Confirman que no hay marcha atrás en decisión de pasar colegios a particulares

El 30 de junio próximo se cumple el plazo para que los colegios particulares subvencionados informen a sus apoderados y al ministerio de Educación su decisión de si pasarán a ser particulares pagados durante el 2018, en el marco de la Ley de Inclusión Escolar impulsada por el gobierno que involucra el fin al lucro, la selección y el copago.

Son en total 13 los establecimientos de la región los que tomaron esta determinación, 9 de La Serena y Coquimbo, 2 de Ovalle y dos jardines infantiles.

De hecho, ya durante las últimas semanas los recintos educacionales han estado informando a los apoderados sobre los costos que tendrán los aranceles y lo que implicará este proceso. A raíz de esto surgió el movimiento Elqui Despierta, encabezado por la apoderada del colegio Gerónimo Rendic, María Paz Aliaga, que el sábado pasado ya realizó una marcha solicitando extender el plazo para que se concrete esta medida.

En entrevista con Radio Mistral, Aliaga explicó las razones que los llevaron a emprender esta tarea que ha despertado la esperanza de quienes deberán asumir este costo. Para ello tomó contacto con otros movimientos del mismo tenor que se están desarrollando en las regiones de Antofagasta y Atacama, que enfrentan la misma situación.

"Animé a los papás a que armáramos un movimiento en base a esto, entendiendo que muchos sostenedores están dispuestos a esperar un poco en cuanto a si pasan o no a particulares si es que nosotros logramos que el ministerio y el gobierno nos de esta prórroga de 3 años para que partan los colegios a ser pagados”.

La motivación principal, agrega la apoderada, es que al conocer los valores que serán cobrados, muchos apoderados han decidido retirar a sus alumnos toda vez que no cuentan con los recursos para cancelar los montos que comenzarán a regir. “En estos minutos tenemos a niños de los distintos colegios, que están saliendo y todavía ni siquiera es mitad de año. Otros tantos más se van a ir antes del segundo semestre y es una pena”, puntualiza.

El problema, agrega, es encontrar disponibilidad en otros establecimientos de las mismas características, pues asegura que prácticamente son nulos. En el caso de la educación municipal, dice, tienen sus dudas pues en este momento no hay recintos que ostenten similitud en los proyectos de enseñanza. “Lo que nosotros queremos es tener las mismas garantías, quién no quiere algo gratuito, si a mí me dicen que otro colegio me va a entregar las mismas garantías que el que tú estás actualmente, perfecto y llevo a mi hija para allá, pero esas condiciones no están en este minuto”, asegura.

Por el momento, precisa, entienden que los sostenedores tienen que realizar la tramitación antes de fin de mes para cumplir con los plazos establecidos en la normativa, pero indica que seguirán presionando para ver si logran algún cambio al mes de diciembre. “Los colegios tienen que seguir con sus plazos, los que estipula el ministerio de Educación, nosotros no les vamos a pedir que esperen porque si no les va a caer el infierno encima, lo que nosotros vamos a jugárnosla es para que de aquí a fin de año tratar de que por lo menos se de esta prórroga y en muchos sostenedores ya está la voluntad de que si nosotros logramos este objetivo, ellos también se aplazan”.

El sábado pasado marchó el movimiento denominado “Elqui Despierta”

SECREDUC: ES INVIABLE

Consultamos al seremi de Educación, Pedro Esparza, si la solicitud de estos apoderados podría tener cabida y si existe alguna posibilidad de acoger este aplazamiento por 3 años, no obstante, la autoridad fue categórica en señalar que es altamente improbable, dado que ya se ha accedido con anterioridad a extender los plazos.

“Yo en verdad, sin ánimo de polemizar, me preguntaría saber si esa solicitud es más de los apoderados o de los sostenedores. Esta ley fue aprobada en junio de 2015 y si alguien decía que faltaba algún grado de flexibilidad, durante el presente año, en el mes de enero, se aprobó una Ley Miscelánea que precisamente introdujo mayores flexibilidades, por lo tanto, seguir dilatando esta situación en verdad no tiene mayor sustento ni perspectiva”, enfatizó.

En este sentido, agregó que “ya hubo la flexibilización que corresponde, la Presidenta de la República hace una par de semanas hizo una intervención en tal sentido, también los hizo la propia ministra, por lo tanto hasta ahora yo no observo ninguna señal de que uno pudiese interpretar que pueda haber un mayor plazo al respecto”, recalcó.

La única posibilidad, precisó Esparza, es que sean los sostenedores los que den pie atrás con su decisión de ser particulares pagados, esperanza que mantienen, dice, pues a la fecha sólo 1 de los 9 que han hecho el anuncio han efectuado el trámite oficial en el ministerio.

