• La controversia respecto a la presencia de militares para combatir la delincuencia continúa. En la imagen, colaborando con los civiles posterior al terremoto del 2015.
  • Un grupo de vecinas de La Antena se manifestaron contrarias a la medida y pide políticas sociales e intervenciones del Gobierno para los jóvenes del sector.
Crédito fotografía: 
Andrea Cantillanes
En un universo de más de 1.200 votantes, los seguidores de Facebook de nuestro medio apoyaron ampliamente la propuesta del diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI). Sin embargo, la medida estaría fuera de los márgenes de la Constitución. Por su parte, vecinos del sector de La Antena piden políticas sociales.

Con un 80% de las preferencias contra un 20%, dentro de un universo de más de 1200 votantes,  en una encuesta realizada por Diario El Día a través de Facebook, los usuarios se manifestaron favorables a la propuesta del diputado Juan Manuel Fuenzalida.

El parlamentario (UDI) por la Región de Coquimbo, junto a otros integrantes de su colectividad presentaron la iniciativa “Paz para nuestras Poblaciones”, ante el Ejecutivo, y de hecho, ya fue recibida por el Ministro del Interior Andrés Chadwick.

Fuerte debate

El proyecto tiene por finalidad endurecer las políticas de combate al narcotráfico, y la delincuencia en general, con medidas ejemplificadoras y que apunten a disminuir el crimen organizado en los sectores más vulnerables del país. Cuenta con una serie de medidas para enfrentar este “adverso” escenario. Pero sin duda la más controversial es la que involucra a las Fuerzas Armadas teniendo un rol activo en las calles para enfrentar a los delincuentes organizados, algo que generó una fuerte controversia a nivel regional.

Los argumentos de Juan Manuel Fuenzalida, dicen relación con que en la actualidad, “existen territorios tomados por los narcotraficantes”, y que la gente siente temor, ya que “no sabe cuándo va a venir una bala loca (…) Ahí tiene que haber un apoyo de Las Fuerzas Armadas, al trabajo de las policías. Los militares tienen que estar en el territorio, en la calle, para acabar con este miedo de la gente”, expresó el diputado, y encontró eco en la ciudadanía.

“En primer lugar tenemos que señalar que las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional están destinadas a la defensa nacional y por lo tanto no tienen competencia con las afectaciones al orden público”, Carlos Galleguillos, abogado y académico.

Un problema constitucional

Pero, por más que haya gente apoyando la propuesta se hace inviable legalmente, ya que se aleja de los márgenes constitucionales. Así lo explicó ayer el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Rolando Casanueva, y lo ratifica el abogado el abogado, docente de la Universidad Católica del Norte, Carlos Galleguillos quien enfatiza en que la Constitución política de la República de Chile, establece en su Artículo 1 cómo funciona la institucionalidad en materia de Fuerzas Armadas, de orden y seguridad. “En primer lugar tenemos que señalar que las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional están destinadas a la defensa nacional y por lo tanto no tienen competencia con las afectaciones al orden público”, indicó.

En el mismo artículo, expresa Galleguillos, que la seguridad interna del Estado, corresponde a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. “Esto significa que estas policías son las encargadas de dar eficacia al Derecho, de garantizar el orden público y encargarse de la seguridad interior del país”, asegura.

Situaciones excepcionales

Ahora bien, el académico agrega que las Fuerzas Armadas tienen la opción de intervenir en temas de orden y seguridad, única y exclusivamente en una situación de excepción constitucional. “Es decir cuando se puede ver afectado el Estado de Derecho en situaciones muy específicas, como ocurrió el año 2012 en el sur de Chile, cuando las Fuerzas Armadas pudieron intervenir porque había un Estado de Excepción”, aclaró el profesional, por lo que la única forma de sacar esta iniciativa adelante sería a través de una reforma constitucional, algo que Galleguillos ve “bastante lejano”.

“Tiene que haber un apoyo de Las Fuerzas Armadas, al trabajo de las policías. Los militares tienen que estar en el territorio, en la calle, para acabar con este miedo de la gente”, Juan Manuel Fuenzalida, diputado por la Región de Coquimbo.

En La Antena piden intervenciones sociales

Cabe consignar que la dirigente vecinal de Las Compañías, Patricia Flores, se manifestó a favor de la medida. “Para mí es una muy buena noticia, porque ya llegamos a un nivel en que los narcotraficantes no respetan nada, y creo que mi opinión es la de la mayoría de la gente que vive en las poblaciones”, expresó este miércoles.

Pero en La Antena no todos están de acuerdo. Fuimos hasta el lugar, y la dirigente Patricia Véliz, nos recibió junto a otras habitantes del sector. Manifestaron que no requerían más uso de la fuerza, sino que intervenciones de tipo social. “Los jóvenes acá no tienen oportunidades. A mí me gustaría preguntarle al diputado, Fuenzalida qué propuesta tiene para ayudar a los jóvenes a rehabilitarse de las drogas, a que haya más fuentes de trabajo, a que los niños no deserten del sistema escolar y que hayan más actividades culturales en la población para promover una mayor integración”, criticó.

Experto insiste en que es una medida “ineficiente”

El sociólogo de la Universidad Católica del Norte, Manuel Escobar, no se sorprendió con los resultados de la encuesta donde la mayoría de las personas se muestra favorable a sacar a los militares a la calle, ya que, asegura, “siempre este tipo de anuncios tienen un amplio respaldo ciudadano”. Sin embargo, enfatizó en que “una propuesta de esta naturaleza no es efectiva porque sea popular en las encuestas. La popularidad, en este caso, se debe fundamentalmente al ineficaz trabajo de las instituciones estatales de seguridad, a la creencia que la solución a la delincuencia es la mano dura y que la violencia se soluciona con más violencia”, puntualiza.

Escobar agrega que toda la evidencia disponible sobre estos temas indica que “cuando se combate sólo de esta forma, lo que se consigue es un incremento de la violencia y un mayor grado de afectación a las personas que sufren con el narcotráfico en las poblaciones”, concluyó. 4601i

Defensoría rechaza la medida

De todas formas, la jefa regional de la Defensoría Penal Pública, Inés Rojas, manifiesta su total desacuerdo con la propuesta toda vez que se vulneraría el statu quo de las instituciones que deben actuar en un Estado de Derecho. “En Chile, los encargados de resguardar la seguridad interna son la Policía de Investigaciones y también Carabineros. Los militares están destinados a otro tipo de actividades que tienen relación con los conflictos armados con otros países”, indicó Rojas.

La defensora agregó que “sería mucho mejor dotar a las policías de más personal, que las policías realicen mejores labores de inteligencia, pero la misión de resguardar el orden público es de ello”

 

Suscríbete a El Día y recibe a diario la información más importante

* campos requeridos

 

 

Contenido relacionado

- {{similar.created}}

No hay contenido relacionado

Cargando ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario El Día

 

 

 

X