Robo de conductores eléctricos preocupa a la autoridad

En la unidad especializada en investigación de focos investigativos de la Fiscalía están puestos los ojos de los diversos actores que se han sumado para encontrar solución a una serie de robos e intentos de robos de cables conductores de electricidad en la región.

Este fenómeno delictual se ha convertido en una verdadera preocupación tanto para las empresas, que han sufrido la sustracción de grandes cantidades de cobre, como para las autoridades, por la afectación al suministro de miles de usuarios y con ello la creación de un escenario propicio para la comisión de otros delitos en plena oscuridad.

Tres eventos en un solo mes encendieron las alarmas. En marzo, sujetos aún desconocidos intervinieron los cables eléctricos en los sectores de Las Compañías, El Peñón de Coquimbo y la zona sur de Ovalle, para robar cobre, afectando a miles de usuarios.

En la ciudad limarina perjudicaron de manera directa a localidades rurales en las que Conafe ejecuta un proyecto de electrificación esperado por décadas y en Las Compañías, tras varios intentos de robo que finalmente se concretaron, miles de personas quedaron sin luz, generando incidentes y preocupación entre los usuarios.

CARTAS EN EL ASUNTO.

En registros de CGE, los costos por costos en equipos y materiales está en torno a los 50 millones de pesos, “Sin embargo, estos delitos generaron interrupciones de energía eléctrica que afectaron a cerca de 13 mil clientes de Coquimbo, La Serena y Ovalle, lo que hace que la pérdida total, supere con creces esa cifra”, indicó el gerente de Instituciones y Comunidades Zonal Norte de CGE, Gerardo María.

“Estos robos son cíclicos y tienen mucha relación con el precio del cobre. En la medida que este valor sube en el mercado, los robos se incrementan. Por suerte en nuestra zona no es un delito recurrente, pero este año ha habido un notorio incremento”, agregó.

Con esta preocupación CGE inició las primeras acciones y buscaron la coordinación con autoridades de gobierno, junto a quienes establecieron una mesa de trabajo, que con el tiempo ha ido sumando actores.

El Seremi de Energía, Álvaro Herrera tomó el liderazgo de la mesa y en reunión con las policías comenzó el trabajo. En la medida en que comenzaban las mesas de trabajo hubo un cuarto robo, en el sector de Las Compañías que afectó a 16 mil usuarios, “por lo que la mesa entiende que se convirtió en un problema de seguridad pública y entendemos que es una necesidad mantener constante la mesa para derle freno a esto”.

También mostró su preocupación por eventuales accidentes, ya que si bien no ha habido registro de ellas, es una posibilidad creciente por lo riesgoso de la acción, “los eventos más grandes ocurrieron en lugares electrificados, en instalaciones que no son menores. Una de las cosas que nos causa cuidado es que un día de estos no solo nos vamos a encontrar con un robo, sino que también nos podemos encontrar con la muerte de algunos de los delincuentes”, declaró.

Herrera indicó que “es una historia que tiene larga data en el sur y en el norte grande del país y es por ello que esta mesa se ha ampliado, logrando concurrencia importante de varios actores”. De esta forma se sumaron participantes como la Fiscalía, Seguridad Pública y Transelec, empresa de transmisión de energía con presencia en gran parte del país y que con su experiencia tras una serie de robos en sus instalaciones espera aportar al combate de este tipo de delitos.

LA EXPERIENCIA DE TRANSELEC.

Tan pronto tomaron conocimiento de la creación de esta mesa de Trabajo de Robo de Conductores en la Región de Coquimbo, se comunicaron con las autoridades para compartir su experiencia.

Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica del país, ha sido parte importante del proceso para buscar soluciones. Con más de 10.000 mil kilómetros de líneas desplegadas entre Arica y Chiloé han sido también foco de varios robos, situación que los ha llevado a formular todo un plan especial para detenerlos y aseguran que su experiencia “es cien porciento aplicable a la región de Coquimbo”.

Para ellos no es nuevo, desde 2006 comenzó a registrarse este fenómeno, que alcanzó su peak en 2009. En 2013 se registró una disminución que coincidió con sentencias condenatorias a implicados en los delitos, sin embargo desde 2014 han registrado un aumento de los robos.

En los últimos tres años han sufrido casi 140 eventos entre las regiones Metropolitana y Biobío, además de un robo de grandes magnitudes en Atacama en el año 2015, mientras que entre 2016 y 2017 las regiones de O’Higgins y Maule estuvieron fuertemente afectadas y este año nuevamente Biobío ha sido blanco de robos.

