• La concejala de Evópoli, Jocelyn Lizana, enfrentará en el Tribunal de Garantía de La Serena un procedimiento simplificado por presunta agresión en contra de Elena Andrade.
Crédito fotografía: 
Archivo El Día
Una abogada la acusa de supuesta agresión y el Ministerio Público pide pena de 300 días de presidio y suspensión de cargo u oficio público.

La concejala de La Serena, Jocelyn Lizana, evitó referirse en profundidad al juicio abreviado que enfrentará mañana, tras ser acusada de agredir a la abogada Elena Andrade Pizarro.

Lizana, tras ser consultada por diario El Día, se limitó a señalar que “yo dije que cuando hubiera sentencia  me voy a referir al caso y soy una buena persona en lo público y en lo privado, esto daña mi vida privada, tiene relación con proteger a mis hijos y, por tanto, no voy a intervenir ni voy a hablar antes de que se haga el juicio”, señaló.

Al precisarle que existe una acusación de una persona que dice que la concejala la agredió, ésta señaló que “a uno la pueden acusar de cualquier cosa, otra es que sea cierto”. 

Al preguntarle, entonces, si era una invención la acusación por agresión, Lizana insiste en que “después que haya sentencia me voy a referir al tema”.

Jocelyn Lizana, concejala de Evópoli por la comuna de La Serena, a partir de las 08:30 horas de mañana, enfrentará en el Tribunal de Garantía de La Serena un procedimiento simplificado por presunta agresión en contra de Elena Andrade.

La acusación señala en el texto judicial que la concejala “agredió a la víctima propinándole golpes de pies y puño en distintas partes del cuerpo, lanzándola al suelo, donde procedió a morderle el muslo de la pierna derecha, provocándole con ello lesiones consistentes en contusiones en la región parietal derecha, herida en  el muslo derecho con necrosis grasa en tejido celular subcutáneo por mordedura humana de carácter menos grave, con un tiempo de sanación e incapacidad de 18 a 20 días”.

Referente a la pena, el Ministerio Público “solicita para la requerida la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la pena, con costas”.

REQUERIMIENTO DE CONTRALORÍA

•••  Pero no es el único flanco que está enfrentando la concejala. También en la Contraloría existiría un requerimiento en su contra, donde se pide que esta entidad se pronuncie referente a su actuar como concejala, ya que ella tendría una patente de alcoholes y un negocio de motel.

En respuesta a esta materia, precisó a diario El Día que en este tema existiría total ignorancia, “porque yo durante el primer mes de concejo incluso me abstuve de las votaciones porque la patente de alcoholes estaba bajo mi nombre y a sugerencia de los propios abogados del municipio, tenía que pasarla a alguien de mi confianza que no tuviera una relación de primera hasta tercera afinidad. Mi pareja actual no está casado conmigo, no tiene nada legal conmigo y por tanto, él era una persona apta. Y todo el procedimiento yo lo informé en concejo, públicamente, en las fechas que correspondían. Está acreditado con un documento que me pidió la Dirección de Patentes y con eso estamos okey”.

 

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