Alrededor de 300 familias nuevas llegaron en un año a la toma de Las Compañías y expansión no se detiene

Llegamos al lugar la mañana de un martes. Una leve llovizna se dejaba caer y resonaba entre las calaminas de las construcciones endebles. Ladridos de perros y algunos llantos de niños eran los únicos sonidos que se podían percibir a eso de las 10:00 horas.

La primera en recibirnos es Iris Marlene. Mujer peruana, secretaria de la organización social “Lugares que hablan”, una de las tres agrupaciones que conforman la toma o campamento ubicado en el sector norte de La Serena, justo detrás del cementerio de Las Compañías, que ha experimentado una expansión explosiva en los últimos años y que continúa creciendo de manera descontrolada. 

“No todos los que estamos acá aspiramos a lo mismo, pero yo creo que sí tenemos algo en común, que llegamos por necesidad“, Iris Marlene, habitante de campamento.

“Desierto Florido” y “Lomas Esperanza” son las otras dos organizaciones que se han asentado en el sector. En total, según cifras de Bienes Nacionales, son alrededor de 500 familias y más de 2.000 personas las que se han instalado, a la espera de una solución habitacional, o bien pretendiendo que el Gobierno les traspase o venda los terrenos para poder habitarlos legalmente. “No todos los que estamos acá aspiramos a lo mismo, pero yo creo que sí tenemos algo en común, que llegamos por necesidad“, dice Iris, mientras nos lleva campamento adentro, rumbo a su realidad.

Una toma multicultural

Avanzando por el camino, se percibe el olor a tierra mojada. Vamos con Iris, quien nos cuenta que no es la única inmigrante, ya que, particularmente en su comité (Lugares que hablan) hay una decena de familias de extranjeros, convirtiéndose en una “toma multicultural“, según ella misma la define. “Para mí es algo muy positivo, ya que así mis hijos aprenden a conocer diferentes realidades desde pequeños“, manifiesta, mientras nos lleva hasta su hogar, el que su esposo construyó con sus propias manos. Allí nos cuenta que debió dejar su país en busca de mejores oportunidades hace cuatro años, tiempo que lleva en La Serena. Al principio le fue bien, pudo arrendar una casa, pero llegó el momento en que colapsaron y debieron abandonar esa vivienda.

Sabían que existía este campamento, así que consultaron si podían instalarse. La respuesta fue positiva y en la actualidad ya llevan un año. Están acostumbrados y asegura que se mantienen bien, en la medida de lo posible, pero insiste en que ella quiere obtener un subsidio para una vivienda. “Pero sabemos que todavía estamos lejos de eso“, expresa.

Vivir en la carencia y la ilegalidad

Margarita Díaz es chilena y lleva algo más de tiempo que Iris en el campamento. Es dirigente del Comité Lomas Esperanza, y llegó al lugar por la misma razón que su vecina peruana, no pudo seguir pagando el arriendo de su casa.

Sabe que vive en la ilegalidad y que el fantasma del desalojo siempre está presente. De hecho, el año 2017, el seremi de Bienes Nacionales de la época Diego Núñez, manifestó que, según sus catastros el 50% de las familias que vivían en la toma tenían una segunda vivienda, por lo que no descartó la posibilidad de forzar a la gente a retirarse. Pero según Díaz, esta cifra ya no responde a la realidad.  “En algún momento sí fue así, pero esas personas se retiraron porque la misma autoridad fiscalizó y la gente de acá se dio cuenta de que no podíamos permitir esto“, precisó la dirigente, en medio del ladrido de los perros y la carencia que, al menos ella, quiere dejar de padecer. “A una no le gusta vivir así, no quiero que mis hijos crezcan aquí, pero por ahora no tengo otra alternativa“, asegura, y da cuenta de las principales problemáticas que existen en la toma.

“Al menos vivimos tranquilos. Tenemos nuestra pensión, y con eso nos salvamos porque no tenemos ayuda de nadie. Yo tengo ocho hijos y de los ocho no hago uno, porque se han portado muy mal conmigo”, Aidés Del Carmen Alfaro, habitante de la toma.

La primera, y la más compleja sería la del agua. Hasta hace poco podían sacar el vital líquido desde un grifo cercano, “a la mala“,  pero ahora les es muy difícil. Han tenido que recurrir a la gente que tiene vehículo y trae tambores desde Las Compañías, o a los vendedores externos que llegan al campamento a comercializar bidones. Un gasto más para economías familiares con demasiadas necesidades.

Otro de los inconvenientes es la basura. Si bien existen algunos puntos limpios con contenedores en los que pueden depositar sus desechos, no dan abasto, y ni hablar de que el camión de la basura pase por el lugar. Por lo mismo, y para no tener que ir a botar a los vertederos ilegales, han optado por quemar la basura, algo que genera hedor en los alrededores y en lo que no todos concuerdan.

Y también está el tema de la inseguridad producto de la falta de alumbrado eléctrico para llegar al lugar. “Desde Los Llanos(complejo deportivo) para llegar acá es como media hora a pie, y desde ahí ya no hay luz, entonces nuestros niños y nosotros mismos nos exponemos a que nos pase cualquier cosa en el trayecto“, expuso Margarita.

