Imputado por loteos brujos: "Asumo mis errores, pero no actué de mala fe"

Luego de dos días de postergación por una serie de errores de los intervinientes y la renuncia a su defensa que efectuó una de las imputadas, finalmente se dio inicio al juicio oral por el denominado caso de los “loteos brujos”, en el que se acusa a Ximena Burdiles, Juan Miranda y Flavio Gómez por los delitos reiterados de estafa, loteo y venta irregular de terrenos, además de una eventual asociación ilícita.

Los afectados serían más de 200 personas por un monto de alrededor de $2.500 millones, aunque esta cifra podrían ser mayor de acuerdo a los nuevos antecedentes de la investigación, llegando incluso a los $4.000 mil millones. 

Con normalidad

Con menos expectación y concurrencia que en los dos primeros días, a las 8:48 horas de ayer, ingresaron a la sala las juezas del caso, Paola Cortés, María Inés Devoto (presidenta) y Victoria Gallardo, esta vez, sí, con la convicción de que el proceso se llevaría a cabo, pese a que no llevaban ni un minuto sentadas cuando el abogado Daniel Bertola, defensor del imputado Flavio Gómez, informó que en cualquier momento tendría que dirigirse al Juzgado de Garantía ya que tenía una audiencia de preparación de juicio oral por otro caso. Devoto, se mostró algo sorprendida, pero no se hizo mayores problemas y expresó que cuando tuviese que salir diera aviso y realizarían un receso. 

Con el inconveniente subsanado, la magistrado dio curso a la lectura completa del Auto de Apertura y a las acusaciones, tanto de la Fiscalía como de los querellantes particulares por los seis hechos que forman parte del litigio. Se sabía de antemano que sería una jornada extensa. 

Un modus operandi reiterado

La lectura dejó al descubierto la forma en que operaba la empresa Parcons Propiedades, cuyos dueños eran los imputados Ximena Burdiles y Juan Miranda, con la colaboración del abogado Flavio Gómez. 

En total fueron seis los “hechos” que se desglosaron detalladamente y los que involucraron a unas 100 víctimas (algunos afectados no llegaron a la etapa de juicio oral). Estos hechos corresponden a las operaciones que realizó la sociedad entre el año 2013 y el 2016, comprando seis inmuebles correspondientes a terrenos agrícolas con el fin de realizar negocios de manera ilegal y en base al engaño. 

Todo habría comenzado el 13 de abril del año 2013 cuando, según el auto de apertura, los imputados contactaron a un agricultor “con poca preparación” de la localidad de Pelícana (La Serena), quien era propietario de un terreno. Le ofrecieron comprarle este inmueble en la suma de 300 millones de pesos, un monto mucho mayor al  del avalúo real del sitio, algo que desde luego hizo pensar al dueño, quien terminó cediendo ante el ofrecimiento. 

Pese a que en un principio el hombre habría tenido dudas, lograron convencerlo diciéndole que eran una empresa seria, que contaban con oficina propia y que tenían experiencia en el rubro. Así, el trato se concretó con el pago inicial de 20 millones de pesos al contado. El resto sería cancelado en cuotas mensuales previamente pactadas, las que nunca se pagaron, hasta el día de hoy. 

Al darse cuenta la víctima, volvieron a engañarlo logrando que se firmara una prórroga, y posteriormente le realizaron depósitos por montos muy menores a lo pactado. Pese a la insistencia de este señor, nunca más pudo comunicarse con sus estafadores y hoy es uno de los querellantes en el juicio. 

A la venta

Con esta propiedad obtenida bajo engaño, iniciaron el negocio. Se saltaron todas las leyes que imposibilitaban sus fines y pese a que el terreno sólo podía ser utilizado para la agricultura por encontrarse fuera del radio urbano, quedando estrictamente prohibido el cambio de uso de suelo, esta sociedad hizo subdivisiones al margen de la Ley General de Urbanismo y Construcción, loteando sitios de menos de 1000 metros cuadrados para venderlos con fines habitacionales. 

Sin ningún tipo de permiso, implementaron calles, pasajes y áreas verdes formando “una población ilegal” en el sector, a la cual hicieron publicidad logrando vender 56 sitios cuyo precio era menor al de mercado, entre 7 y 10 millones de pesos. Lo que no le informaban a las personas era que sólo les estaban cediendo un porcentaje de los derechos del total del terreno, y no entregándoles el inmueble para su propiedad, no pudiendo construir sus tan anheladas casas, algo de lo que los clientes sólo se enteraban una vez que ya habían firmado los contratos y cancelado el dinero, cuando iban a inscribir la propiedad al conservador de Bienes Raíces. 

