Más de 50 amenazas de muerte y 30 agresiones físicas acusan gendarmes de La Serena

Para hacer saber su molestia por el accionar del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue que este martes los funcionarios de Gendarmería de las distintas cárceles del país realizaron un “cartelazo”.

La Región de Coquimbo no fue la excepción. A partir de las 08:00 de la mañana, los trabajadores dieron inicio a la jornada de reflexión y mostraron carteles con sus consignas. Todo se desarrolló de manera totalmente pacífica y a eso de las 10:00, retomaron sus funciones diarias.

Una nueva “piedra de tope”.

Las demandas de los funcionarios, por diversos motivos, no son nuevas. La falta de personal, las aparentes precarias condiciones laborales y los extenuantes turnos en los que trabajan han sido una queja constante por parte de la institución, sobre todo de quienes trabajan en trato directo con los internos. Claro, la desproporción entre funcionario y reo sería demasiada, lo que se graficaría muy bien en la cárcel de Huachalalume, donde existen 39 (de trato directo) para 1900 reclusos.

A esta cruda realidad, durante los últimos años, se habría sumado una nueva “piedra de tope”, que estaría jugando en contra del trabajo de los uniformados y que, según aseguran, “pondría en riesgo la seguridad de los recintos penitenciarios”. Se trata del accionar del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ampararía el actuar de los refractarios del sistema al interior de las cárceles.

Así lo consigna el comunicado oficial de Anfup (Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios) que en el punto uno señala que “el trabajo del personal se ve condicionado por las denuncias manipuladas y arteras de internos avezados que se sienten protegidos por el INDH, para seguir delinquiendo”.

Según se desprende del escrito, los reos manipularían la ley a su antojo, lo que provocaría que el personal realice sus funciones de allanamientos, y otras labores de seguridad siempre con el temor a ser víctima de alguna “denuncia inventada” por algún recluso. “El personal ya no quiere realizar sus funciones normales, por miedo a ser denunciados o acusados, por parte de los internos y el INDH, lo cual pone en riesgo su fuente laboral y la vida de todos los internos enlos penales”, se lee en el punto 5 del comunicado público.

Dirigentes: “Se aprovechan de la protección”.

Jokan Garrido, secretario regional del Anfup, ratificó lo expresado en el escrito, aseverando que la situación ha ido demasiado lejos. “Hay gran cantidad de internos que en todos los procedimientos están acusando malos tratos por parte de Gendarmería, o golpes, sin tener ningún tipo de prueba. Y antes de que exista una investigación previa el Indh, denuncia, pidiendo la salida de los internos de las unidades, lo que conlleva una sanción también al personal”, manifestó el dirigente.

Garrido insiste en que los reclusos están utilizando deliberadamente al instituto, “para trasladarse de módulo, porque les basta sólo manifestar que sufrieron algún tipo de agresión, para que los saquen”, sostiene, agregando que esto facilitaría que los internos cometieran delitos al interior de los penales ya que terminarían en el lugar donde más les acomoda para ejecutar sus acciones desde dentro. “Toda esta situación termina propiciando delitos como el tráfico de drogas, o que accedan a celulares y realicen el cuento del tío, un sinfín acciones”.

Constantes agresiones a funcionarios

Claro, pese a que el dirigente expresa que la decisión, por ejemplo, de un cambio de módulo la toma la dirección de Gendarmería, necesariamente se tienen que iniciar los sumarios en cada denuncia, tiempo en el cual el recluso debe ser reubicado, y, lo peor, el funcionario investigado, según Garrido, muchas veces sin ningún asidero. “Tenemos funcionarios que han estados meses o un año sin poder ejercer sus labores, y cuando termina la investigación se determina que nunca pasó nada”, precisa.

Es más, el dirigente asegura que si se trata de agresiones, los más afectados son ellos y no los internos. “El problema es que a nosotros nadie nos protege y siempre quedamos como los malos de la película”, asevera y precisa que, respecto a las cifras, sólo en el último año en Huachalalume han recibido más de 50 amenazas de muerte y alrededor de 30 agresiones físicas.

Dirección mantiene cautela

Consultado respecto a la situación denunciada por los funcionarios, el director regional de Gendarmería, Leoncio Hidalgo, no ahondó en el tema pero refirió que le había sorprendido la manifestación. “Se produjo un pequeño retraso en el inicio de las actividades, sin embargo, más allá de eso, todo se desarrolló en calma”, precisó.

120 reos, para un gendarme sería la proporción existente en la cárcel de Huachalalume, según cifras de los dirigentes.

Agregó que el Instituto de Derechos Humanos era un organismo autónomo, por ende no podía referirse a su accionar. “Desde el plano institucional, lo único que puedo decir es que cada una de las instancias de las que tomamos conocimiento son llevadas a una investigación interna previa. Efectivamente a nivel regional hay requerimientos de información por parte del instituto, y nosotros respondemos dentro de los plazos que establece la ley”, aseveró.

Según ONG, la denuncia de los funcionarios no estaría fundamentada

Desde el Observatorio Social Penitenciario -organismo que resguarda las condiciones de vida de las personas privadas de libertad- el director ejecutivo Galo Muñoz sostuvo que lo manifestado por los funcionarios de Gendarmería no tendría asidero y que estarían equivocados en sus demandas. “Están tirando cortinas de humo respecto a lo que es su realidad. Los problemas que tienen los trabajadores en gran medida son provocados por la misma institución. Mucho se habla del déficit de gendarmes, cuando en Chile sobran, pero están mal distribuidos”, aseveró.

Descartó de plano que el Instituto de Derechos Humanos fuese garantista, como aseguran los gendarmes, es más, afirmó que eran todo lo contrario. “Todos nos regimos al alero de la ley, y si un funcionario es agredido puede iniciar un proceso”, insistió, y agregó que le parece bien que los internos realicen las denuncias también, porque durante mucho tiempo sus derechos fueron vulnerados y continuaría siéndolo. “Creo que está bien que ya no exista la ley del silencio dentro de las cárceles, pero te digo más, el Instituto no ha sido suficiente y estoy en desacuerdo total con los funcionarios de Gendarmería. Creo que el Indh es lento y burocrático en su labor”, puntualizó.

Instituto de Derechos Humanos 

Intentamos obtener la versión del Instituto de Derechos Humanos de la Región de Coquimbo. Sin embargo, no fue posible. Insistimos vía mensajes y telefónicamente contactarnos con la directora Tarcila Piña, pero no recibimos respuesta. Y al concurrir a las dependencias de la entidad, nos manifestaron que se encontraba ocupada y que se comunicaría con nosotros una vez que terminara su labor, lo que, al cierre de esta edición, no ocurrió. 4601iR