Postergan juicio a carabineros acusados de agredir a joven en unidad policial

Para los días 25, 26 y 27 de abril quedaron agendas las audiencias del juicio oral que busca establecer las responsabilidades de tres funcionarios de Carabineros en una acusación que los sindica como coautores de los delitos de detención ilegal y arbitraria y de tormentos y apremios, ocurridos en una unidad penal en 2016.

2 de los acusados se encuentran en ejercicio de sus funciones en carabineros.

Los jueces decidieron acceder a la petición de la parte defensora, debido a que una de las abogadas no se presentó a la audiencia por encontrarse con licencia médica y pese a que su inasistencia se estimó como “no justificada”, las magistradas decidieron que era necesario que el nuevo abogado que asumiera la representación se interiorizara en los hechos.

Se reprograma así por segunda vez el juicio oral en el que comparecerán Sargento segundo en retiro Jorge Alarcón y los carabineros aún en ejercicio Patricio Muñoz y Mauricio Pérez, quienes fueron acusados tras la denuncia del civil afectado.

EL DÍA DE LA AGRESIÓN.

Según los antecedentes del caso, la medianoche del 7 de abril, el civil fue golpeado y arrastrado por los uniformados hasta una celda de la Sexta Comisaría de Las Compañías, lugar donde lo insultaron y agredieron con puños y patadas, para luego ser obligado a desnudarse.

Finalmente la víctima fue dejada en libertad sin quedar registro alguno de su paso por la comisaría en los libros de guardia respectivos.

A través de una entrevista difundida en un reportaje de El Día en el mes de octubre, relató los hechos que asegura, le siguen afectado, pero por los cuales espera “que se haga justicia” y se atrevió a hablar para que “no le pase a nadie más”, indicó en esa oportunidad.

El joven de 25 años, que soñaba con ser Carabinero desechó todas sus ilusiones cuando concurrió a la unidad policial a realizar una consulta junto a un amigo y las cosas no salieron como esperaban.

El afectado indicó que se encontraron con un trato hostil por parte de los Carabineros, por lo que decidieron grabar para resguardarse en caso de que sucediera “algo extraño”. La acción no habría sido bien recibida por parte de los policías, quienes lo llevaron hasta el calabozo en medio de agresiones.

CAMINO AL JUICIO ORAL.

Los hechos fueron denunciados por la víctima y tras el proceso de indagaciones, el 17 de octubre del año pasado se realizó la audiencia del cierre de investigación que fue calificada como “un día bastante positivos para nosotros” por la entonces abogada del joven, Andrea Guzmán.

El juicio oral quedó fijado para el lunes 19 de febrero de 2018, sin embargo debió ser aplazado, debido a que uno de los acusados no se presentó por encontrase con licencia médica por un cuadro de estrés depresivo con crisis de pánico.

La fiscalía no se opuso a la petición de la defensa de aplazar la audiencia, indicando además que uno de los testigos esenciales para la teoría del caso se encontraba haciendo uso de su feriado legal. De esta forma la audiencia se agendó para este miércoles 11 de abril a las 8:30 horas.

ABANDONO DE DEFENSA.

Un día antes de la audiencia, la defensora particular Paola Vega dio aviso al tribunal de que se ausentaría debido a una licencia médica que la mantenía con reposo absoluto en su domicilio.

La situación fue expuesta por las juezas y las partes debatieron en torno a la ausencia de Vega. Tanto el fiscal del caso, como los querellantes que representaban al Consejo de Defensa del Estado y a la víctima, solicitaron que se declarara injustificada la decisión de la abogada y que se determinara abandono de defensa.

3 días duraría el juicio oral que comenzará este 25 de abril.

Resulta que pese a tener recomendación de reposo por un médico, la abogada se había presentado a otra audiencia del Juzgado de Garantía en el mismo período, lo que a juicio de los acusadores, le permitiría presentarse al actual juicio, ya que además su licencia terminaba esta semana.

Las magistradas decidieron acoger la solicitud, declarando como injustificada la ausencia de la abogada e indicando que había hecho “abandono de la defensa”, lo que podría acarrear sanciones para Vega.

En el caso que un abogado no se presente a una audiencia el tribunal le da un plazo de 5 dias para justificar su insistencia.

La profesional podría ser sometida a comparecer para explicar su falta. Si no está debidamente justificada podría incluso ser suspendida del ejercicio de su profesión en cualquier tribunal por un plazo hasta de 30 días.

A petición de su colega, la defensora penal pública Pía Bustos, la audiencia se reprogramó, debido a que según la abogada requeriría cerca de 10 días poder preparar el caso para el abogado que asumirá la defensa de los dos acusados que representaba Vega.

Los jueces aceptaron la petición, por lo que los acusados deberán tomar contacto con el segundo abogado que estaba en la causa. De no poder representarlos, la Defensoría Penal Pública designaría a otro profesional. 6301i