Lucrativo negocio

Con el éxito que tuvieron en esta operación, decidieron seguir con el lucrativo negocio en El Romero; Nueva Vida, Santa Filomena y Pan de Azúcar, siempre con el mismo modus operandi comprando terrenos agrícolas que posteriormente no pagaban para luego venderlos con fines habitacionales. De acuerdo a la lectura, era el abogado asesor de Ximena Burdiles, quien también a sabiendas de que estaban operando al margen de la ley, el encargado de darle soporte jurídico a todos los documentos de compra y venta. 

Se encargaba además de redactar unilateralmente escritos en los que los habitantes de las comunidades que iban formando, le cedían el derecho a él de realizar todo tipo de tramitaciones respecto de los loteos, siendo una especie de administrador auto designado. 

Los delitos y penas

Tras la lectura de la acusación fiscal, acusaciones particulares y demandas civiles –que buscan indemnizar a los afectados- se solicitaron las penas respectivas por los delitos de estafas reiteradas, loteo irregular y eventualmente por asociación ilícita. 

Cabe señalar que Ximena Burdiles y Juan Miranda están imputados como autores de los ilícitos, mientras que el abogado Flavio Gómez está en calidad de cómplice de los hechos. 

Los acusados arriesgan penas que van desde los cinco a los 25 años. Aquello se resolverá durante los próximos dos meses, que es lo que se tiene contemplado duraría el juicio 

Fiscalía preparada

Desde el Ministerio Público la Fiscal Yocelyn Weisser  valoró el que finalmente el juicio comenzara y se pudiesen llevar a cabo las acusaciones, pero aseguró que el retraso no influía para nada en el proceso final. “Nosotros desde hace mucho que tenemos todos nuestros medios de prueba ofrecidos, este retraso tiene que ver con temas de querellantes y defensas que a la Fiscalía no nos afectan para nada”, aseveró. 

Respecto de los imputados y de las atenuantes que podría tener Juan Miranda, por haber admitido algunos delitos y haber prestado “colaboración sustancial con la investigación”, Weisser expresó que esto se vería en el transcurso del juicio. “La colaboración o no colaboración sustancial tiene que darse dentro del juicio, así que nosotros esperamos poder probar todos los hechos por los que estamos acusando sea o no con la colaboración el imputado Juan Miranda”, precisó. 

Relato de un imputado

Pese a que todavía no ha prestado declaración en el tribunal, el imputado Juan Miranda Carmona accedió a hablar en exclusiva con Diario El Día. Asume su responsabilidad por los “errores” cometidos, pero asegura que nunca hubo mala fe en su accionar y por eso dice estar colaborando con la investigación.

“Desde un principio yo he estado cooperando en un 100% para que el tema se esclarezca y para que no queden dudas en los jueces cómo se hizo el tema de la empresa (…) Estoy siendo lo más transparente posible, para que esto lo sepa todo el mundo. Cómo fue el tema de los derechos… Voy a dar la cara y si soy culpable, los jueces lo dictarán”, expresó. 

Agregó que cuando él subdividió los terrenos era una práctica normal en la región. “Todos lo hacían. Porque la cesión de derechos, se va a la Notaría, se inscribe en el Conservador y después de cinco años se podía inscribir en Bienes Nacionales”, indicó. 

Respecto a su participación en la sociedad, explica que él sólo se dedicaba al tema práctico de la subdivisión de los terrenos. “Yo trabajo en el tema de movimiento de tierras y por eso hacía los proyectos en terreno. Esa era mi labor, y admito mis errores. Por eso pasé 20 meses en prisión preventiva, lo que fue bien duro porque yo nunca había tenido alguna causa, ni menos preso por algo. Fue muy traumático para mí”, sostiene. 

Asegura que dejó la empresa en el 2015, pero como la sociedad no se disolvió y Burdiles habría seguido operando, se le atribuyen casos en los que él no estaba. “Yo me empecé a dar cuenta de algunas cosas y me fui. No quería estar involucrado en algo así, pero pasó y tengo que asumir mis culpas”, puntualizó el imputado quien probablemente suba hoy al estrado a entregar su testimonio, buscando atenuantes que puedan servir para bajar las penas que arriesga por los tres delitos que se le imputan.