ANEF exige la nulidad de los 25 despidos en el sector público en la región

Una demanda para exigir la nulidad de los despidos en la Gobernación Provincial de Elqui interpuso este jueves en el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Región de Coquimbo junto a los trabajadores afectados.

Clara Olivares Araya, presidenta regional de la ANEF, explica que la acción busca revertir los 25 despidos que se han producido en el sector público, con casos en la Gobernación Provincial de Elqui, las seremías de Obras Públicas, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, además de Subdere. Olivares explica que todas las desvinculaciones son injustificadas y afectan a funcionarios que realizaban tareas propias de los servicios y que ya fueron reemplazados.

Este jueves 17 se presentó la demanda ante la desvinculación de dos funcionarios y en las próximas dos semanas se presentarán las restantes. Olivares expresa que con estas desvinculaciones “desmantelaron la Gobernación de Elqui”, especialmente el área de Extranjería, en la que sus cinco trabajadores fueron despedidos.

La situación fue especialmente compleja en este caso, pues, como señala la dirigenta, “una de las funcionarias estaba atendiendo público y se le notificó en ese momento, a las 11 de la mañana. Ella tuvo que irse y se dejó sin atender al público. Esa es la importancia que la gobernadora le está dando a la nueva Ley de Migraciones”.

La dirigenta comenta que ya en un caso, en el Ministerio de Bienes Nacionales en Santiago, la Corte Suprema ordenó reintegrar a sus funciones a un jefe de departamento despedido.

UN CASO COMPLEJO: EXTRANJERÍA

Asimismo, Olivares señala que la Gobernación está derivando la atención de público al Instituto de Previsión Social (IPS), lo que genera dudas respecto de la calidad del servicio que se pueda prestar.  Sin embargo, en la Gobernación de Elqui aclaran que en Extranjería se trabaja de manera normal, no se ha dejado de atender público y que el IPS actúa en la segunda parte del proceso de los migrantes, correspondiente a los trámites de regularización.

La gobernadora Daniela Norambuena precisó que el proceso de regularización ha sido apoyado por las oficinas de Chile Atiende, según el convenio del Ministerio del Interior con el IPS -que depende del Ministerio del Trabajo- como una forma de apoyar y descongestionar las oficinas de Extranjería de las 54 gobernaciones del país.

Asimismo, justificó las desvinculaciones y sostuvo que en Extranjería existen procesos pendientes desde el 2015 y a la fecha son más de 8 mil trámites en espera: “Por eso reestructuramos el departamento y hemos complementado con nuevos profesionales en el área para agilizar la tramitación”.

GOBIERNO PIDE RESPONSABILIDAD

Por su parte, el seremi de Gobierno Ignacio Pinto Retamal manifestó que “estamos en un país democrático y los funcionarios tienen todo el derecho a utilizar las instancias que estimen pertinentes, pero también pedimos responsabilidad y seriedad”. En este sentido, Pinto asegura que las desvinculaciones han sido las mínimas, en relación a los profesionales que requiere la instalación de cualquier gobierno. “La mayoría de los trabajadores de la administración pública siguen cumpliendo sus funciones normalmente”, concluyó el seremi. 6502i