Más de 2 mil tragamonedas de la región podrían quedar sin funcionar

Se les puede encontrar en los almacenes de barrio, panaderías y en los últimos años en grandes locales comerciales emplazados en pleno centro neurálgico de las ciudades. Pese a que las máquinas de juego denominadas comúnmente como “tragamonedas” han sido cuestionadas por el nivel de adicción que puedan generar (ludopatía) o porque se les relaciona con el consumo de alcohol y drogas (lo que es negado tajantemente por el gremio que las agrupa), además del efecto económico que podrían tener en las familias de menores ingresos, han proliferado de manera explosiva, para algunos sin control aparente, entre vacíos legales y la falta de una regulación clara.

Y la región no está ajena a este fenómeno. Según un catastro publicado en julio de 2016 (el último que existe), por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), desarrollado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, son 1.988 las tragamonedas que existen en la zona, distribuidas en 51 salas de juego.

No obstante y considerando que la metodología para elaborar el catastro incluyó a las 87 ciudades con mayor población del país, quedando en este rango solo Coquimbo, Ovalle y La Serena, pueden ser muchas más si se agregara las que existen en otras comunas del territorio.

Asimismo, para el análisis el estudio definió como “salas de máquinas de juego” a aquellos locales comerciales con patente registrada para este fin en su respectiva municipalidad y que llevan a cabo la prestación de esta actividad como giro principal, sin importar el número de máquinas o el tipo. Esta definición excluye locales comerciales conocidos como “almacenes de barrio” que pudieran tener máquinas de juego, pero que no constituyen su giro principal, por lo cual se estima que el número podría ser incluso más considerable.

COQUIMBO Y OVALLE LIDERAN

Coquimbo es una de las comunas que lidera a nivel nacional en esta materia, lo que llama la atención dado que en esta ciudad precisamente existe un casino de juegos. En la ciudad puerto, de acuerdo al estudio fueron catastradas 1.128 unidades, en 39 locales.

También destaca en cuanto a los locales de mayor tamaño, ocupando el tercer lugar a nivel país con un recinto que alberga 175 de ellas.

Le sigue la ciudad de Ovalle, donde también existe un casino de juegos. En la capital del Limarí existirían 851 máquinas, en 11 salas. También destaca por contar con los locales más grandes a nivel país, con dos de ellos, uno de 155 y otro de 138 máquinas.

En La Serena, en tanto, la realidad sería diametralmente opuesta a la de sus pares, pues es de las comunas con menos presencia en Chile, con solo 9 unidades, en 1 sala de juegos.

¿REGULARLAS O PROHIBIRLAS?

La discusión sobre si debe existir una normativa que controle la proliferación de estas máquinas siempre ha estado presente, pero ahora ha resurgido con más fuerza.

Para entender la trama que se ha suscitado en torno a este tema hay que hacer un poco de historia. En el 2013 en el Congreso cuatro senadores (Ximena Rincón, Fulvio Rossi, Carlos Bianchi y Jaime Quintana) ingresaron un proyecto de Ley que buscaba su regulación.

El 20 de agosto de este año la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del de la Cámara Alta, aprobó la idea de legislar en esta línea.

Sin embargo, en el camino algo cambió. Sólo días después los parlamentarios rectificaron su postura.  La senadora Ximena Rincón intervino en la sala para decir que “a pesar de que yo firmé el otro proyecto, y que sostenía que era necesario regular, hoy creo que es necesario prohibir”.

Lo propio hizo Carlos Bianchi, quien recordó que hace un tiempo ya había presentado otro proyecto para prohibir esta actividad.

De esta forma, los senadores acogieron la moción de devolverlo a la comisión, con el objetivo de fusionarlo con otros proyectos que buscan eliminar esta actividad fuera de los casinos.

Por otra parte, la senadora UDI Luz Ebensperger, planteó que el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, la notificó que la intención del Ejecutivo ahora era prohibirlas. “El ministro Blumel nos señaló que el gobierno va a mandar probablemente un proyecto o una indicación en ese sentido”, dijo la parlamentaria gremialista.

