“Sabemos que somos evaluados día a día y que tenemos que ser el catalizador de los conflictos”

Plantea que uno de los énfasis de su gestión es apoyar la agenda pro-crecimiento del Gobierno, razón por la que el pasado viernes 24 se reunió con inmobiliarias, la sanitaria Aguas del Valle y otras empresas, para dialogar sobre las condiciones de inversión en la provincia.

El Gobernador de Limarí, Darío Molina Sanhueza, expresa que en la cita, los empresarios se mostraron preocupados por el entrampamiento de proyectos y la demora de las inmobiliarias para obtener factibilidad del agua, razón por la que señala que “tenemos que acelerar, pedirle a nuestros servicios que sean eficientes en sacar rápido esos permisos”.

Asimismo, destacó el impulso al empleo y el crecimiento que entregan iniciativas como el Parque Eólico Punta Sierra, recientemente inaugurado cerca de Ovalle, que inyectará energía equivalente al consumo de 157.000 hogares; las obras del tranque de emergencia de Aguas del Valle en la capital provincial, que generarán cerca de 100 puestos de trabajo y contemplan una inversión de $2.100 millones por parte de la sanitaria, además del convenio recientemente firmado con empresas inmobiliarias para la construcción de más de 300 viviendas sociales.

Sin embargo, otro frente ha sido calificado como prioritario por las autoridades regionales, especialmente del área política.

DESACTIVAR Y ANTICIPAR CONFLICTOS

La salida del exgobernador de Choapa Rodolfo Zúñiga, tras la evaluación insatisfactoria de su gestión en el conflicto de Cuncumén entre la comunidad y Minera Los Pelambres, dejó en claro que uno de los focos de acción prioritarios del Gobierno Regional es anticipar y desactivar conflictos.

Asimismo, cabe recordar que al asumir el cargo, el actual gobernador de Choapa, Juan Pablo Gálvez, aseguró que tiene una “gran responsabilidad, porque en el Choapa hay conflictos vigentes y debemos solucionarlos”.

Respecto de este énfasis, Molina coincide con Gálvez y asegura que “hay que aplicar mucho criterio y conocer cómo opera el Estado, las normas constitucionales, legales, que avalan la gestión de un cargo como el Gobernador”.

¿Cómo se ha trabajado la anticipación a potenciales conflictos?

“Eso es muy importante. Tenemos que estar atentos a cuándo se van a producir esos conflictos, preparar la reacción y tener siempre una respuesta. Estamos todos los días llenos de conflictos, que no aparecen en la prensa, porque justamente, son desactivados antes. Tenemos que estar presentes antes que lleguen a puerto, porque siempre rebotan en el Gobierno”.

Molina recuerda que si bien el conflicto de Cuncumén era entre privados, de acuerdo a la Ley los Gobernadores están facultados para llamar a la fuerza pública, sin necesidad de negociar, en caso que haya caminos tomados.

Si bien los Gobernadores Provinciales tienen la función de coordinar la acción de la policía, durante y luego del conflicto en Cuncumén se criticó que Carabineros habría hecho un uso excesivo de la fuerza. ¿Cómo se evita llegar a esos límites?

“La evaluación de eso la tienen que hacer otros organismos, no le compete a uno directamente.  Las policías tienen sus procedimientos de revisión, protocolos establecidos, pero lo importante es que uno no puede ni oponerse a la actuación de las policías, ni tampoco siquiera dar la orden de que ocurra. Las policías actúan de oficio en esos casos. Carabineros, si hay un camino tomado, no lo puede permitir”.

En su caso, ¿Qué lecciones deja el conflicto de Cuncumén?

“Sin duda uno siempre va mirando los casos y los va poniendo en la carpeta de la experiencia para ver dónde se cometió el error, qué se debería haber hecho y qué no se debería haber hecho.  En ese sentido, estamos pendientes de que estamos en el ojo del huracán, la Intendenta a nivel regional y los gobernadores a nivel provincial y siempre tenemos que aplicar los criterios, pero siempre con el conocimiento de obligación constitucional que tenemos”.

En este sentido, Molina asegura que los gobernadores saben qué funciones y acciones deben cumplir, pero al mismo tiempo, son conscientes de que un error, por mínimo que sea, les puede costar el cargo. 

