Educación y conciencia cívica son las claves para impulsar el voto juvenil

El miércoles 7 de noviembre, los diputados Boris Barrera (PC), Juan Santana (PS) y Raúl Soto (PDC), presentaron un proyecto de Reforma Constitucional que busca disminuir la edad para votar, de los actuales 18 años a los 16, y la edad para convertirse en senador, de los actuales 35 a los 21 años.

De acuerdo a la fundamentación de los congresistas, la iniciativa busca promover la participación de los jóvenes en las elecciones democráticas y representar sus intereses y demandas en la agenda política, considerando que “los 16 años es razonable –por la madurez que tienen los jóvenes- para tomar una decisión en forma libre e informada”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que parlamentarios presentan un proyecto que va en pos de permitir que los menores de edad tengan derecho a sufragio. En 2016, dos proyectos, uno a cargo de los entonces diputados de Amplitud (colectividad hoy desaparecida), Pedro Browne y Joaquín Godoy y otro por los parlamentarios socialistas Daniel Melo y Leonardo Soto, buscaban rebajar la edad de derecho a voto a los 16 años.

Junto con ello, la misma idea estaba contenida en el programa presidencial del excandidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier.

Todos estos esfuerzos son muestra de una realidad evidente, la necesidad de estimular la participación ciudadana y el interés de los jóvenes, segmento de la sociedad que ha disminuido su presencia en las elecciones.

8 proyectos de ley que buscan regular o modificar la edad para votar o los requisitos de ciudadanía se encuentran en tramitación en el Congreso

VISIONES DIVIDIDAS ENTRE PARLAMENTARIOS

Aun cuando mantienen opiniones diversas respecto de si este proyecto será suficiente para aumentar la participación electoral juvenil, los parlamentarios coinciden en un aspecto fundamental: antes de bajar la edad de derecho a voto se debe fortalecer la educación cívica.

El diputado del Partido Comunista Daniel Núñez asegura que “estoy de acuerdo con este proyecto porque pone de relieve una realidad importante, que es la igualdad de los derechos y deberes de un joven”.

Según el parlamentario, el proyecto se justifica sobre todo desde un punto de vista de la igualdad de derechos: “a los 14 años un joven puede tener penas de cárcel, pero puede votar a los 18, entonces, la igualdad como ciudadano debiese partir a los 16”.

Asimismo, el congresista agrega que “es importante que haya un debate en torno al ser ciudadano, con derechos y deberes, no sólo penas y condenas”.

También se manifestó favorable al proyecto el diputado del Partido Socialista Raúl Saldívar, aunque con matices, pues asegura que primero es necesario fortalecer la educación cívica. El diputado expresa que “la verdad es que la señal necesaria para rebajar la idea de votar está dada por el volumen de jóvenes que hoy no son concurrentes a procesos eleccionarios”.

A pesar de lo anterior, Saldívar expresa que apoya el proyecto y que no se opone, siempre que se avance en las condiciones que determinarían que un joven se vea motivado a votar.

El diputado independiente Pedro Velásquez es más crítico, al expresar que “de verdad, el proyecto carece de toda lógica” y que primero se deben mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, sobre todo de quienes han delinquido y viven en la pobreza y la vulnerabilidad.

A juicio del congresista, el Gobierno debería enviar un proyecto de ley con carácter de urgente, para reponer el voto obligatorio y además, incentivar la participación juvenil.

En este sentido, el diputado manifiesta que los parlamentarios en general, al igual que el Gobierno, han dejado de preocuparse de los jóvenes, valiéndose de argumentos como su inmadurez o falta de conocimiento, mismas razones que han llevado al Ejecutivo y al Legislativo a evitar temas como la Ley de Identidad de Género para los menores de edad.

Desde Chile Vamos, en tanto, coinciden en ser favorables a un fortalecimiento de la educación cívica y formación ciudadana como requisito previo al voto juvenil.

El diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, asegura que “antes de bajar la edad para votar, creo que tenemos que perfeccionar lo que es la cultura cívica, la responsabilidad cívica. Esto requiere un gasto de recursos y en lugar de gastarlos en eso, sería mejor gastarlos en potenciar la cultura cívica”.

El diputado gremialista Sergio Gahona expresa por su parte, que “rebajar la edad de votación a los 16 años no es una materia que esté considerada dentro del programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por tanto no es una situación que tengamos que evaluar y revisar en esta oportunidad”.

Sin embargo, Gahona advierte que si se busca rebajar la edad de derecho a voto, también debiese repensarse la responsabilidad penal adolescente y la determinación de la mayoría de edad, punto de vista en el que coincide el diputado RN Francisco Eguiguren, quien califica estos proyectos como “interesantes” y expresa que se deben analizar de manera completa. Para el parlamentario, esto debe ir de la mano también con cambios globales, como rebajar la mayoría de edad a los 16 años.

CONTEXTO DE BAJA PARTICIPACIÓN

Sin embargo, el camino que deberá recorrer esta ley no será fácil, pues existe una cierta resistencia en el sistema político en general a bajar la edad de los votantes e incorporar el voto juvenil, pero por sobre todo, la falta de incentivos del sistema democrático a participar hace más difícil el panorama.

