Informes posteriores develan trauma por violación en caso que la Fiscalía archivó

Con el paso de los días, las semanas, el dolor debiese haber amainado, pero ha pasado todo lo contario. En la casa de Anaís Godoy (16), en Vicuña, la tristeza y la impotencia van en aumento a medida que se conocen nuevos antecedentes. 

Sus padres, y hermanos están convencidos de que la justicia podría haber hecho algo más. Por ello hoy, y pese a estar destruidos en lo emocional están en medio de una lucha para que el caso, que en su momento fue archivado de manera provisional, se reabra y el presunto responsable de lo que le ocurrió a su hija sea investigado y sometido a un proceso judicial. 

Hechos que marcan

Fue la tarde del domingo 28 de junio cuando la joven se quitó la vida. ¿La razones? Una depresión que la persiguió por años luego de ser víctima de violación el 18 de septiembre del 2018 en la Pampilla de San Isidro. El supuesto autor era un sujeto con el cual ella mantenía una amistad, quien, según el relato de la denunciante ante el Ministerio Público, la llevó hasta un cerro cercano y la agredió sexualmente. 

Posteriormente vinieron las amenazas. El individuo le habría dicho que si hablaba con alguien de lo ocurrido, él lo negaría, y diría que se trató de un hecho consentido. Por ese entonces Anaís tenía 14 años. Tuvo vergüenza y sobre todo miedo. Esto, porque su victimario, de por entonces 23 años, mantiene un amplio prontuario policial y condenas por delitos violentos. De hecho, a la fecha se encuentra cumpliendo una pena efectiva recluido en un recinto penal. 

Rompiendo el silencio

Un mes duró el silencio. El 18 de octubre del 2018 la madre de la adolescente, Cecilia Vergara, concurrió a la PDI, según consta en un documento reservado al que tuvo acceso Diario El Día en el transcurso de esta investigación periodística. De acuerdo a lo consignado por la Bicrim (Brigada de Investigación Criminal) de Vicuña, Cecilia, ese mismo día a las 09:30 de la mañana recibió un llamado telefónico desde el Colegio Antonio Varas de esa ciudad, donde Anaís cursaba primero medio. La profesora jefa de su hija le informaba que “había comentado de un problema”, y que debían comunicárselo de manera presencial dada la gravedad de éste. 

Al llegar al recinto, la madre se entrevistó con Anaís, y ella le relato lo sucedido. Es decir, el mismo día, en el lapso de unas horas tuvo que revivir su experiencia dos veces, algo que hoy reclama su familia y sus representantes. “En estos casos el protocolo es claro, y tiene que ver con que cuando el colegio toma conocimiento de un hecho de esta naturaleza deben ser ellos mismos los que hagan la denuncia ante la PDI, de inmediato. Obviamente dar aviso a la familia, pero no hacer que ella deba revictimizarse”, indica una de sus abogadas, María Belén Rojas. 

Cabe consignar que el colegio ha expresado su dolor y ha puesto todos los antecedentes ante la superintendencia de Educación, para colaborar con la investigación en caso de que  se requiera. 

Carpeta investigativa "incompleta"

La denuncia fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, y se inició una investigación, sin embargo, no obtuvieron resultados y el caso se archivó provisionalmente en el mes de mayo del 2019, siete meses después de haberse iniciado. Pero, ¿qué hizo el Ministerio Público en el contexto de las indagatorias? Esta es la interrogante que se plantean en la familia de Anaís Godoy, ya que para ellos, “el asunto fue tomado muy a la ligera. Simplemente no le creyeron”, dice su prima Ángela Ramírez, quien ha asumido la vocería en representación de los padres que todavía no están preparados para hablar. 

La abogada María Belén Rojas, frente a esta falta de certeza y tal como consignó diario El Día en su edición del 3 de julio, solicitó la carpeta investigativa, la que le fue entregada la semana pasada y le dejó más dudas que certezas, tanto así que volvieron a pedirla, porque tienen la “duda razonable” de que no se les haya entregado de manera íntegra. De no ser así, y que efectivamente sólo se haya realizado por parte del Ministerio Público lo que allí se señala en cuanto a las diligencias investigativas, “sería bastante preocupante”, sostiene Rojas.

Ello, porque no se da cuenta de nada diferente de lo que ya se tenía conocimiento, es decir, sólo hubo una entrevista con la víctima, y luego de ello, al no existir más antecedentes archivaron el caso. “Pedimos que se revisara si es que se nos envió todo el material, porque nos preocupa el hecho de que no se entrevistaran a testigos, no se recabaran testimonios de los cercanos a la joven, de que no existan antecedentes de pericias psicológicas del Servicio Médico Legal. Según la información de la carpeta, y lo que nos refiere la familia esto nunca se realizó, por eso queremos ver qué nos dice la Fiscalía respecto a esto”, enfatizó Rojas. 

