruir las acciones que considere pertinentes.

Aristas indeterminadas

El penalista Raúl Castillo, expresó que “todavía es pronto” para hablar de delitos de manera tan específica, o de sólo uno, ya que las aristas todavía son indeterminadas. Por lo pronto, “existe un reproche de Contraloría” que pone en conocimiento al Ministerio Público. “Por el momento, creo que se trata de un tema más político vinculado a la oportunidad”, sostuvo.

Ahora bien, dentro del periodo en que se establece si se perseguirá penalmente, pueden ir surgiendo una serie de antecedentes desconocidos, tal como ha ocurrido en casos similares en el país. “Muchas veces ocurre que se empieza a investigar un hecho, pero comienzan a surgir otros que merecen una calificación jurídica y un reproche penal diferente, y terminan siendo más delitos. Aquí la Fiscalía no sólo investiga un presunto fraude al fisco, pero a su vez tiene que investigar si existe un enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, la figura de cohecho, etc… Entonces no es un tema que se fije o quede determinado con un fraude al fisco emanado de una compraventa. Hay que ver quién participó, de qué forma se hace la venta, quiénes actúan por parte del Gobierno, quiénes avalúan los terrenos. Demasiadas cosas, una vez que todo eso se lleve a cabo, la Fiscalía dirá ‘está correcto’, sólo existió una falta administrativa, o ‘hay que iniciar un proceso penal’”, explicó.

Castillo manifestó que si bien la funcionaria más cuestionada es la ex intendenta Lucía Pinto, por ser la jefa regional, bien podría suceder que el proceso culminara con sanciones de mayor gravedad para otros presuntos implicados. Incluso, imputándoseles delitos a éstos, y no necesariamente a Pinto. “La ex intendenta podría ser sancionada en la medida que su actuación dentro del proceso administrativo tenga relevancia o pertinencia con el hecho objetado, como todos”, sostiene y cita como ejemplo a la persona que llevó el vale vista a la notaría que a simple vista no tendría participación delictual, “pero si se determina que él es la misma que participó en otro acto tendiente a que esa compraventa se realizara es distinto. Es decir, no todos los que participaron en esto pueden ser responsables desde el punto de vista penal, y no todos los que participaron pueden decir que no son responsables”. Por lo mismo, la Fiscalía debe seguir una línea conductora muy fina que la va a llevar a esclarecer los hechos, resolviendo preguntas que son clave, como por ejemplo, ¿por qué el Gobierno pagó más por terrenos que, presumiblemente costaban menos?, “esto será lo que la ex intendenta y su equipo tendrán que justificar”, afirmó Castillo. 

Palabra del ex fiscal regional

El ex Fiscal Regional de Coquimbo, Enrique Labarca, es categórico al señalar que la no toma de razón por parte de la Contraloría respecto del contrato, no constituye delito por sí sólo, sino que un incumplimiento administrativo. “Eso en primera instancia, y por esta infracción lo que yo arriesgo una sanción disciplinaria, que se dictamina luego de un sumario donde me podrían amonestar verbalmente, en lo más mínimo, o bien destituir que sería el peor escenario”, explica Labarca. En este caso, si se determina una responsabilidad de esa gravedad por parte de la ex intendenta Pinto, por ejemplo, entre otras consecuencias, quedaría inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos por una determinada cantidad de tiempo, lo que echaría por la borda eventuales aspiraciones al parlamento. Claro, su renuncia se produjo una vez que el sumario ya estaba en curso lo que, según Labarca, la expone a las mismas sanciones aplicables respecto de si hubiese estado aún en el cargo.

Trato directo “inviable”

Para Labarca, en casos donde los montos son tan elevados, un trato directo resulta inviable, precisamente para evitar estas situaciones. “Este tipo de cosas llaman la atención de inmediato, y hay que investigarlas desde todo punto de vista. Por el monto de la compra, aquí tendría que haber existido un proceso de licitación e ir a trámite de toma de razón. Se ve muy extraño, por decirlo menos, que traten de hacerlo de una manera y como la Contraloría les puso problemas, hacerlo de otra forma”, especificó.

Según el abogado, las suspicacias surgen de inmediato, “ya sea por el valor que está disparado, lo que configura un fraude al fisco, o que se haya favorecido a alguien, lo que conllevaría tráfico de influencias”.

Pero llamó la atención respecto a que estas prácticas serían más comunes de lo que se piensa. De acuerdo a su propia experiencia en asesorías jurídicas, tuvo casos en los que su consejo fue que un contrato no se podía firmar, y finalmente aparecían firmados. “Evidentemente hay prácticas que se han normalizado, y yo creo que Chile está como está entre otras cosas por eso, porque la impunidad en los delitos funcionarios que ha existido en el último tiempo han sido muchas, y eso ha generado en todos nosotros un profundo descontento, porque es plata del Estado”, expresó.

Agregó que –sin aseverar que este sea el caso puesto que recién se está investigando- en muchas situaciones se soslayan entes como contraloría, incluso asumiendo los riesgos, pero tratando de minimizarlos. “Si yo voy a realizar una acción que está al borde de lo legal, asumo cómo enfrentar la consecuencia. Y esa consecuencia es una posible responsabilidad administrativa, o incluso penal, pero es menor que el beneficio, se realiza”, indicó. 

De cualquier forma -y ahora sí situándose en el Papaya Gate- manifestó que lo principal, para los imputados que pretenden demostrar su inocencia, es encontrar las pruebas que acrediten su buena fe. “Igualmente les va a llegar una sanción administrativa, pero menor, porque se puede argumentar que tuvieron la voluntad de solucionar el problema. Ahora, esto no implica que el acto esté correcto, porque independientemente de la buena voluntad de los funcionarios, ellos incurrieron en una falta. El erario fiscal no se maneja como ellos quieren, se maneja en base a una normativa”, finalizó el ex fiscal regional, dando luces de lo que se viene en uno de los casos más bullados en la esfera política regional de los últimos años.