El periodista, académico, Máster en Democracia y Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid y Doctorando en Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, Eduardo Marín Cabrera, es categórico al expresar que “la rebaja de edad a los 16 años, desde un punto de vista de la política normativa, es buena.  Aumenta la base de participación a personas que ya tienen un criterio”.

Para el profesional, lo anterior se debe a que los jóvenes tienen mayor acceso a la información y por tanto, aumentan las posibilidades de tomar decisiones.

Sin embargo, la edad no sería un factor preponderante en la participación ciudadana. Si se considera el tramo entre los 18 y los 19 años, en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017 sufragó un 36% y se abstuvo un 64%, índice que se mantiene en el tramo siguiente, de 20 a 24 años. En el segmento entre 25 y 29 años, la cifra de participación aumenta sólo a un 37%, mientras que en el tramo de 30 a 34 años, llega a un 38% y alcanza un 40% en el segmento siguiente, de 35 a 39 años.

Marín detalla que la baja en la participación electoral puede ser explicada desde dos perspectivas. Una es la institucional y la otra es socioeconómica: “La desigualdad económica, pero también la desigualdad informacional, de acceso a bienes culturales, produce una baja de participación en los jóvenes”.

“SESGO DE CLASE”

Un elemento fundamental es el “sesgo de clase”, pues está demostrado que las personas con más recursos –económicos, acceso a bienes culturales e información- y que viven en las comunas con más ingresos, son las que más votan. Por el contrario, las comunas de alta ruralidad y pobreza registran los menores niveles de votación.

Asimismo, estudios internacionales ha demostrado que, a mayor edad, las personas tienden a participar más y que reformas electorales como la impulsada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que disminuyó la edad de votación de los 21 años a los 18, resultan en una baja en la votación.

Marín expresa que la ley y los cambios institucionales no van al centro del problema: “en 2011, el entonces senador por Aysén Patricio Walker, propuso una serie de medidas.  Entre ellas, que los jóvenes que votaran pudiesen acceder a una mayor facilidad para obtener créditos o gratuidad universitaria. Una reforma que sólo implique una rebaja en la edad no tendrá ninguna incidencia en la participación electoral juvenil”.

Ello debe ir acompañado por facilidades de transporte para ir a votar, como disponer de transporte público gratuito, para que votar no implique un costo para el joven, además de agregar más competencia y participación de fuerzas políticas diversas.

EDUCACIÓN CÍVICA

Un concepto que siempre surge al momento de hablar sobre la baja en la participación ciudadana, es el de la educación cívica.

Esta asignatura, que formó parte del currículum escolar en 1912 como asignatura independiente, fue incorporada como contenido a la asignatura de Ciencias Sociales en 1967. Luego, en 1980, se reincorpora como asignatura bajo la denominación de Educación Cívica y Economía y en 1984 se reinstala como Educación Cívica, para desaparecer definitivamente como asignatura independiente y definirse como objetivo transversal del currículum escolar en 1997.

Actualmente, los contenidos de formación ciudadana están instituidos en el currículum, pero son los propios profesores los que deben estructurar de qué manera los entregan.

El presidente comunal La Serena del Colegio de Profesores y profesor de Historia y Geografía, Mario Sánchez Álvarez, expresa que “no estoy de acuerdo cuando se dice que bajar la edad para votar va a tener mayor cantidad de votantes”.

De acuerdo al dirigente, se debiese focalizar la atención en la educación cívica de manera formal y como una temática transversal, pues “lo que importa es un buen ciudadano, un chico que entienda que desde joven, su participación es importante”.

En este sentido, adquiere suma relevancia la creación de instancias como Centros de Alumnos, pues permiten que los alumnos identifiquen sus necesidades, sean capaces de llegar a acuerdos y dialogar junto a las direcciones de los colegios de manera participativa, para que se realicen los cambios que proponen.

Asimismo, Sánchez es crítico respecto de cómo se estructura el programa de Ciencias Sociales en los colegios: “dos millones de años de historia tenemos que pasarlos en 150 días.  Es demasiado contenido para poder generar una buena educación cívica. Lo que nosotros siempre hemos querido y reclamado, es que se nos permita salir del programa y centrarnos en las habilidades”.

Por su parte, Roberto Rivera, profesor de Educación Artística y vicepresidente de CUT Elqui, expresa que “creo que están las condiciones para hacerlo, porque los hechos apuntan para allá, porque se necesitan ciudadanos responsables y que se hagan responsables de sus actos y reclamen sus derechos”.

En este sentido, para Rivera, debe haber un lineamiento del Ministerio de Educación, pero también, un perfeccionamiento y una búsqueda propia de cada docente.

En sus palabras, “los profesores que están en edad media laboral, le hacen el quite a estos contenidos, porque están con la vista concentrada en cumplir con la misión de formar alumnos competentes desde lo cognitivo.  Eso lo controlan con el SIMCE, pero no hay nada con la formación valórica, porque estamos creando individuos individualistas, clasistas, racistas y homofóbicos”.6502iR