“Nosotros si tomamos como referencia a la prensa, tenemos un número de alrededor de 13 establecimientos, de los cuáles dos son jardines infantiles, hasta el momento solamente 1 ha formalizado el trámite frente a nosotros. Lo entendemos positivamente en términos de que todavía están haciendo el análisis. La unidad de apoyo a los sostenedores la semana pasada tuvo reunión con algunos de estos sostenedores y, por lo tanto, la conversación aun habiendo diferencias, por lo menos de nuestra parte va a seguir disponible y vigente todas las veces que sea necesario”.

“La esperanza de los apoderados puede pasar por que finalmente el sostenedor se retracte. Legalmente puede hacerlo, aunque le haya avisado a los apoderados, de hecho, ya tenemos casos, el año pasado un sostenedor nos había dicho que iba a ser particular pagado y después a los dos o tres meses se retractó. Esa posibilidad está”.

Esparza deja abierta otra opción. Consultado respecto a si quienes informen que serán particulares pagados al 30 de junio podrían retractarse antes de diciembre, manifestó que “es poco probable, pero legalmente es factible”.

COLEGIOS NO DAN PIE ATRÁS

El Día tomó contacto con los establecimientos que pasarán a ser particulares pagados el 2018, en los cuáles se ha ratificado que se mantendrán en esta idea de cambio.

“Nosotros lo confirmamos definitivamente, la primera semana de abril se le informó a los apoderados y ya la semana pasada se les comunicó de los aranceles. Nos adelantamos, porque no sacábamos nada con esperar tanto, es peor”, indicó Claudio Rodríguez, director del Colegio Gerónimo Rendic.

Reconoció que efectivamente aún no dan cuenta oficialmente al Mineduc. “Ahí hay otra cosa burocrática que hacer, hay una serie de documentos legales y en eso estamos, el martes o miércoles se entregará la documentación oficial”.

Rodríguez detalló que finalmente el arancel fijado para el 2018 será de $170 mil mensual más el costo de la matrícula. No obstante, indicó que se entregarán algunas flexibilidades, por ejemplo, para quienes tengan hermanos estudiando en el mismo recinto y a quienes cursarán cuarto medio.

En el caso de becas, especificó que “confiamos en que demanda tenemos, porque hay mucha gente que está interesada en entrar, pero esperaremos al 2018 cuando estemos ya funcionando para ver la opción de ofrecer mayores descuentos y también alguna posibilidad de beca, pero para ahora, el 2018, no las tenemos consideradas”.

En relación a esta opción que deja entrever el seremi de que algunos establecimientos puedan arrepentirse de la determinación, el director señala que “la decisión aquí se tomó desde que se publicó la ley, se analizó y se ha venido conversando con los apoderados. Más allá de un tema de propiedad, aquí hay un tema de un proyecto propio de un grupo de profesores que lo quieren conservar con la autonomía que siempre han tenido, acá está el tema de querer hacer una gestión como la que ha venido haciendo el colegio durante tantos años y vemos que con esta ley simplemente se pierde autonomía en la gestión administrativa, pero también en la gestión de lo que es la disciplina, porque hay mucha interferencia”.

El Colegio Gerónimo Rendic es uno de los que pasara a ser particular pagado

y asegura que la decisión está confirmada.

Así también lo confirmó Marta Velásquez, directora del Colegio San José de La Serena, quien es más radical en su opinión respecto de este cambio. “No es una decisión sino una imposición. No vamos “a ser” colegio particular pagado, sino que nos vemos obligados a continuar sin subvención con recursos fiscales, sólo con los recursos de las familias. La subvención constituye recursos de los ciudadanos, no de los funcionarios de gobierno y, por decisión perversa y extremista del gobierno, se arrebatarán el próximo año 2018 a quienes realmente beneficiaban, las familias que con su esfuerzo y trabajo querían a este colegio para sus hijos”, recalcó.

Respecto de los aranceles, indicó que “se ha estimado, luego de un riguroso estudio, que para mantener lo que significa este colegio para la comunidad, no podrá ser menos de $ 130.000 mensuales”. En cuanto a la posibilidad de becas y beneficios, expresó que “es normal establecer unas reglas generales de condiciones económicas y contemplar situaciones excepcionales”.

Sobre si existe alguna posibilidad de que reconsideren esta decisión, Velásquez manifestó que “no, porque no han cambiado ni derogado las disposiciones transitorias de la Ley 20.845”.

