Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
La violenta pelea del martes en Punta Teatinos entre trabajadores del sindicato de Pescadores de Caleta San Pedro y supuestos “macheros” no autorizados, puso otra vez sobre la mesa la problemática que se vive en el Área de Manejo donde la sobreexplotación del recurso se sigue agravando debido al accionar de estas personas que no adhieren a la normativa de Sernapesca, y sacan indiscriminadamente el molusco, sin respetar los horarios ni cuotas máximas. Se estima que llegan a las 800 toneladas anuales con ganancias que alcanzan los $2000 millones provocando una enorme merma económica para los establecidos, ya que venden más barato y cantidades superiores.

La tensión entre los pescadores y mariscadores de Caleta San Pedro, y quienes trabajan ilegalmente en el sector ha llegado a niveles peligrosos, y lo ocurrido la mañana del día martes es un ejemplo de ello. 

Muchos aseguran que “se veía venir”, ya que las discusiones son cosa de todos los días, sin embargo nadie esperó que se alcanzara tanta violencia. Según cuentan protagonistas de los hechos, la situación se produjo cuando un grupo de trabajadores del mar pertenecientes al sindicato reclamaron a  personas que estaban extrayendo el recurso macha de manera ilegal en la playa de Punta Teatinos. Éstos habrían respondido con fuerza y en ese momento comenzó el enfrentamiento donde incluso se habla de utilización de armas de fuego. 

Finalmente, los más afectados fueron los habitantes de la “toma” o campamento que está instalado en el lugar –quienes son acusados de practicar la extracción ilegal-, ya que los pescadores y mariscadores más violentos las emprendieron en contra de una familia quemándoles sus cosas y parte de la construcción en la que habitaban.

Así lo asegura Stalin Castillo, quien relata que la gente del lugar ni siquiera se dedica a sacar machas, pero “la gente que está en el gremio se cree dueña de la playa y más encima nos culpa a nosotros, cuando todos saben que los que sacan el recurso para venderlo son personas que vienen de otros lados, de Las Compañías, de Tierras Blancas, no los que estamos aquí. Si alguien llega a sacar, lo hace en una cantidad muy mínima y por alimentación”, asegura. 

Por lo mismo, estas personas, particularmente Elizabeth Avilés, quien asegura que sólo estaba acampando y que nada tiene que ver con lo que sus atacantes le imputaban, ya presentó una denuncia por agresiones. “Lo que más me dolió es que ni siquiera tuvieron cuidado con mi hijo, que es un niño y pusieron en riesgo su vida”, precisó ayer, cuando llegamos al sector. 

Sobrepasados 

Como en todos los casos, existen dos versiones. Darío Zambra, presidente del sindicato de pescadores de Caleta San Pedro, si bien no justifica la violencia que se suscitó, asegura que todo responde a los robos indiscriminados de macha de los cuales son víctimas desde hace años, por parte de mariscadores ilegales que, según él, sí serían las personas que se encuentran en la toma, junto a otros que vienen desde diferentes puntos de la región.

“Esto es toda una organización, las mujeres que están ahí, por ejemplo, son las que desconchan, otros se meten a sacar la macha, otros se la llevan, la venden, etc…”, precisa Zambra. 

Un problema de larga data

Pero, ¿quiénes son los ilegales y por qué algunos pueden extraer el recurso y otros no? Ocurre que el sector de Punta de Teatinos hasta Caleta San Pedro corresponde a un Área de Manejo, protegida y dónde se puede realizar la extracción de machas con fines comerciales sólo con permiso de Sernapesca. Algunos cuentan con esta autorización y deben regirse por el reglamento, pudiendo trabajar en determinados horarios y con una cuota máxima de extracción, mientras que quienes no cuentan con ningún tipo de permiso sacan el recurso a destajo, sin ningún límite. 

Todo se remonta al 2007, cuando ante la sobreexplotación de las machas, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) decidió decretar la veda en dos regiones del país, Los Lagos y Coquimbo, prohibiendo su extracción, procesamiento, transporte y comercialización. 

Pero quedaron las denominadas Áreas de Manejo, que en la región son ocho, entre ellas Peñuelas A y B donde entra Caleta San Pedro, en las que los pescadores artesanales organizados pueden trabajar el molusco respetando determinados requerimientos y cuotas, tal como lo hace el sindicato que preside Darío Zambra. Esto, para evitar la extracción indiscriminada.

En el 2016 se realizó una evaluación para ver si se podía levantar la veda, pero el escenario no era tan alentador como se preveía. Según estudios, en las últimas tres décadas el recurso disminuyó en un 70% y de los 48 bancos de macha que existían en el país en 1980 sólo quedaban 14. 