El Gerente Zona Norte de Transelec, Waldo Ibacache indicó que “En cada robo se sustraen desde centenares de metros hasta varios kilómetros. En algunas líneas, como ocurrió en Atacama, además de la sustracción y corte del conductor, el delito va aparejado con la caída simultánea de varias estructuras, ya que la línea muchas veces actúa como soporte de las estructuras”.

Las acciones de la empresa centraron en diferentes frentes, campañas comunicacionales, oportuna presentación de demandas y querellas, seguimiento judicial para cooperar con el Ministerio Público, mesas de trabajo con diferentes actores y en diferentes regiones son algunas de las medidas que tomaron.

“Estamos trabajando en soluciones técnicas puntuales en tramos más críticos, sin embargo, estamos convencidos que en paralelo es posible evitar muchos de estos robos con un apoyo más robusto y decidido desde los gobiernos regionales y las oficinas de seguridad respectivas”, agregó Ibacache.

FOCO DE INVESTIGACIÓN.

Desde la segunda mesa de trabajo la Fiscalía entró de lleno. Una ardua labor de los persecutores por recabar antecedentes para realizar un informe estadístico sobre este tipo de delitos, permitió que el fiscal regional Adrián Vega autorizara declarar el fenómeno como un foco investigativo.

Esta acción “permitirá hacer un trabajo más exhaustivo y especializado, mano a mano con la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, para establecer bandas e imputados ligados al delito”, indicó el fiscal Eduardo Yáñez, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía.

Con la venia de Vega se asignó a un fiscal exclusivo para el foco. Ricardo Soto tendrá la tarea de esclarecer los hechos y para ello, su liderazgo le permitirá no solo investigar un delito en particular, sino todas las causas asociadas. El fiscal de foco está facultado incluso para abrir causas que están cerradas, de casos en toda la región.

¿Qué viene ahora para los fiscales? Soto explica que lo primero es elaborar un plan de persecución penal, “es básicamente una hoja de ruta de lo que se va a hacer en este período de tiempo, de alrededor de seis a ocho meses, para investigar este tipo de delitos”.

Elaborado el plan comenzará la parte operativa, en la que los esfuerzos se centrarán en determinar, junto a la PDI, la identidad de los responsables y la posible existencia de un mercado delictual vinculado a los cables de cobre. “El delito produce impacto en la sociedad. La idea es determinar quién está comprando los conductores, para llegar a la raíz del problema y que estas personas no tengan donde receptarlos”, detalló.

BANDAS, MERCADO ILÍCITO Y CONTRABANDO.

Las investigaciones están en sus primeras semanas bajo la dirección de la fiscalía de focos y aún no hay detenidos, tampoco imputados, sin embargo el Ministerio Público ya estudia el escenario.

Roberto Vergara, analista criminal de la Fiscalía recibió a El Día para detallar lo conocido hasta ahora. Por el tipo de delito y la cantidad de cables sustraídos “estamos hablando de bandas. Deben saber cómo cortar el cobre para no electrocutarse”, explicó.

Además, debiesen tener a alguien encargado de la reducción, lo que lleva a la existencia de un mercado delictual. “Una tonelada de cobre no se vende en la esquina, tiene que haber alguien que sepa qué hacer con él, por lo tanto hablamos de un mercado delictual donde hay un vendedor y un comprador del producto obtenido de forma ilícita”, sostuvo el analista criminal.

El paso inicial no es muy sofisticado, utilizando diversas herramientas cortan los cables para sustraer el cobre y lo reducen. En estos lugares de acopio comienza el proceso de pelar los cables, llevarlos a otros formatos y procesarlos para darle mayor pureza, “lo funden, y en otras regiones se da que el material es enviado al extranjero en cubos de chatarra”, agregó Vergara.

El analista explica que en China el precio de una tonelada de cobre es de 8 millones de pesos, “el cubo de chatarra por el contrario, se exporta legalmente con un valor de los 300 mil pesos”. Para lograrlo ahuecan los cubos e insertan lo lingotes del cobre procesado, “esto nos lleva a hablar de contrabando”, indicó.

De esta forma, los delitos involucrados en todo este proceso son variados y van desde el hurto a la apropiación de cables eléctricos, interrupción del servicio eléctrico y los más graves: receptación, robo en lugar no habitado y finalmente el contrabando.