Por su parte, Gastón Godoy, director del colegio Cervantes de La Serena, indicó que “es una decisión total y absolutamente definitiva” y explicó que ya durante el 2016 hicieron todo un proceso de concientización de lo que significaba la nueva reforma y el cambio a particular pagado. “El 2017 en 3 oportunidades nos reunimos con los padres y apoderados informando de la decisión. Estuvimos dos años generando conciencia de la privatización de este colegio y lo que para ellos significaría el cambio de régimen”.

En cuanto al arancel, se fijó en $135 mil mensuales. En este caso no involucra becas y beneficios, sería el mismo costo desde prekinder a cuarto medio. “Sin perjuicio de ello los alumnos que ahora están en tercero medio que pasan a cuarto medio el 2018 por única vez tendrán un arancel diferenciado”, especificó.

Para esta semana, el día 28, planean ingresar a la seremía la carpeta con toda la documentación que acredita el cambio de financiamiento.

En el Colegio Los Carrera de Coquimbo, en tanto, su directora, Carmelina Reyes, manifestó que “Hasta hoy está absolutamente confirmada la decisión”, lo que ya fue informado a los apoderados y al ministerio.

Los valores serán de $130 mil pesos mensuales además del costo de la matricula que ascendería a $140 mil. Habrá también beneficios para los que tienen más hermanos y situaciones que se planteen “y que sean dignas de considerar, se evaluarán caso a caso”.

En el caso del Colegio Andrés Bello de La Serena, pasarán a tener la condición de particular pagado sus recintos Pampa y Centro. En este caso, también los valores fueron informados a los apoderados en una reunión. El Día intentó tomar contacto con el rector, no obstante éste no fue posible.

Sin embargo, en su página web informan que la cuota de escolaridad será de $160.000 y que “se considera el pago, por alumno, de 10 cuotas del valor antes señalado”. Esto más una cuota inicial (matrícula) de $200.000. “Al valor individual de la Cuota Inicial le serán agregados los costos de un Seguro Anual  de Accidentes Escolares y la Agenda Escolar 2018. Por esta razón, el valor individual de la Cuota Inicial, se incrementa en $30.000”, puntualiza.

También a través de la prensa y su página web han confirmado que pasarán a ser particulares pagados los colegios Saint Mary School El Milagro y Coquimbo. El Día tomó contacto con el establecimiento ubicado en la capital regional, sin embargo, se indicó de parte de los sostenedores que por el momento no van a emitir declaraciones respecto de este proceso y que más adelante se pondrán en contacto para dar a conocer la información.

Tampoco se obtuvo resultados en el Colegio del Alba, en Coquimbo, el último de los recintos que figura en esta lista.

El Colegio San José ha sido uno de los más críticos de esta Ley de Inclusión

MIGRACIÓN Y CUPOS

En la totalidad de los establecimientos encuestados por este medio se indicó que efectivamente tras esta decisión han existido apoderados que han optado por retirar a sus alumnos.

Se está dando entonces el fenómeno de la migración que se esperaba, pero no son menos los apoderados que han planteado sus cuestionamientos respecto de la falta de cupos que existiría en la conurbación y de la incertidumbre que hay en este sentido.

Al respecto, el seremi de Educación, Pedro Esparza, reconoce que se está generando este escenario, pero advierte que “Yo veo una complicación más que nada en término de las percepciones. Todos más o menos saben que los establecimientos que tiene la Corporación Municipal acá en La Serena hay varios que tienen infraestructura que pueden tener deficiencias, pero que se pueden corregir y se pueden subsanar. Pero hay infraestructura disponible, hay capacidad ociosa disponible”, enfatiza.

“Pero los apoderados nos dicen que no solamente se requiere de infraestructura y estamos completamente de acuerdo, pero este es un tema que vengo conversando ya hace algunos meses con la Corporación y vamos a entrar precisamente al tema de la infraestructura y está la opción de acceder a recursos para mejorar sustancialmente las condiciones de estos establecimientos”, recalca.

Señala además que han puesto mucho énfasis en el tema de que en varios de estos establecimientos están pendientes los concursos de directores “y tiene la opción la Corporación de elegir un buen director, que lidere un buen proyecto educativo, que le de otra cara a ese establecimiento y que sea una opción interesante para aquellos apoderados que no puedan seguir pagando”.

Ante la consulta de si puede asegurar que no van a faltar los cupos para que los alumnos que se retiren de estos nuevos establecimientos particulares pagados tengan donde irse, Esparza responde que “no van a faltar, vamos a hacer todos los esfuerzos. Por lo menos acá hay dos proyectos educativos que son importantes del mundo público municipal, que son el colegio José Manuel Balmaceda y Gregorio Cordovez y creo que hay varios otros que pueden ir adquiriendo esas características”.