Un hecho que puede haber sido clave en este cambio fue el ocurrido el 22 de agosto (solo 2 días después que se aprobar la idea de legislar). Ese día las oficinas de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (FIDEN), que agrupa a los propietarios de estas máquinas, fueron allanadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI por instrucción de la Fiscalía Oriente.

Ésta última estaría indagando un presunto lavado de activos que incluiría al menos cohecho como delito base. Este trámite incluyó el allanamiento de los domicilios de los directivos del gremio y de dos de sus lobistas principales: Pablo Zalaquett y Francisco Leiva, ex Superintendente de Casinos y que ahora estaría apoyando a esta agrupación.

Con todo, el tema ahora es que el escenario ha cambiado y al parecer la intención tanto en el poder Legislativo como el Ejecutivo sería la opción de prohibirlas definitivamente, lo que pondría en jaque la operación de las más de 2 mil máquinas que se encuentran en funcionamiento en la Región de Coquimbo y las 33 mil que se estima que existen en todo el país.

Trascendió que durante estos días el ejecutivo presentaría esta indicación, aunque aún no existe un comunicado oficial al respecto. Sin embargo, el propio vocero de la Fiden, Ramón Sepúlveda reconoce que al parecer si se apunta a ese escenario. “Nosotros entendemos ahora que el gobierno ya no está por la regulación, en base a lo que salió en la prensa, sino que más bien está por la prohibición. No lo ha dicho directamente, pero claramente hoy día el discurso ya no está orientado hacia la regulación, sino que a la prohibición”.

¿QUIÉN REGULA?

El problema de las máquinas tragamonedas es que no existe a la fecha una regulación clara.

Consultados por El Día, desde la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) explican que de acuerdo a la ley N°19.995, a ellos les corresponde supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y técnicas para la instalación, administración y explotación de los casinos de juego que operen en el país.

“En este contexto, es útil precisar que las funciones y atribuciones fiscalizadoras del organismo se dirigen a las sociedades operadoras  que cuentan con un permiso de operación legalmente otorgado al amparo del citado cuerpo legal”.

No obstante, aclaran que, sin perjuicio de todo lo anterior, atendido el monopolio legal en un radio de 70 kilómetros que detenta cada una de las sociedades operadoras autorizadas por la SCJ  es su deber “poner en conocimiento de los organismos pertinentes los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento para que éstos ejerzan a su vez las facultades fiscalizadoras que les sean propias”, por lo cual han presentado diversos antecedentes al Ministerio Público, relacionados a locales clandestinos o páginas web que funcionan al margen del marco regulatorio y que podrían eventualmente constituir delito.

Recalcan que, por ley, en nuestro ordenamiento jurídico la explotación de juegos de azar es, por regla general una actividad ilícita “salvo que una Ley expresamente los autorice para ser practicada y explotada comercialmente como es el caso de los casinos de juego, la hípica, la Lotería, y la Polla Chilena de Beneficencia”. Por lo tanto, la explotación de máquinas de azar fuera de los casinos regulados es ilegal y debe restringirse por razones de orden público.

Con todo ello, la responsabilidad de otorgar los permisos recae en los municipios. Pero ahí surge una primera dificultad, porque son éstos los que “tienen la responsabilidad de verificar que éstas no sean de azar y por ende la certeza de que corresponden exclusivamente a máquinas de habilidad y/o destreza”.

Desde la SCJ plantean que durante este tiempo se han dado a la tarea de orientarlos en cuanto a éstos lineamientos. En este contexto, la Contraloría General de la República, con fecha 23 de diciembre de 2016, emitió el Dictamen N°92.308, el que establece el actual procedimiento al que deben sujetarse todos los municipios del país a fin de determinar si una máquina de juego es o no de azar, al momento de otorgar una patente comercial.

El dictamen señala, entre otros aspectos, que para resolver si se está ante un juego de azar, las casas edilicias deben considerar necesariamente el Catálogo de Juegos de la Superintendencia y en caso de dudas, debe consultarse con ellos.

