Imputado por loteos brujos admite sus delitos ante el tribunal

Sin duda fue la noticia que marcó la semana en la región. El caso de los “loteos brujos” se tomó la agenda desde el día martes en un proceso judicial que venía generando expectativas, pero que sin embargo, fue condicionado por la serie de errores de los intervinientes, sumado a la renuncia de una de las imputadas a su defensa, lo que llevó a suspender el inicio de los alegatos durante dos días seguidos. 

Finalmente todo se subsanó el jueves 27 cuando las magistrados Paola Cortés, María Inés Devoto (presidenta de sala) y Victoria Gallardo dieron curso a la lectura del auto de apertura, la acusación fiscal, las acusaciones particulares y las demandas civiles. 

Debido a la cantidad de intervinientes, y de víctimas que llegan casi a las 100 –contando sólo a las que llegaron a la instancia de  juicio oral- este procedimiento se extendió durante horas y ocupó la primera jornada en su totalidad. 

Imputado no se guarda nada 

Las audiencias tanto del viernes como la de ayer sábado se focalizaron en el relato y las posteriores preguntas a uno de los tres imputados en el caso. El socio de la empresa Parcons Propiedades, Juan Miranda Carmona, quien renunció a su derecho a guardar silencio para prestar declaración, algo que ya había anunciado tanto él, cuando conversó en exclusiva con Diario El Día, como también por su defensora Pía Bustos. 

Subió al estrado algo nervioso y narró cómo conoció a Ximena Burdiles, con quien formó la sociedad y con quien también sostuvo una relación extramarital, y detalló cómo era el modus operandi y las funciones de cada uno en la empresa. 

Básicamente, Miranda admitió su participación y responsabilidad en el loteo irregular, y algunos hechos relacionados con la estafa. No hubo pronunciamiento respecto de la asociación ilícita. 

En todo momento aseguró que pese a ser socio y dueño de un 50% de la empresa, no manejaba dineros ni tenía participación en los temas administrativos. Incluso, aseveró que en su momento decidió retirarse de la sociedad cuando vio los problemas que se estaban generando. 

Un trabajo de terreno

El imputado señaló que su trabajo desde el primer momento se había limitado a las labores de terreno. Es decir, la subdivisión, pavimentación, construcción de pozos de extracción de agua, y en algunos casos la labor de electrificación de los terrenos que eran segmentados ilegalmente y luego vendidos.

Reconoció que estaba en conocimiento de que se estaba loteando al margen de la ley, pero refirió que pensaba que en algún momento lo iban a poder regularizar, ya que, según dijo, su intención no era defraudar a nadie. 

El imputado relató que sí fue el nexo entre algunos de quienes les vendieron los terrenos a Parcons Propiedades, pero después el tema de la venta lo seguía Burdiles junto al otro imputado como cómplice, el abogado Flavio Gómez, quienes, según Miranda, se encargaban de las finanzas y la administración en general. De hecho, afirmó que durante todo el tiempo en que fue socio de Ximena Burdiles, no recibió rendición de cuentas, ni tampoco se quedaba con la mitad de las ganancias al tener la mitad de la empresa, sino que mantenía un salario cercano a los 4 millones de pesos mensuales. 

Planos falsos

Respecto a la forma de operar, ratificó lo que fue presentado en las acusaciones. Es decir, esta empresa primero comparaba terrenos de uso agrícola ofreciendo un precio mucho mayor al del avalúo real de cada uno de ellos. Pagaban una parte y luego firmaban prórrogas, o utilizaban otro tipo de artilugios para no terminar de cancelar los montos totales adeudados, pero sí obtenían las escrituras que los hacían figurar como dueños. 

El negocio estaba en la venta de los terrenos para uso habitacional, loteando cada sitio por menos de lo permitido llegando a subdividir en mil metros cuadrados y vendiendo cada subdivisión en hasta 16 millones de pesos, sin decirle a los compradores que los inmuebles en algunos casos tenían órdenes de embargo, hipotecas, y sobre todo, que no estaban autorizados para urbanizar por tanto no podrían inscribir sus propiedades. A sabiendas de todo esto, engañaron a la gente. 

Pero, ¿cómo lograban persuadir a los compradores? Para darle una apariencia de legalidad al negocio, se manejaban poniendo publicidad en medios tradicionales e incluso contaban con una oficina en el centro de La Serena. Existía también un equipo de vendedores comisionistas. 

Cuando un cliente llegaba para ver in situ el terreno, además, se encontraba con un sitio loteado muy ordenadamente y en vías de urbanización. De hecho, la promesa de compra era que podrían contar con agua y electricidad una vez que construyeran su vivienda. Era una oferta demasiado tentadora. 