No había otra opción, y se determinó mantener las restricciones que existen en la actualidad, pero los ilegales no la han respetado, ni pretenden hacerlo, según indica Zambra. “Nosotros conocemos a estas personas, sabemos quiénes son, muchos de ellos se dedicaban a esto antes de que se decretara el área de manejo, y no quisieron adecuarse a estas nuevos parámetros, querían extraer indiscriminadamente al margen de la ley. No les gusta la reglamentación, porque es mucho más lucrativo sacar y sacar, pero van a exterminar el recurso si siguen así”, lamenta. 

Pérdidas irreparables

Los pescadores artesanales establecidos, aseguran que la práctica de los ilegales genera un tremendo daño económico y también a la sustentabilidad del recurso. “Nosotros no dejamos depredado un sector, ellos sí. No respetan talla, porque se están llevando una macha de 3 centímetros que son los posibles reproductores, pero ellos barren con todo. Eso es lo que más nos duele”, expresó. 

Respecto a las pérdidas en lo comercial Zambra, insistió en que para la gente del sindicato, la extracción ilegal es devastadora.

“Ellos ganan mucho dinero, no les interesa ganar lo que ganamos nosotros con las cuotas que tenemos. Con su sistema pueden llegar a ganar hasta 200 mil pesos diarios cada uno porque finalmente sacan más, hasta dos toneladas al día en total, y lo venden más barato. Esto genera que los comerciantes de los restoranes les compren a ellos y no a nosotros. Aquí en Coquimbo, en el terminal, toda la macha que se vende es de ellos, nosotros ya hemos tenido que empezar a vender hacia afuera, a la Región de Valparaíso, Santiago porque acá no se puede vender con esa competencia desleal”, explica. 

Piden mayor fiscalización 

Paulo Ávalos, gerente de la cooperativa de la Planta Procesadora de los pescadores, exige una mayor fiscalización por parte de las autoridades.

“Aquí se tiene que hacer un trabajo más fuerte por parte de Sernapesca, la autoridad marítima, todos, porque están exterminando el recurso y acabando con la fuente laboral de los pescadores que respetan el área de manejo. Nosotros antes vendíamos en verano hasta 30 kilos, y ahora los mismos restoranes compran 5 kilos y venden lo mismo. Entonces queda claro de dónde están sacando la macha, por eso que hay que fiscalizar también a quienes venden porque es toda una cadena, desde el que la extrae hasta el que la vende”, indicó Ávalos. 

Sernapesca en alerta

Desde el gremio de pescadores y mariscadores, emplazan a Sernapesca. Consultada, la directora regional de la entidad Cecilia Solís, admitió que el problema se viene dando desde hace muchos años y que es difícil de abordar.

“Lo que quiero decir con esto es que hay muchas aristas involucradas. Nosotros fiscalizamos, pero el sector es muy amplio y en muchas ocasiones esta gente anda armada, y no podemos exponer a nuestra gente a algún peligro en particular, por eso que siempre requerimos la colaboración de la Armada y de otras instituciones, porque este tema acarrea otras situaciones que son de seguridad”, expresó. 

Pero estas complejidades no implican que dejen de hacer controles. De hecho, Solís asegura que el pasado 24 de enero lograron detener a una persona que sería líder de una banda dedicada a la extracción ilegal de machas.

“Este procedimiento lo hicimos con la Armada, la detención la hacen ellos, pero nosotros presentamos una querella correspondiente para que el tema se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Esta persona tiene una condena previa por lo que estaría arriesgando penas de cárcel”, sostuvo la directora de Sernapesca. 

Vendedores en la mira

Según Cecilia Solís, las fiscalizaciones no sólo se realizarían en el sector costero, y los locales donde se consume el molusco también están en la mira. Por lo mismo, los dueños de los recintos deben tener en su poder los documentos necesarios para acreditar el origen legal de las machas. De lo contrario arriesgan multas que van desde las 30 a las 300 UTM, más la clausura del local por hasta 30 días. 

La Armada está trabajando

El capitán de Puerto de Coquimbo, René Moraga sostuvo que el problema debía abordarse entre todos, ya que ellos veían el tema playas, pero existen labores que tienen que ver con la extracción ilegal que se realizan fuera de este rango. “La problemática nos lleva a todos a trabajar, porque hay jurisdicciones distintas. Por un lado está la playa, pero por otra parte tenemos asentamientos de personas. Entonces, la mirada tiene que ser global”, enfatizó. 

De todos modos, aseveró que por parte de la Armada, están patrullando constantemente utilizando el helicóptero institucional, lo que sirve como medida disuasiva ya que estos sujetos se van del sector cuando sienten su sonido. 

¿Soluciones?

 Respecto a soluciones en el corto plazo, no existen. Por lo pronto, sólo se espera que la justicia actúe y existan medidas ejemplificadoras que amedrenten a las personas que cometen este ilícito antes que suceda lo que todos temen: que la sobreexplotación sea tan grande que finalmente el banco de machas desaparezca tal como ocurrió en gran parte del país. 

 

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