“Estamos en un lugar sensible. Sabemos que cualquier equivocación nos puede costar el cargo”

OTRO FRENTE: LA RUTA D-43

Bastante debate y discusión se ha generado incluso desde antes de iniciarse el cobro de peaje en la Ruta D-43 entre Coquimbo y Ovalle, ubicado en el kilómetro 34,500 a la altura de Las Cardas, ya que parlamentarios como Pedro Velásquez solicitaban dejar sin efecto este cobro, al menos hasta que finalizaran todas las obras complementarias, como cierres y medidas de seguridad.

Además, cabe recordar que, tras un acuerdo, se bajó transitoriamente de $2.900 a $2.500 el precio para vehículos menores.

Sin embargo, la discusión sigue vigente, pues en el mes de octubre se analizará en una sesión especial de la Cámara la situación de esta ruta, en la que se espera que participen todos los diputados de la región.

“El peaje es caro, excesivo y en eso todos estamos de acuerdo, autoridades y no autoridades”

¿De qué manera se ha seguido esta discusión sobre la Ruta D-43?, ¿Se ha abordado como un potencial conflicto?

“Lamentablemente, nosotros como Gobierno nos hicimos cargo de una situación que viene del gobierno de la presidenta Bachelet, el año pasado.  El proyecto no contemplaba una serie de obras complementarias, porque no se contempló a los habitantes del trayecto entre Coquimbo y Ovalle y se les dejó fuera de muchas necesidades para hacer de esta obra algo más amigable, como paraderos a 700 metros de distancia, falta de iluminación, cruces y atraviesos que están en lugares en que transitan animales, falta de soleras y una serie de inseguridades técnicas”.

Asimismo, afirmó que “le recuerdo al diputado Velásquez que (las obras) no han sido cargadas al peaje. Dijimos que mientras esas nueve obras no estén concretas, el peaje no puede costar $2.900. Ese 17% adicional no puede ser cobrado hasta que las obras no estén terminadas y es por eso que lo rebajamos a $2.500 por un acuerdo con la concesionaria”.

El gobernador recuerda que hay una mesa de trabajo entre la Intendenta Lucía Pinto, él como Gobernador, los seremis, el ministro de Interior, Andrés Chadwick, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios y en la que él participa, para abordar el tema, con la finalidad de analizar tres propuestas.

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS

La primera de estas propuestas es, según Molina, desarrollar una vía alternativa a la Ruta D-43, que salga desde Ovalle y Punitaqui por Quebrada Seca hacia la Ruta 5, que evite pagar el “oneroso” peaje.

Además, se planteó la idea de desplazar hacia el sur el peaje ubicado a 12 kilómetros de Quebrada Seca: “el peaje El Tangue de la Ruta 5, antes de Tongoy, paga  $2.800. Si tú lo desplazas antes de Quebrada Seca, para que la gente que salga de ahí hacia Ruta 5 no pague ese peaje o uno menor, de unos $800, podría salir pagando ese valor hacia Coquimbo o Tongoy”.

¿Qué nivel de avance tiene esa idea?

“El primer avance es que Ministro Chadwick pidió, en presencia nuestra con la Intendenta Lucía Pinto, al subsecretario de Obras Públicas, poner especial énfasis a esta propuesta, que parece original, parece razonable. Lo primero que ha determinado el subsecretario, es realizar un estudio del flujo vehicular, tanto en la Ruta 5, que pasa por ese peaje, como por la Ruta D-43”.

Ese estudio está en desarrollo, con la finalidad de establecer los cambios en el flujo vehicular que tendría una modificación a la ubicación del peaje.

La segunda idea, es la posibilidad de instalar un peaje en Andacollo, para quienes salen a la Ruta D-43 y que hasta el momento, no pagan por circular en dicha ruta.

“Aparentemente puede ser injusto, porque uno dice por qué todos los que salen de Ovalle van a pagar y los que salen de Andacollo no pagan, por lo tanto esa alternativa está en estudio y si se les llegara a aplicar un peaje, sería razonable, de entre $800 y $1.000, monto que se podría descontar del precio del peaje para la gente que transita entre Coquimbo y Ovalle”, explica Molina.

La tercera alternativa, explica Molina, es implementar un subsidio de parte de la Municipalidad de Ovalle, con fondos municipales, a los afectados por el cobro de peaje, dineros que serían compensados a la comuna por el Estado a través de un plan de inversión a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

“Esto podría permitir financiar, por ejemplo, $1.000 de cada viaje, lo que podría ayudarlos a trasladarse todos los días y es una alternativa que está en estudio”, detalla Molina.6501i