Más de 70 denuncias por abusos se han presentado en el INDH

Para este lunes estaba contemplado el arribo de la misión de observadores de los derechos humanos que, según se había anunciado, llegarían desde la ONU, para analizar las posibles vulneraciones cometidas por las fuerzas de orden y seguridad, y los militares en el contexto de la crisis social más grande que haya vivido al país durante las últimas décadas. 

Todavía no hay fecha de llegada, pero anunciaron que realizarán un trabajo reservado, sin informar a los medios de comunicación hasta que existan certezas sobre lo que ha ocurrido. Por lo pronto, se reunirán con cada una de las oficinas del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) instaladas en el país para recabar los antecedentes iniciales en relación al estado actual. 

De acuerdo a las cifras oficiales a nivel nacional entregadas por el INDH, hasta ayer se habían presentado 167 acciones judiciales por violaciones a los derechos fundamentales; 4271 ciudadanos habían sido detenidos y 1305 manifestantes habían sido atendidos en hospitales por impactos de bala durante marchas. 

Realidad regional

A nivel local, la realidad también es preocupante. Fundamentalmente porque de las 5 querellas por homicidio en contra de civiles que se han presentado en el país en el contexto de crímenes presuntamente cometidos por militares, dos ocurrieron en la zona. Se trata de los casos de Kevin Gómez Morgado (23) quien recibió un impacto de bala en las cercanías de la tienda La Polar de Coquimbo, y Romario Veloz Cortez (26) de nacionalidad ecuatoriana, quien recibió un proyectil mientras se manifestaba frente al Mall Plaza de La Serena. 

En la primera situación ya existe un funcionario militar formalizado y en prisión preventiva por el delito de homicidio, mientras que en el caso del ciudadano extranjero la investigación está en curso por parte del Ministerio Público. 

Aunque las cifras regionales todavía se están cuantificando, la  directora del INDH local, Tarcila Piña, entrega algunas cifras y realiza un balance de la labor que ha realizado la entidad que funciona desde el 2010 de manera formal. “Nunca, desde el retorno de la democracia habíamos vivido una crisis política de esta envergadura y nadie estaba preparado. Nosotros, en el contexto de un Estado de Excepción Constitucional, tenemos un rol que cobra una vital importancia, y hemos intentado estar a la altura”, clarifica. 

Asegura que desde el día sábado 19 de octubre el equipo de ha desplegado en terreno realizando una observación de las marchas para constatar cualquier irregularidad en el actuar de las fuerzas policiales y de los militares cuando estuvieron en la calle. “Hay que recordar que el derecho a manifestarse también es un derecho humano y creo que en la mayoría de los casos (salvo el lunes) se han visto marchas pacíficas y masivas”, consignó. 

Pero el trabajo no termina ahí. Durante el toque de queda también tuvieron que sacar un salvoconducto para, durante las noches una vez finalizadas las manifestaciones, recorrer los hospitales y los centros de detención. “Cuando se decretó el toque de queda para nosotros cambió el escenario, porque se restringió el derecho al tránsito de las personas que es otro derecho humano. En ese entendido, yo creo que los primeros días, sábado, domingo, lunes y martes, vivimos los momentos más complejos. Ahí constatamos la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones sociales, en el contexto de las detenciones, y nos denunciaban una cantidad importante de heridos”, sostuvo Piña.

En la misma línea, agrega que tras conocer estas situaciones se reunió con las jefaturas de los diferentes agentes del estado, para analizar la situación. “Necesitábamos que la información fluyera y fuese de manera inmediata. Por lo mismo tuvimos comunicación con el general a cargo del Estado de Excepción, para saber dónde estaba y se trasladaba a las personas que eran detenidas. La gente estaba muy asustada y se generó una situación de pánico bastante fuerte”, indica Piña. 

Trabajo colaborativo

La directora del INDH reconoce que en su labor, tuvo toda la colaboración tanto del general de Carabineros, como de la PDI, y también del ejército, ya que pese a que en un principio tuvieron dificultades para ingresar a algunos recintos hospitalarios y de detención, posteriormente les dieron todas las facilidades que requerían como instituto para hacer su labor.

