“Hecha la ley hecha la trampa”, dice la conocida frase y lamentablemente ni en tiempos de pandemia ha dejado de ser así. Claro, porque a los problemas que existen con la mal utilización y la excesiva solicitud de permisos temporales en medio de la cuarentena total, se ha sumado una nueva mala praxis con características de delito que va absolutamente en contra de lo que se pretende conseguir por medio del confinamiento obligatorio, que es reducir la movilidad de las personas para frenar el Covid. Ocurre que sujetos inescrupulosos están falsificando los permisos temporales, algunos por su cuenta y también, en algo que se investiga, para venderlos a terceras personas, una situación que ha encendido las alarmas de las autoridades y que obliga a redoblar esfuerzos a las entidades fiscalizadoras.
Una idea instalada
El rumor estaba instalado en el ambiente. Testimonios escritos en redes sociales, o “algo que le ocurrió a un amigo en algún lugar” daban cuenta de lo que estaba pasando desde hace semanas y que no se había logrado detectar: “Están vendiendo permisos”, fue una información que a muchos les llegó, aunque siempre a medias, en la nebulosa. De hecho, conocimos relatos de quienes fueron tentados por estas personas. En uno de los casos, una serenense que retornaba de su trabajo rumbo a su casa en La Florida, cuando el conductor les manifestó tanto a ella como al resto de los pasajeros que iban a bordo del móvil que, “si tenían problemas con sus permisos que le avisaran”, que él tenía para vender. De inmediato se le preguntó si eran falsos, lo que descartó de plano. “Son de personas que no los utilizan…”, indicó sin entrar más en detalle.
Casos salen a la palestra
Y al día siguiente, el domingo, los primeros casos salían a la luz tanto en La Serena como en Coquimbo, cuando se informó de ocho detenciones de transeúntes circulando con permisos adulterados. Siete en el contexto de una fiscalización en la feria de Abastos de Coquimbo, y una mujer en el Mall Puerta del Mar de la capital regional.
Pero no habrían sido los únicos, según lo consignó en El Día TV, el capitán de Carabineros Julio Mardones, quien manifestó que el tema era grave, y que podría tener serias consecuencias para las personas que incurrieran en esto, ya que además de infringir el artículo 318 en el contexto de la cuarentena, se estaba incurriendo en el delito de falsificación de instrumento público. “La gente tiene que pensar que ellos van a ser los perjudicados, que no piensen que no les va a pasar nada, porque esto se califica como un delito distinto, más grave. De hecho, es más grave andar con un permiso falsificado que andar sin el permiso”, consignó Mardones, agregando que tanto los funcionarios policiales como del ejército están más rigurosos en los controles por lo que no resultaría difícil descubrir a quienes estén incurriendo en estos ilícitos a través de los distintos sistemas tecnológicos.
Autoridades en alerta
Este tipo de accionar por parte de la ciudadanía ha puesto en alerta tanto a las autoridades a nivel de Gobierno como policiales. Por lo mismo, el llamado es a que se tome conciencia de una vez por todas, porque además de las consecuencias legales de cometer esta infracción, está el tema de que este comportamiento no permite controlar el virus. Así lo consignó la intendenta Lucía Pinto. “Sin duda que se ha hecho un mal uso de los permisos. Necesitamos que la ciudadanía entienda que la duración de la cuarentena y el éxito de esta medida dependen de las decisiones que adoptemos. Muchos obtienen su permiso para realizar múltiples actividades, lo que representa una actitud que no ayuda en nada a este confinamiento (…) Para continuar detectando estas irregularidades vamos a utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer los controles, y en caso que sea necesario, para endurecer las sanciones hacia quienes siguen infringiendo la cuarentena”, indicó la Intendenta Lucía Pinto.
Utilizando todos los medios
La verificación de los permisos será estricta y ante cualquier señal que alerte a los efectivos se actuará con el máximo rigor. Al respecto, el Jefe de la IV Zona de Carabineros, General Jorge Tobar, dijo que “tanto nuestros Carabineros como los militares, están capacitados y preparados para controlar y detectar cualquier adulteración en los permisos temporales. Para ello, realizan un riguroso análisis visual de los documentos. Por eso, debo decir una vez más, que estamos desplegando todos nuestros recursos para contener la pandemia y resguardar la seguridad de todos nuestros vecinos. Pero necesitamos, de manera imperativa, que toda la comunidad se comprometa con este esfuerzo. Resulta condenable, que existan personas que se aprovechen de la contingencia para vender, adulterar o dar mal uso a los permisos”, finalizó el general.
El marco legal
Hasta ayer no existía un desglose por parte de las autoridades respecto a cuántas personas exactamente habían sorprendido con permisos adulterados, o falsos, ni tampoco se tiene conocimiento respecto a grupos organizados que los estén distribuyendo. Lo cierto es que de acuerdo a la ley, según precisa el abogado Carlo Silva, y tal como lo deslizaba el capitán Julio Mardones, sería perfectamente imputable otro delito aparte del infringir el artículo 318, por poner en riesgo la salud pública. “Si uno transita sin el permiso real, está incumpliendo el artículo 318, pero además, cabe otra figura como lo es la falsificación de instrumento público que podría llevar aparejada penas desde los 541 días hasta los 3 años de presidio. No es una cuestión menor, porque se sumarían dos penas”, indicó Silva.
Los delitos
Artículo 318: Quien circule con un permiso falso, inmediatamente estará infringiendo esta normativa que dice relación con poner en riesgo la salud pública.
Documento público: Al tratarse de una declaración jurada emitida por una entidad del estado, se incurre en el delito simple de Falsificación de Instrumento Público.