Pero ¿Cómo se explica que hayan proliferado de tal forma si existen estas trabas y la tramitación es tan engorrosa?

La explicación que existe de la SCJ es que, en este momento hay locales con máquinas electrónicas que se explotan al margen de una patente comercial y otras que funcionan con una patente de máquinas de habilidad y destreza. 

Precisamente diferenciar cuáles son las de azar y cuáles las de destreza sería el principal problema.

OVALLE LAS QUIERE ERRADICAR

Uno de los municipios que ha liderado la lucha para erradicar estas máquinas de juego es el de Ovalle, encabezado por su alcalde, Claudio Rentería. Se le suma el alcalde de recoleta, Daniel Jadue, en la Región Metropolitana.

“Desde hace aproximadamente dos años, junto a mis funcionarios municipales, percibimos que se estaba efectuando una actividad con patentes que no correspondían al giro de los respectivos negocios”, expresa el edil quien agrega que por ello realizaron una fiscalización donde se corrobora esta información “por lo que posteriormente realizamos una denuncia al Juzgado de Policía Local de Ovalle. En esa oportunidad, todos los recintos fueron sancionados y todas esas sentencias -sin excepción- fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones de La Serena”.

Increíblemente y pese a que según el catastro publicado por la SCJ señala que en la capital limarina existirían 851 máquinas, en 11 salas (sin contar las que no fueron incluidas), Rentería afirma que como municipio nunca las han autorizado.

“No se ha autorizado ni se autorizará ningún recinto de este tipo. Sin embargo, es importante precisar que el municipio no se puede negar a otorgar patentes a los vecinos, quienes deben cumplir con el giro comercial que se indica en la patente”.

Respecto cómo se explica su proliferación, la autoridad comunal recalca que se ha efectuado una fiscalización y clausurado los locales. “Sin embargo, sus propietarios han roto los sellos, que es una nueva demostración de que están al margen de toda norma y no respetan los decretos de clausura. Así han seguido funcionando”.

Por este motivo, agrega, es que nuevamente fueron denunciados por este hecho al Juzgado de Policía Local y sancionados “donde la Corte de Apelaciones -nuevamente- ratificó cada una de esas causas, pues hubo un verdadero desacato a la autoridad administrativa. Dado estos antecedentes presentamos una querella criminal por juego ilegal y por otras figuras que contempla el Código Penal, con el objetivo, precisamente, que se les sancione penalmente”.

Cuenta que esta lucha ha traigo consigo que han debido enfrentar diversos procesos judiciales, en los que han demandado, así como también han sido demandados.

“Tenemos juicios en tribunales civiles, acciones en Corte de Apelaciones, reclamos de ilegalidad, presentaciones ante el Tribunal Constitucional y en general, todas confirman que la tesis del municipio es correcta. Son muchos los procesos legales que hemos liderado y hoy lo concreto es que el municipio tiene certeza que nuestra tesis fue correcta y que fuimos precursores para diagnosticar el problema”.

Con el tiempo, sostiene que los hechos han ratificado que hicieron un buen diagnóstico de lo que estaba ocurriendo “y hoy hemos visto en televisión y en distintos medios de comunicación, que esta es una actividad que se ha producido al margen de toda regulación, en distintas comunas de Chile”

En la actualidad continúan con la acción penal ante el Ministerio Público “con el objetivo que se investiguen los presuntos delitos que se están cometiendo con el ejercicio de esta actividad. Por lo tanto seguiremos dando esta lucha hasta lograr la completa erradicación de este tipo de recintos en la ciudad de Ovalle”.

En todo este proceso, manifiesta el edil, incluso han recibido presiones de los denominados “lobistas”. “Hemos tenido una posición única y firme, sin aceptar presiones de ninguna naturaleza. Pese a ello, han aparecido personas como Pablo Zalaquett, quien vino a mi oficina. No comprendo, porque en su ejercicio de alcalde también combatió la existencia de estos recintos y hoy haga lobby para que el alcalde busque alternativas para poder autorizar el su funcionamiento. Le señalé que no me parecía correcto lo que estaba haciendo y no entramos en detalles mayores”.