“Yo creo que las dificultades se debieron más que nada al desconocimiento inicial que había de la situación, que era nueva para todos, pero posteriormente todo se regularizó y hemos podido ingresar a todos los recintos de detención de los carabineros, todas las comisarías, todos los cuarteles de la PDI y también a los centros hospitalarios”, expresó. 

Con quien también ha estado en contacto ha sido con el Fiscal Regional, Adrián Vega, para coordinar la entrega de información. En esa línea, están apoyando las querellas en contra de quienes resulten responsables por las dos personas fallecidas presuntamente en manos de fuerzas de seguridad. “Tuvimos la primera persona fallecida el día domingo. Cuando nos enteramos nos dirigimos de inmediato al hospital de La Serena. Ahí se nos confirmó la información, y se nos dice que además, en el contexto de la misma manifestación había una persona que estaba grave (…) Hicimos la contención a la familia, estuvimos acompañándolos y aprovechamos de levantar información de testigos que estuvieron allí”, relata Tarcila Piña. 

Respecto al segundo fallecido, en Coquimbo, fue desde el propio Ministerio Público que se contactaron con ella, y le entregaron todos los antecedentes. “Estos son los dos casos que tenemos en relación a personas fallecidas, que son dos y un herido grave. En ese sentido ya se presentaron las querellas correspondientes”, precisó. 

Levantando información

Pero durante los días venideros han continuado recibiendo denuncias respecto de personas heridas y diversas acciones constitutivas de vulneración de derechos. “Hemos recibido información desde distintos lugares y la estamos recopilando. Se trata de personas que han recibido lacrimógenas directamente. Muchos impactados por perdigones, otros que han sido golpeados en el contexto de la detención, y muchas mujeres que han sido desnudadas en los ingresos en las comisarías. Todas esas agresiones nosotros las hemos pesquisado, y las estamos trabajando para realizar querellas si es que corresponde”, puntualizó. 

Respecto a los números de denuncias por personas heridas,  el instituto maneja más de 70 y siguen llegando por las diversas plataformas, y en relación a las vulneraciones a mujeres en el contexto de detenciones al interior de comisarías se manejan 12 casos. Además, en los casos que están más avanzados respecto a la investigación, ya se están redactando otras querellas, que en total son 8. 

Jefe de fuerza pidió perdón

Un día antes de que se levantara el Estado de Excepción Constitucional, el General jefe de la Fuerza Nacional Jorge Morales, encargado de gestionar el estado de emergencia en la zona, concedió una entrevista exclusiva con diario El Día en la que pidió perdón por los posibles excesos que pudieron haber cometido. Además, aseguró que los militares nunca estuvieron “contra el pueblo” durante las manifestaciones.

“Hubo situaciones lamentables y yo pido perdón por eso. Obviamente que nosotros siempre estamos aprendiendo. Nosotros también cometemos errores, todos, y eso tenemos que traducirlo en experiencias que se deben canalizar, se deben profundizar y a través de esas lecciones se debe educar a nuestra gente, a los jóvenes de nuestro ejército que ha participado en este Estado de Excepción. Ellos representan la transversalidad de nuestro pueblo. Son jóvenes que ingresan llenos de esperanza, y a los que les tocó salir a patrullar por zonas sensibles, no  es fácil, porque tuvieron que ir a patrullar en muchos casos la población donde ellos mismos viven. Fíjense en la carga emocional que tiene eso”, indicó. 

Consultado en su oportunidad, respecto a si tenía palabras en particular para las familias de los dos jóvenes que murieron, sostuvo que no era aún el tiempo de hablar. “Hay una investigación en proceso que va a esclarecer las circunstancias. Pero más allá de  eso, nosotros no hacemos distingo de nadie. Yo creo que los jóvenes que fallecieron son héroes de la paz, independiente de lo que hayan estado haciendo, eso yo no lo voy a juzgar. Creo que las familias difícilmente olvidarán ese momento y nosotros nos unimos a las oraciones con ellos, porque nada justifica una muerte, y si se pudiera evitar lo hubiésemos hecho de inmediato”.