En cuanto a posibles vacantes en los establecimientos particulares subvencionados que ahora serán corporaciones, precisó que “habitualmente en el mundo particular subvencionado están con los cupos prácticamente cubiertos, pueden haber también cupos, pero sería irresponsable de mi parte decir que ahí puede haber una migración masiva y todos van a encontrar matrícula. Pero podría ser un segmento en el  mundo particular subvencionado y otro del mundo público municipal, pero haciendo nosotros los esfuerzos para que estén en mejores condiciones de infraestructura y de proyecto educativo”.

SEREMI DE EDUCACIÓN “SE DIERON TODAS LAS FLEXIBILIDADES”

En relación a los cuestionamientos que han surgido de parte de los padres y los propios sostenedores respecto de la puesta en marcha de esta Ley de Inclusión, Pedro Esparza indica que “yo hago el llamado a los apoderados a que lo vean desde esa perspectiva. Están todas las condiciones dadas para hacer un tránsito muy paulatino, ordenado, sin mayores sobresaltos y donde efectivamente se pueda mantener en el mundo particular subvencionado aquellos proyectos educativos que son positivos”.

De hecho, dice, en el camino se han ido realizando acciones importantes en esta línea. Una de ellas, explica, es que la nueva sociedad sin fines de lucro le va a adquirir el inmueble a la actual sociedad comercial.

“Para eso existe la opción de un crédito de carácter bancario que tiene la garantía de parte de Corfo. Ese crédito además tiene una garantía de un 100%, cuando habitualmente es de un 70%”.

La misma ley, explica, establece un plazo que puede ser hasta de 25 años “y de la misma subvención que comienza a recibir la persona jurídica sin fines de lucro, siempre y cuando no se exceda de un 25%, se va pagando este crédito que va a ser con tasas bastante razonables. Si un sostenedor o una sociedad nos dice que durante todo este tiempo han estado trabajando, que tiene un patrimonio, que no lo puede perder, nosotros le decimos sí, ok, la persona jurídica que surge les va a comprar a ellos e incluso establecimos la forma de cómo le puede comprar, por lo tanto, aquello está garantizado”.

La normativa establece el pago de 110 Unidades de Fomento (UF) como topo por alumno para adquirir los inmuebles. “Pero si el tasador dice que la propiedad vale más todavía que las 110 UF, Corfo simplemente lo que tiene que hacer es consultar a la Dirección de Presupuesto y, si están los argumentos, habrá que pagar más. Pero en establecimientos de 1.500 alumnos estos montos pueden superar los 4 mil millones de pesos, en el caso de 900 cerca de 3 mil, que no son montos menores”.

De esta forma, recalca, “no hay una pérdida patrimonial, es más, algunos pueden decir si, pero me van a comprar según el avalúo fiscal, no es así, se hace una tasación de carácter comercial. Esa tasación la lleva adelante un perito, un tasador, nombrado por el banco. Es cierto que existe la posibilidad de impugnar tanto de parte de Corfo como del propio sostenedor y ahí habría que ir a dirimir a través de un tercer tasador, pero la percepción y la disposición que existe es que la mayoría de las tasaciones que se realicen van a ser aprobadas por parte de Corfo, no hay ninguna mala disposición al respecto”.

En el caso de los que arriendan, quienes hagan el trámite de pasar a ser persona jurídica sin fines de lucro antes del 30 de junio, tendrán la opción de extender el alquiler desde el 2023 como estaba establecido hasta ahora, hasta el 2027, medida que también se fijó a través de la ley miscelánea aprobada en enero.

“Por lo tanto, si alguien nos pide flexibilidad, extender plazos, lo hemos hecho a través precisamente de esta Ley Miscelánea, están todas las condiciones y por eso es que hay una importante cantidad de sostenedores que están realizando los trámites".

Para quienes han dicho que no ha existido información, el seremi sostiene que una vez aprobada la normativa en junio de 2015 se puso a disposición la Unidad de Apoyo a Sostenedores, integrada por dos abogados “que estuvieron durante todo este tiempo absolutamente a disposición de los sostenedores, conversaron con ellos varias veces, recorrieron la región, prácticamente con una cobertura de un 99% y aquellos que no se habían atendido era simplemente porque no habían querido. Nosotros sabemos que esto es complejo, no lo voy a desconocer, pero es tan complejo como necesario para dar un salto importante dentro de nuestro sistema escolar”.

Finalmente, manifiesta Esparza que si los sostenedores están en edad laboral, perfectamente pueden seguir trabajando en el mismo proyecto “por lo tanto reciben el recurso que corresponde de acuerdo a sus años de esfuerzo, con sueldos a nivel de mercado, no hay ningún tope de parte nuestro”, enfatizó.