Diligencias que no se hicieron

Otro de los puntos que llama la atención que no esté en la carpeta es la constancia de la notificación a la familia respecto del archivo provisional de la causa. Aquello, porque los padres de Anaís han referido públicamente –a través su sobrina Ángela- que nunca fueron informados que se había dejado de investigar. De hecho, cuando la adolescente fallece pensaban que las diligencias continuaban, pese a que les llamaba la atención que durante tanto tiempo no se pusieran en contacto con ellos. 

Ángela reafirma que nunca se enteraron de nada, y pone el acento en otra situación que le parece “irregular”, de acuerdo a lo que ha conversado con los abogados. Ésta tiene relación con una indicación interna que emanó por parte de URAVIT (Unidad de Atención a Víctimas y Testigos) del ente persecutor que consta en uno de los informes reservados a los que tuvo acceso este medio. El documento, que data del 24 de octubre del 2018, consigna en su hoja final: “Se solicita a Fiscalía agilizar la toma de declaración y hora el SML (Servicio Médico Legal)”. 

Respecto a lo primero, y según consta en otro documento de Fiscalía, sí ocurrió. Anaís Godoy entregó su testimonio en las dependencias del edificio ubicado en calle Gabriela Mistral Número 44, en Vicuña, a las 16:30 de la tarde, acompañada de su madre. 

Pero en relación a la segunda indicación -su concurrencia al Servicio Médico Legal- no se habría producido. “Esto nunca se llevó a cabo. No hubo tales diligencias y eso es lo que queremos dejar claro nosotros como familia. Así como no hubo aviso del archivo provisional, tampoco llamaron a mi prima ni a mis tíos para que Anaís fuera al SML en algún momento”, relata Ángela Ramírez. 

La atención que habría recibido, de acuerdo a los antecedentes que entrega la familia y los abogados de la joven, consistió en tres intervenciones de una profesional, durante el tiempo que duró la investigación.

“Eso fue todo. Vino una señora de La Serena, y de ahí la derivaron a un psicólogo, pero él dijo que mi prima estaba bien. Después la atendieron personas distintas, y ella no quiso seguir yendo por dos motivos: porque la hacían revivir lo mismo cada vez que la trataban, y además de eso, nos dijo que no le gustaba que los psicólogos fueran varones. Estas terapias al final le terminaron haciendo peor. Por eso nosotros optamos por hacer un esfuerzo y contratar a profesionales particulares, siquiatras. Ella iba y venía, tuvo malos momentos, a veces volvía a estar mal. Bueno, hasta que ocurrió lo que ocurrió”, cuenta su prima. 

Poco tiempo

La abogada Rojas detecta otra probable falencia del sistema que emana de estos informes. Tiene que ver con la toma de testimonio de la víctima, ya que la indicación de URAVIT refuerza la idea de que esta entrevista se realice lo antes posible, sin embargo, se llevó a cabo el 14 de noviembre, 20 días después de enviado el documento al Ministerio Público. Sumado a ello, precisa que la adolescente recibió el aviso en relación a que tenía que prestar declaración, la misma jornada en que concurrió donde el fiscal. “Si uno ve los informes se da cuenta que se le citó el mismo día, lo que no es lo más óptimo en estos casos.

Y además la demora fue demasiada si se tiene en cuenta que este testimonio iba a ser clave para ver cómo seguiría la investigación, porque por un lado se dice que la denuncia se haga pronto, pero si se hace pronto y se van a demorar 20 días en llamar a la víctima, creo que ese tipo de cosas no deberían pasar”, enfatizó María Belén Rojas. 

Cabe señalar que en su momento desde el Ministerio Público, hicieron sus descargos y el propio Fiscal Regional Adrián Vega, expresó que. “En este caso, atendida la demora de la denuncia, se tomó la decisión de tomarle declaración a la víctima, la cual en su relato, y sin prejuicio de otorgarle credibilidad al mismo, no daba suficientes antecedentes ni resguardo de evidencia que pudiesen acreditar el presupuesto material del delito, por eso el llamado a las familias y a las víctimas, es a hacer de inmediato las denuncias de rigor”, precisó.  

Respecto al supuesto no aviso del archivar la investigación, Vega manifestó, contrario a lo que vuelven a reclamar los abogados y la familia, que sí se había informado de acuerdo a los protocolos, mediante una carta. “Pero no podemos asegurar que hubo trazabilidad de la misma y que llegó a las manos correctas”, expresó, y aclaró que “aquí la Unidad de Víctimas y Testigos hizo una derivación a un organismo estatal gratuito para víctimas de delitos graves, la cual procuró su asistencia psicológica”.  

