Caso “Loteos Brujos” extiende su espera: reprograman el juicio oral por tercera vez

Para el 18 de abril quedó fijada la audiencia de preparación de juicio oral en el marco del llamado caso de los “loteos brujos”. Esta semana se vivió la tercera reprogramación del hito que busca encontrar, tras años de tramitación y una extensa investigación, una salida judicial a un conjunto de estafas de las que fueron víctimas centenares de familias en la Región de Coquimbo.

El proceso penal parece no acabar y desde el inicio de las primeras acciones judiciales que se tomaron en 2016, el Juzgado de Garantía de La Serena ha sido testigo de formalizaciones, reformalizaciones, ingreso de querellas, aumentos de plazos, modificación de cautelares y reaperturas de la investigación.

Nada poco común para un caso que suma más de cinco querellantes, en representación de más de cien víctimas y una amplia carpeta con antecedentes, en uno de los casos de estafa más grandes y de más extensa tramitación que se han recibido en la jurisdicción, pero que por estos días podría vivir el inicio de la etapa final, con la acusación que ya fue presentada por la Fiscalía ante el juzgado, con lo que se espera que dentro de lo que queda del primer semestre de 2019 se pueda iniciar un juicio oral.

Loteos irregulares

El Ministerio Público investigó un total de seis hechos asociados a esta causa, donde los más representativos podrían ser los denunciados por las familias que intentaron obtener un inmueble en el sector de El Romero, en La Serena, y los de Pan de Azúcar, en Coquimbo.

¿Qué son los loteos brujos? En zonas rurales, el tamaño mínimo de un loteo es de media hectárea (5 mil metros cuadrados), hay excepciones para una adquisición menor, pero estas dependen del Plan Regulador de cada comuna, y quienes pagan por ella terminan siendo titulares de los derechos del suelo, pero no propietarios del terreno, por lo que no pueden, por ejemplo, construir casas o acceder a servicios como el alumbrado público y calles. Cuando se pasan a llevar esas normas, entran a ser loteos irregulares.

El caso de la parcela 45

El desconocimiento en la materia fue crucial para que más de 60 familias cayeran en el engaño armado en la parcela 45 del proyecto Nueva Vida, ubicada en el sector de Vuelta El Martillo en Pan de Azúcar.

El terreno de poco más de 10 hectáreas fue comprado el 24 de enero del año 2014 por Ximena Burdiles y Juan Manuel Miranda, a través de la sociedad Parcons Propiedades Limitada.

El inmueble tenía una prohibición de cambio de uso de suelo, antecedentes de los cuales ellos estaban en conocimiento, porque además figuraba en el contrato de compraventa.

En el mes de marzo subdividieron el sitio en 16 lotes, cada uno por una superficie igual o superior a 5 mil metros cuadrados, todo detallado en un plan autorizado por el SAG al mes siguiente.

Todo normal hasta entonces, cuando en contraposición a la ley hicieron otro plano, en el que el loteo quedó subdividido en 89 sitios, cada uno con una superficie de mil metros cuadrados, aproximadamente, poniendo el lugar a la venta y contemplando la construcción de calles, pasajes, rotondas y áreas verdes.

Vendieron los sitios, formando una población en el lugar que seguía siendo suelo agrícola, sin solicitar ni obtener un  cambio de uso de suelo, posibilidad que incluso seguía vetada, pero con un alto despliegue de publicidad, continuaron con las ventas.

Se firmaron escrituras públicas de compraventa de lotes y cesión de derechos sobre la parcela, mientras esta era objeto de medidas precautorias, prohibiciones de celebrar actos y contratos, y además embargos. Por otro lado, las escrituras tenían cláusulas que indicaban que el terreno se encontraba libre de todo gravamen y prohibición, por lo que aún no levantaba sospechas.

Los compradores notaron que habían sido víctimas de estafa sólo cuando fueron al Conservador de Bienes Raíces a realizar las inscripciones y se encontraron con la cruda realidad. El terreno tenía embargo e incluso riesgo de remate.

Estafa ante la justicia

El caso de la parcela 45 explica de forma clara este tipo de engaños, que son más comunes de lo que se piensa, y donde en la Región de Coquimbo estos imputados han sumado más de cien víctimas.

Se estima una estafa por aproximadamente 2 mil millones de pesos, de los cuales aún no se ha aclarado cuál fue el destino. En el juicio, que se ha retrasado por solicitudes de la defensa y posible acuerdos con la parte querellante, tiene como imputados a los dos socios junto al abogado que celebró los contratos.