Controversia por cautelares a detenidos en las protestas

Culmina la primera semana de marzo y tal como se tenía previsto, las manifestaciones sociales retornaron a lo largo del país. La conurbación La Serena-Coquimbo no son la excepción y las personas también han salido a la calle para continuar exigiendo las demandas ciudadanas. 

En lo global y respecto a la seguridad, el balance se enmarca dentro de lo presupuestado. En relación a los detenidos, al cierre de esta edición y sin contar la tarde noche de ayer viernes, se habían registrado 61 personas trasladadas hasta un cuartel policial en el contexto de la movilización. En el desglose entregado por Carabineros, de este total se cuentan 34 por desórdenes públicos; 4 por la Ley Antibarricadas; 1 por oponerse a la acción de Carabineros; 3 por órdenes de detención vigente; 1 por porte de arma blanca; 2 por robo en lugar no habitado; 2 por riña en la vía pública; 1 por porte de elemento incendiario; 2 por ocultación de identidad y 12 por atentado o amenaza a la autoridad. 

Según información del Poder Judicial, de ellos, 29 pasaron a control de detención, 17 en La Serena y 12 en Coquimbo, quedando 6 individuos con la medida cautelar de firma mensual y dos con prohibición de acercarse al casco histórico de La Serena. 

General hace buen diagnóstico

Ayer, con estos datos que abarcan hasta el día jueves, el General de Carabineros, jefe de la IV Zona policial Jorge Tobar, hizo un buen diagnóstico. Remarcó que estaban preparados para enfrentar el mes de marzo donde se anunciaba que volverían las movilizaciones a gran escala. “Se presagiaba que ocurriera lo que ha ocurrido, pero hemos podido tener una capacidad de respuesta al fenómeno bastante eficiente. Hemos logrado una contención favorable en los focos de violencia que se producen durante el día, y hemos detenido  a  bastantes personas que si tú las desagregas tienen que ver con desórdenes públicos, algunas agresiones a Carabineros, y otros detenidos por acciones delictuales como lo que pasó con la gente de la armería El Cazador”, sostuvo. 

Admitió que están utilizando una nueva estrategia preventiva que ha dado resultados. “Primero decir que nuestro actuar se rige por la protección de los derechos humanos de las personas que estén involucradas en una manifestación. Tanto de los infractores de ley como de los manifestantes pacíficos, por igual, esta es la premisa básica que sostiene toda la táctica. Y claro, hemos potenciado la labor del control de orden público, creando equipos interdisciplinarios de las especialidades investigativas para identificar claramente a las personas que cometen las infracciones, que lideran las acciones y la destrucción del mobiliario para levantar el máximo medio de prueba para poner a estas personas a disposición de tribunales”, recalcó. 

El 8M

Para este domingo se prevé que tenga lugar una marcha masiva a propósito del Día Internacional de la Mujer. En este sentido, el general Tobar no se atreve a presagiar lo que ocurrirá, pero manifiesta que debiese ser tranquilo ya que existe un consenso transversal en relación a la validez de esta movilización. “Se trata de algo tan sustantivo, y a la vez tan simple como que no se entiende a la sociedad sin la mujer, por lo tanto, a mí como persona, más que como general de Carabineros me conmueve en el sentido de que es un reconocimiento universal a la mujer. No tanto como madre, no tanto como esposa, sino que como mujer y ciertamente que esto moviliza a mucha gente, por lo mismo entendemos que esto será muy masivo”, afirmó, agregando que el resguardo del orden público durante ese día estará dado mayoritariamente por mujeres. “Nosotros queremos hacer ver que el espíritu institucional en el mantenimiento del orden público tiene que empatizar e identificarse con ese día y por eso va a estar a cargo del servicio la Mayor Renata Valdivia que es la comisario de la unidad más importante de la región”. 