En esta línea el persecutor aseveró en la misma publicación del 7 de julio del 2020, que el caso puede reabrirse de acuerdo a los antecedentes que han expresado tener los abogados de Anaís, ya que sólo está archivado provisionalmente. 

"Expediente reservado"

Cuando la causa se archivó provisionalmente en mayo del 2019, Anaís continuaba con problemas psicológicos y siquiátricos graves. Diario El Día tuvo acceso a los informes realizados por el departamento de Salud Mental del Hospital de Vicuña, donde queda explicitado que la joven padecía graves trastornos producto de la agresión sexual sufrida, cuyo caso había sido archivado. 

Previa autorización de la familia, en el presente reportaje revelamos antecedentes que sustentarían la hipótesis en relación a que “el Ministerio Público debió haber realizado pericias psicológicas más exhaustivas”, tal como indica la abogada María Belén Rojas. 

En la documentación elaborada en el recinto de  salud, se consignan detalladamente dos intentos de suicidio previos por parte de la adolescente, el primero el 30 de octubre del 2019 y posteriormente el 17 de abril del 2020, en ambos casos por intoxicación con medicamentos. 

Entre los dos sucesos, la joven continúa un tratamiento, con sucesivas crisis donde manifiesta episodios de “llantos repentinos al recordar a su agresor”, y habla de uno en particular, cuando vio una foto de éste. Seguidamente, Anaís es enviada a su domicilio en medio de “un ánimo vacilante”, de acuerdo a los informes, donde también se constatan otras complejas situaciones, como el excesivo consumo de fármacos, y otras sustancias, producto de la depresión que la aquejaba y también la manera en que continuamente se auto infringía heridas en los brazos. 

El diagnóstico del equipo multidisciplinario fue categórico: Anaís tenía un estrés postraumático producto de una agresión sexual, la misma que se investigó, pero se archivó. 

De acuerdo a la documentación, eventualmente, el caso pudo haberse reabierto antes. Esto porque el 13 de mayo del año en curso, desde el Hospital de Vicuña, según se lee en uno de los informes del equipo médico, se resolvió “Informar al Juzgado de Letras y Familia (…) De acuerdo con indicaciones sugeridas por psiquiatra infanto juvenil, se envía informe solicitando antecedentes de causa judicial y derivación a centro de reparación Rukán”, consigna la documentación. 

Paradojalmente, en el último contacto que tuvo la familia de Anaís con el hospital, 19 días antes que se quitara la vida, la madre expresó que si bien siempre estaba preocupada de lo que estaba haciendo su hija, en ese momento “la veía bien, de mejor ánimo y sin crisis”. No sabía lo que venía. La muerte llegó de manera inesperada para todos, menos para Anaís quien planeó su final, dejando una carta de despedida en la que asegura que los cuidará desde el cielo y, refiriéndose a su agresor, expresa que “todo es culpa de él”. 

"Se pudo hacer más"

María Belén Rojas, la abogada de la familia de Anaís, y Ángela Ramírez, su prima, están convencidas de que se pudo hacer más. Consideran que una pericia psicológica exhaustiva como las que se hicieron posteriormente en el hospital eran el camino para darle crédito al relato de la adolescente, “pero optaron por no creerle”, dice Ángela. 

Por su parte, Rojas manifiesta que con estos informes, y con una serie de audios que ya están en su poder, lo más probable es que el caso se reabra. Eso sí, manifiesta que se requiere que el sistema “empiece a funcionar de mejor forma para que  casos como los de Anaís, como los de Ámbar, que hemos visto en estos meses no se repitan. Aquí han fallado muchas cosas. Las mujeres que son abusadas todavía están sin una protección real porque el sistema no está tratando con una perspectiva de género estas situaciones”, esgrimió, a la espera de que la Fiscalía dé respuesta respecto a si la carpeta que les fue entregada, estaban o no todos los antecedentes. 

Ministerio público

Nos volvimos a poner en contacto con el Ministerio Público y les hicimos las mismas preguntas que a estas alturas tiene la familia de Anaís y gran parte de la comunidad, respecto a las diligencias que realizaron y las que no antes de archivar provisionalmente el caso. En ese sentido manifestaron que no ahondarían en el tema ya que podrían existir noticias en los próximos días en relación a una reapertura. “La carpeta aún está en estudio para evaluar su reapertura, podría haber novedades en los próximos días (…) Y en razón a las apreciaciones de las abogadas no las comentaremos. Esto debido a que las diligencias son reservadas para terceros”, sostuvieron desde la Fiscalía.