El engaño comenzaba desde el primer momento, ya que a los compradores se les exhibía un plano ilegal elaborado por un topógrafo que trabajaba con Juan Miranda, según él mismo reconoció, y el verdadero plano, el que contaba con autorización del SAG solo para uso agrícola, no se mostraba jamás. 

¿Una atenuante?

Tras las declaraciones de Miranda, la defensora Penal Pública, Pía Bustos representante de este imputado expresó que precisamente, la defensa se basa en la colaboración del acusado para poder obtener algún beneficio en una eventual condena. “Él va a seguir colaborando durante el proceso a fin de dar claridad de cómo se fueron concadenando los hechos desde el año 2012 hasta el año 2015. Él reconoció la compra que hizo la sociedad Parcons respecto de distintos inmuebles de La Serena y Coquimbo, inmuebles que estaban fuera del radio urbano del tribunal, y también reconoció el hecho de que tanto él como su socia, la señora Burdiles, subdividían estos inmuebles que eran de destino agrícola en lotes de una cabida inferior a los 5 mil metros cuadrados, generalmente de mil metros cuadrados, para luego ponerlos a la venta al público, ofreciéndolos como especies de cuerpo cierto, sin embargo, lo que se transferían eran derechos”, indicó Bustos, agregando que, con la declaración, en concreto, Miranda estaba reconociendo dos delitos. “Él admite el delito de loteo irregular y algunos delitos de estafa. No todos, porque en algunos casos él no era dueño del inmueble que se vendió y que finalmente se loteó, pero en términos generales la postura ha sido colaborar y de esta manera obtener una condena que nos permita el cumplimiento de la misma en un régimen de libertad”. 

Un largo camino legal

Cabe señalar que este caso se remonta al 2013, cuando la empresa Parcons Propiedades comenzó a operar en la región hasta el 2016, cuando se realizaron las primeras acciones judiciales que han recorrido un largo camino para llegar a la instancia del juicio oral iniciado el jueves. Claro, según consigna el abogado querellante y que representa a la mayoría de las víctimas, Ramiro Moya,  “estas personas siempre recurrieron a artilugios para no comparecer incluso presentando certificados médicos falsos. Hasta recursos de amparo presentaron, pero afortunadamente se decretó la prisión preventiva. Después ellos apelaron, y quedaron con otras cautelares, pero en definitiva esto ha posibilitado que se esté realizando  juicio”, sostuvo el profesional.  

Investigación de la Fiscalía

Quienes representan al Ministerio Público en este juicio son el persecutor Rodrigo Céspedes, en los casos de La Serena, y Yocelyn Weisser de Coquimbo. Consultados desde la Fiscalía indicaron que el litigio podría extenderse hasta por 66 días hábiles, según sus cálculos.  Respecto a la cantidad de víctimas, precisaron que la cifra bordearía las 200 personas y que fueron defraudadas en un total aproximado de $2.500 millones, un monto que ha crecido de acuerdo a lo que se ha consignado durante el proceso llegando a $4.000 millones.

Además del delito de estafa, para el ente persecutor los acusados cometieron el delito reiterado de loteos irregulares, que consistiría en formar poblaciones en zonas rurales sin contar con autorizaciones legales, realizando actos de urbanización como es la apertura de caminos, instalación de postes de alumbrado, y suministro de agua que no es apta para consumo humano.  

Por estos ilícitos, están solicitando penas que van desde los 5 años y podrían llegar hasta los 22 años de presidio, “en forma diferenciada de acuerdo a la participación en los hechos de cada uno de los tres imputados y según se pueda acreditar ante los jueces”. 

Distintas responsabilidades 

Para el abogado Ramiro Moya, además de la estafa y los loteos irregulares, aquí también cabría el delito de asociación ilícita. “Aquí hubo una organización, donde existía un líder, y otras personas con funciones determinadas dentro de la organización que estaba determinada y agrupada para cometer acciones ilícitas, por tanto, en mi acusación yo sumé este tercer delito”, puntualizó. 

Sin embargo, aclara, las responsabilidades serían diferentes. En esa línea, dice Moya, Ximena Burdiles sería la que está en peor posición. “Por los tres delitos, ella estaría arriesgando 25 años”, indica. Respecto a Juan Miranda,  y el abogado Flavio Gómez, el tercer imputado, las penas serían menores. “Esto se explica porque Juan Miranda ha reconocido en el estrado la comisión de algunos delitos y ha colaborado sustancialmente en la investigación, y por otro lado, lo de Gómez tiene otra connotación”, explicó. 

Lo que viene

Para mañana lunes a las 08:30 de la mañana en la sala 1 del Tribunal Oral, se tiene contemplado que continúe el juicio oral, con las declaraciones de los testigos, y, aparentemente también podría subir al estrado a entregar su testimonio el imputado como cómplice de los hechos, quien habría prestado la asesoría legal a la sociedad, el abogado Flavio Gómez.