Cámara de Comercio tranquila

El presidente de la Cámara de Comercio de La Serena, Patricio Araya, expresó que hasta el momento se mantenía tranquilo con el desarrollo de las manifestaciones y que esperaba que siguieran en la misma tónica. “Solamente el día lunes tuvimos algunos problemas, pero luego todo ha estado en calma. Creo que ha existido una buena respuesta policial, pese a que en algunos momentos ha parecido que la protesta va a pasar de pacífica a violenta. Así que por ese lado estamos tranquilos, porque las manifestaciones pacíficas bienvenidas sean”, indicó. 

De todas formas, afirma que están tomando resguardos y muchos locales “se están fortificando en la entrada de los negocios para que no sean saqueados, pero tenemos fe en que no va a pasar nada, porque la gente ha ido entendiendo que estos locales son pymes y minipymes, entonces un saqueo les puede provocar mucho daño”, puntualizó. 

“Demasiado garantistas” 

Pero más allá de las evaluaciones, el debate está instalado. Para algunos, el hecho de que todos los detenidos hayan quedado en libertad, no se condice “con el compromiso que debiese existir para restablecer el orden social”, sobre todo teniendo presente que se crearon nuevas leyes para esto, como la denominada Ley Antibarricadas. En este sentido, el diputado por la Región de Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalida, cuestionó el hecho de que los detenidos no tuviesen cautelares “más duras” como por ejemplo la prisión preventiva. “Yo creo que acá todavía tenemos muchos jueces que son demasiado garantistas, que se tipificó un tipo penal precisamente para que no ocurriera esto, que hubiese impunidad. Entonces, al final si quieren interpretar las normas en base a principios garantistas, todo el trabajo que hace el Ministerio del Interior, que hace Carabineros, que hace la PDI, no va a ser efectivo porque el final estas personas van a poder volver a cometer delitos, y ahí sí que no se van a poder salvar de las sanciones que establece la Ley Antibarricadas y Antisaqueos”, aseveró. 

Medidas proporcionales

Desde la Defensoría Penal Pública, la jefa regional Inés Rojas, tuvo una impresión diametralmente diferente a la del parlamentario. En relación al trabajo de la entidad durante estos primeros días de marzo sostuvo que efectivamente se había incrementado, pero ya lo tenían coordinado. “Es un nuevo escenario que implica un mayor trabajo y mayor coordinación, pero estábamos preparados para enfrentarlo”, aseguró. 

Respecto a las detenciones y a las medidas cautelares que se han impuesto por parte de los tribunales de garantía tanto de La Serena como de Coquimbo, Rojas indicó que se ajustaban a los delitos que se estaban imputando. “Estamos hablando fundamentalmente de desórdenes públicos, que no ameritan una medida cautelar tan intensa. Aquí no hemos tenido hechos tan graves que sostengan esa cautelar y se han aplicado las que corresponden de acuerdo al ordenamiento legal”, puntualizó. 

En cuanto a las personas detenidas por la Ley Antibarricadas, la defensora llamó a que no se pensara que con esta nueva normativa necesariamente todos los imputados iban a quedar con la cautelar más gravosa. “Esta ley tiene aparejada una pena especial, pero no necesariamente tiene aparejada una cautelar mayor. Estas medidas tienen que ser proporcionales a los hechos investigados, tiene que tenerse en cuenta la posible pena que puede tener la persona, etc… La prisión preventiva tiene que ser la última medida que se imponga cuando sea absolutamente imprescindible para los fines del procedimiento”, enfatizó Inés Rojas. 

Tiempo al tiempo

El diputado Matías Walker no cuestionó la decisión de los tribunales en relación de aplicar otras medidas cautelares a los detenidos y aseguró que todavía era “muy temprano” para evaluar los resultados, por ejemplo, de la llamada Ley Antibarricadas. “Si hay condenas mayores las vamos a ver después de un eventual juicio oral, por ahora sólo son las cautelares, y lo que determina el juez se basa en que probablemente las personas no tenían antecedentes. Ahora, hay que ver también si el Ministerio Público pidió la prisión preventiva, porque si no la pide es muy difícil que el juez la conceda”, manifestó el legislador por la zona.