La salud es un problema

No hay locomoción, tampoco luz y están alejados de todos los servicios. Por lo mismo, tener problemas de salud en la toma es delicado y bien lo sabe Carla Contreras, cuyo hijo Yahir de dos años padece de una enfermedad respiratoria crónica, la que se agudiza para estas fechas, sobre todo en el último tiempo con las quemas de basura. “Pero yo no me puedo quejar por eso, porque sé que es la única solución para eliminarla“, aseguró, con el pequeño en sus brazos, risueño, sin entender los riesgos que corre. “El mismo lunes tuve que bajar con él al hospital porque le dio una crisis, y sin locomoción, sin nada, nos demoramos mucho. Para evitar eso, yo tengo que encerrarme en la pieza con él cuando empiezan a quemar la basura”, relata Carla, con desgano.

Un emprendimiento desde la nada

Carla no lo pasa bien, por la enfermedad de su hijo, y es su madre la que le da fuerza. La señora Gloria Maturana se caracteriza por su alegría y aquello lo reconocen los demás integrantes de la toma. Pequeña, se mueve constantemente y “tira la talla” con quien pase por su lado. “Hay que vivir la vida con alegría, una no saca nada con achacarse“, dice, al tiempo que nos muestra el “emprendimiento” que le ayuda a subsistir. Se trata de un quiosco de alimentos no perecibles y confites que mantiene en medio del campamento con el que empezó hace un año y con el que no le ha ido mal, sobre todo por los dulces que compran los niños. “Eso es lo que más se vende. Si no es mucho lo que se gana tampoco, pero algo deja“, dice la madre de Carla, agregando que su iniciativa también sirve para que la gente no tenga que bajar a la ciudad, “tan lejos y sin luz a comprar implementos sencillos“.

Explosiva expansión y realidad cuesta arriba

Junto a Iris y Margarita vamos recorriendo el campamento. Ha dejado de llover y los perros ya no ladran, uno que otro niño sigue llorando, pero menos. Ya llevamos una hora en el lugar y las mujeres aseguran que también están preocupadas por la explosiva expansión que ha experimentado la toma. Saben que al igual que ellas, mucha gente tiene la necesidad de instalarse ahí y no pueden prohibírselo, pero igualmente son conscientes de que mientras más familias haya, más problemas podrían provocarse, si la autoridad insiste en que deben salir. Pero por otra parte, también creen que la expansión podría ser útil para que se les den facilidades en términos de desarrollar proyectos en el lugar, o darles una solución habitacional con más prontitud. Lo cierto es que, por lo pronto,  el campamento continúa creciendo a razón de una familia por semana según las dirigentas, quienes también aseguran que sólo en el 2018 llegaron cerca de 200 familias más.

“Este año, por ejemplo, tenemos más subsidios. Lo que ha ido cambiando es la composición de los subsidios. De hecho, este año vamos a tener una cantidad de subsidios mayor al año pasado”, Hernán Pizarro, seremi del Minvu.

La mayoría vive una realidad cuesta arriba. Cuando avanzamos, Iris y Margarita nos cuentan historias que impactan. Primero, la de Aníbal e Ingrid, una pareja que vimos desde lejos y que vive sumida en una dependencia alcohólica grave. Pese a que no causan problemas a los demás vecinos, sí pelearían constantemente entre ellos, algo que preocupa, sobre todo porque tienen hijos pequeños.  Sin embargo, hasta ahora todo iría bien, “los menores van a la escuela, y la Ingrid es bien responsable en ir a dejarlos a ellos al colegio todos los días“, dice Iris, mientras pasamos por afuera de la casa en la que a esa hora ya se puede ver al hombre bebiendo acompañado de música ranchera de fondo, la que rompe el silencio de la toma.

Quien sí lo ha pasado mal es la señora Antonia, otra vecina que tenía dos meses de embarazo, pero producto de una caída perdió a su bebé mientras iba a buscar agua a un canal y cayó estrepitosamente. “Esos son los riesgos que se corren al vivir en estas condiciones“, relata Margarita, sin detener su camino.

Una realidad global

La problemática de los campamentos no es sólo de La Serena, sino también a nivel país. Según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a nivel global existen 822 campamentos con un total de 46.423 hogares.

“Hay gente que sí cumple con los requisitos como para estar dentro del lugar, tenemos un caso, en el sector La Varilla, en que las personas lograron tener su espacio en ese sector”, Marcelo Telias, Seremi de Bienes Nacionales.

En la Región de Coquimbo, en tanto, según el nuevo catastro elaborado el 2018, hay 18 ocupaciones ilegales en 7 comunas, contabilizando 892 hogares.

Respecto a la toma del sector de Las Compañías, serían unas 500 familias y más de dos mil personas y la cifra continúa creciendo. Pero, ¿cuáles son las causas del surgimiento de los asentamientos ilegales? Para el seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, Hernán Pizarro, son multifactoriales. Consultado respecto a si tendría que ver con un eventual decrecimiento en la entrega de subsidios, Pizarro indica que no sería así. “Este año, por ejemplo, tenemos más subsidios. Lo que ha ido cambiando es la composición. De hecho, este año vamos a tener una cantidad de subsidios mayor al año pasado”, asevera.