UN PROBLEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Pero más allá del robo y los diversos delitos implicados en el hecho las autoridades están preocupadas por una serie de ilícitos que se pueden cometer como consecuencia. El Seremi Herrera indica que “en la medida en que los sectores quedan sin luz se disparan los índices delictuales”.

En este sentido la coordinadora regional de Seguridad Pública, Sara Contreras agrega que afecta desde dos puntos de vista, “el primero es que constituye un factor de riesgo para el robo en lugar habitado y el robo con intimidación, puesto que las calles quedan completamente en oscuras y el tiempo sin luz es bastante largo”, esto por las dificultades para detectar el lugar exacto del robo, para la reposición del servicio.

Además Contreras advierte que puede afectar directamente en la sensación de inseguridad de las personas, índices que ya son elevados en la región, según las últimas encuestas. “Puede ser que vivan en sectores que vivan en sectores seguros, pero que se sientan más vulnerables a ser víctimas de un delito”, señaló.

La coordinadora de Seguridad Pública valoró el compromiso de los actores para evitar nuevos casos y recalcó que es importante la participación ciudadana, “si ven algo es importante que lo denuncien, eso ayuda a la empresa a reponer el servicio más rápidamente”, dijo Sara Contreras.

Para Waldo Ibacache, de Transelec también es relevante que en algunos casos afecta “en la recepción de servicios que solo funcionan con energía, como bombas de agua, servicios de telecomunicaciones y, apuntando a temas más graves, dejan sin energía a hospitales, escuelas y centros productivos”.

NECESIDAD DE MEJORAR EL TRABAJO.

No es una cadena de delitos fácil de enfrentar, en eso concuerdan los actores. El Seremi de Energía indicó que a fines de mayo hubo un nuevo ataque al mismo punto donde se produjo el primero. El ilícito afectó a una línea no electrificada en Mantos de Hornillos, y al no estar electrificada es más sencillo para los delincuentes actuar y más difícil para la empresa notarlo.

Además, los patrullajes y otras medidas preventivas son difíciles de implementar, “existe una cantidad enorme de cables conductores en la región, entonces es complejo estar cien por ciento en vigilancia del cableado”, sostuvo el Seremi Álvaro Herrera.

A las primeras dificultades encontradas, la Fiscalía sumó otras. El analista criminal Roberto Vergara indicó que “cuando hay suspensión del suministro eléctrico, para la empresa generadora la prioridad es reponer el servicio, por lo tanto tienden a alterar el sitio del suceso”. Además las denuncias fueron hechas con un mes de desfase, lo que no permitió levantar información y no se encontraron evidencias en algunos casos.

Sin duda el fenómeno atrapó a todos por sorpresa, ya que pese a que lleva más de 10 años en el país, no había afectado en tal magnitud a la Región de Coquimbo, sin embargo ya hay avances y parece haber acuerdos y disposición de todas las partes.

“Hay un interés creciente de las empresas distribuidoras de energía y del gobierno. Se espera que haya un protocolo de acción en caso de futuros incidentes y un tratamiento adecuado del sitio del suceso”, destacó Vergara.

En este punto el Seremi de Energía detalló que “se han logrado algunos acuerdos entre las policías para que tengan claro cuál es la forma de caratular el hecho delictual, ya que pese a que es muy común en el sur, acá no teníamos conocimiento”. También agregó que se les entregaron muestrarios a las policías para que conozcan el tipo de cable y se fortalecerá el feedback con las empresas.

Las mesas de trabajo se siguen desarrollando “y se realizarán las que sean necesarias”, dijo el seremi y no descartó la posibilidad de seguir sumando actores. Por su parte “destacamos que hemos compartido experiencias, clarificamos dudas, mejoramos los canales de comunicación, junto con capacitar a las policías y realizar todas las gestiones posibles para combatir estos delitos”, indicó Gerardo María, de CGE.

Los diferentes actores tienen la mirada puesta sobre las investigaciones que desarrollará la fiscalía para acabar con un fenómeno delictivo que reveló un posible mercado delictual con presencia en la región y que de manera indirecta tiene implicancia en otros puntos del escenario delictivo, afectando de manera directa a la sociedad. 6301iR

CIFRAS

2.500 pesos por kilo alcanza el cobre sacado de los conductores eléctricos según fundidoras.

12 mil clientes se vieron afectados por los cortes de suministros tras el robo de cables ocurridos en marzo.