Explica que este cambio de composición tiene que ver con que en la Región de Coquimbo las personas de ingresos más bajos no representan la primera prioridad en la entrega de los subsidios, ya que se privilegian los de integración social y después  quienes cuentan con ingresos medios, quedando en tercer lugar los subsidios a quienes poseen ingresos bajos. “Esto responde a la demanda de nuestra región y a la realidad socioeconómica que tenemos”, sostiene Pizarro.

822 campamentos existen en Chile según cifras del Ministerio Vivienda y Urbanismo

Tampoco responsabiliza al eventual déficit habitacional en la zona que, de acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción, llegaría a las 36 mil viviendas. De acuerdo al seremi, “no tiene incidencia” ya que no comparte las cifras de la CChC “porque ellos incluyen a las personas con una casa propia, pero que demandan una vivienda porque está en malas condiciones. Según nuestros datos el déficit habitacional ha ido bajando“, asevera.

Descartadas estas causas, una de las explicaciones en el aumento de los asentamientos, particularmente en el de Las Compañías, sería el crecimiento poblacional en general que ha experimentado la zona. De acuerdo al último censo desarrollado por el INE, la Región de Coquimbo es la que registra la mayor tasa de migración interna en el país. Esto se suma a la cantidad de inmigrantes que ya alcanza el 14,741, es decir, el 2% de la población total y que muchas veces no encuentra un lugar donde vivir.

Realidad preocupante

El seremi de Bienes Nacionales, Marcelo Telias, ve el tema más complejo de lo que se cree, y asegura que en el sector de Las Compañías ya existen unas 500 familias. Sólo en el último año habrían llegado 300 más, por lo que, dice Telias, se hace urgente una solución “y tenemos que trabajar para eso, porque ya llegaron al cementerio”, asegura.

Descarta el desalojo, como lo había planteado el anterior seremi, y sostiene que están buscando otras salidas, pero que cada caso se tiene que analizar individualmente, familia por familia, debido a que en los campamentos hay diferentes realidades. “Hay gente que sí cumple con los requisitos como para estar dentro del lugar, tenemos un caso, en el sector La Varilla, en que las personas lograron tener su espacio en ese sector, nosotros no cerramos las puertas y si está la posibilidad de poder ayudar a esta gente que realmente lo necesita, lo vamos a hacer”, indicó.

En ese sentido, agregó que si existe la posibilidad de poder licitar el espacio donde ellos están, vendérselos o arrendárselos para que se puedan quedar no tiene ningún problema, siempre y cuando se respeten todas las restricciones que se colocan y la normativa en general.

18 campamentos existen en la Región de Coquimbo según último catastro del Minvu.

Respecto a qué se puede hacer para que la toma no siga creciendo, Marcelo Telias precisa que ya han hecho cercos y canales de subdivisión de terrenos para que el sector poblado no se expanda, “pero también tenemos que fiscalizar permanentemente”, concluyó.

 Aguardando soluciones

Los miedos se despejan. No hay riesgo de desalojo, por lo que la mayoría de los habitantes de la toma no se moverán del lugar de no obtener una solución habitacional, la que se ve lejana ya que con la nueva composición no son la prioridad para la entrega de subsidios.

Las cosas se mantendrán igual por algún tiempo y así lo saben todos en la toma. Tal como lo saben Aidés del Carmen Alfaro y su pareja Neftalí, adultos mayores que encontramos en Lomas Esperanza, cuya vida los llevó ahí y hoy, pese a que no están del todo bien, ni de salud ni en términos económicos, rescatan que al menos pueden estar juntos, lo que en su minuto fue imposible. Ambos estuvieron juntos cuando eran jóvenes, luego se separaron y se casaron con sus respectivos cónyuges, pero nunca dejaron de amarse y una vez que enviudaron, se volvieron a juntar.

Lamentablemente no tenían dónde ir, así que encontraron ese sitio en el que viven desde hace un año y medio. “Al menos vivimos tranquilos. Tenemos nuestra pensión y con eso nos salvamos porque no tenemos ayuda de nadie. Yo tengo ocho hijos y de los ocho no hago uno, porque se han portado muy mal conmigo”, dice, con tristeza, la señora Aidés.

Don Neftalí, a su lado, la observa. No escucha demasiado y es difícil conversar con él, pero alcanza a manifestar su principal preocupación. “Lo que yo más quiero es pasar mis últimos años con ella, no importa si es aquí o en otro lado, pero al lado de ella”, asevera, mientras Aidés se aferra a su brazo para reposar la cabeza sobre él. Así, aferradas, están las 500 familias.  Aferradas a que la solución llegue, a que no los hagan salir sin darles otra opción, a que la vida en algún momento deje de estar cuesta arriba, como el cerro detrás de sus casas y que cada vez está más cerca. 4601iR